En medio de la escalada de tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá por primera vez a la Cámara alta a dar un informe de gestión. Será el próximo miércoles, a partir de las 10.
La visita de Francos está regulada por el artículo 101 de la Constitución, que deja en claro que “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. Desde que está en su cargo, sólo fue una vez a Diputados.
El aterrizaje de Francos estará cruzado por lo que ocurra el día anterior en Diputados, donde un sector de la oposición intentará conseguir el quorum y rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la deuda, una reciente norma del Ejecutivo que olvida un artículo de la ley de administración financiera relacionado con condiciones obligatorias que, ahora, quedaron desactivadas. Es clave para la Casa Rosada y el mercado sigue esto con una lupa.
La Cámara alta tiene pensado -al menos, por ahora- una sesión al día siguiente para sancionar la ley anti mafias -forma parte de la agenda de seguridad libertaria- y otros temas pendientes, aunque las observaciones del primer mandatario sobre la Vicepresidenta encendieron todas las alarmas oficialistas y empujaron sugerencias en cuanto a dejar la potencial reunión del jueves próximo en stand by.
Días atrás, el kirchnerismo buscó sin éxito a cuatro senadores de otras bancadas -que se sumaran a los 33 de su interbloque- para ir en contra del DNU sobre deuda. Si el martes ganara la oposición en Diputados y el miércoles finalizara la disertación de Francos, el oficialismo no descarta que 37 legisladores estén dispuestos a quedarse para iniciar un nuevo encuentro y anular de manera exprés dicha norma. Difícil frenar ello ya que, a fin de cuentas, el recinto es soberano.
Más allá de la especulación, que también parte desde varios despachos, lo cierto es que el jefe del kirchnerismo, José Mayans, ya deslizó la intención de exigirle al oficialismo el llamado a una reunión de Labor Parlamentaria para ir el jueves al recinto e incluir el DNU. “Si está el número, mucho no se podrá hacer”, señalaron a este medio desde La Libertad Avanza.
Detrás de todo este embrollo aparece lo principal: la plata. O, en todo caso, el Presupuesto 2025. Lo que pretenden los mandatarios es simple: cerrar el año fiscal de cada distrito -aguinaldo incluido- en paz; amortiguar el peso de las cajas previsionales no transferidas a Nación -son 13 provincias en dicha situación-; y contar con un colchón mínimo para enfrentar el período electoral local.
Este combo se tradujo en cinco puntos que reclaman desde diversas provincias. Hay uno que llamó mucho la atención del Ministerio de Economía: las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles. Los gobernadores quieren que se coparticipe todo eso. ¿Quién será el mayor beneficiado? El líder de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ocurre una cosa similar con el 1,9% con el que se financia la flamante ARCA (ex AFIP).
Otro punto es el discutido 8,1% para jubilaciones no reconocido por el Gobierno tras el fogonazo inflacionario de diciembre pasado. Cuando se discutió la ley opositora que recomponía los haberes previsionales -luego vetada por el Ejecutivo-, el oficialismo primero ofreció no hacerlo a enero, sino desde la sanción de la norma. Luego, apuntó a junio-julio como máximo. No fue aceptado y, ahora, la Casa Rosada no retomará bajo ningún punto de vista esa negociación.
En los próximos días, Francos tendrá que enviar las respuestas a las cerca de 1500 preguntas que realizaron legisladores de diferentes bancadas. El miércoles, Villarruel tiene que presidir la sesión informativa del jefe de Gabinete. En caso de no hacerlo, la reemplazará el titular provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.