Sin acuerdo con las provincias, el Gobierno abrió la puerta para debatir el Presupuesto en sesiones extraordinarias

El Gobierno no logró destrabar la discusión del Presupuesto 2025 y anunció pasado el mediodía la suspensión de la comisión en la que planeaba firmar el dictamen del proyecto. En una conferencia, en la que no aceptó preguntas de la prensa, José Luis Espert aseguró que “la voluntad del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Milei, es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener el presupuesto”.

Dado que mañana se vence el plazo para dictaminar, los libertarios también aclararon que si en las próximas semanas hay avances en las negociaciones con los gobernadores y la oposición dialoguista “evaluarán la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para su tratamiento”.

“El déficit cero no se negocia, con déficit cero todo, sin déficit cero nada”, dijo Espert y remarcó que tras dos meses de intenso trabajo todavía no se ha llegado “a un punto común que permita garantizar el déficit cero”.

Detrás de esta decisión se esconde una fuerte discusión entre la Casa Rosada y los gobernadores que por ahora no encuentra un punto de consenso, explicaron a Infobae fuentes a cargo de las negociaciones.

Esta mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió en la Casa Rosada con el estratega Santiago Caputo (“la única parte del triángulo de hierro que está en Argentina”, bromearon) y con José Luis Espert para poner en común el estado de las negociaciones con los jefes de bloque, gobernadores y líderes de la oposición. Tras ese encuentro se tomó la decisión de levantar la reunión de comisión.

Ante la consulta de Infobae, una de las espadas legislativas de los libertarios analizó el nuevo escenario y destacó que el Gobierno ahora negociará desde una posición de fuerza porque no estará limitado por los tiempos. No obstante, aclaró que la Casa Rosada quiere tener un Presupuesto aprobado ya que prorrogar por segundo año consecutivo el plan vigente no envía una buena señal al exterior en términos de institucionalidad.

“Lo que pasa es que algunos gobernadores se quieren aprovechar de la debilidad parlamentaria del Gobierno, pero no es lógico que anden presentando dictámenes propios. No es lo habitual”, detalló.

Un diputado del bloque de Miguel Ángel Pichetto también señaló que esta maniobra del oficialismo condiciona a los bloques que la semana pasada pospusieron para este jueves la sesión para reformar la ley de DNU y para rechazar el decreto 846 que le permite a Luis Caputo renegociar la deuda externa sin pasar por el Congreso. “Ahora los gobernadores no van a dar quórum porque siguen colgados con esto”, sintetizó.

Los reclamos de los gobernadores giran en torno a media docena de puntos clave. Por ejemplo, las provincias quieren dejar plasmado en el Presupuesto un cambio en las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles. Actualmente, lo recaudado por ese tributo tiene seis asignaciones específicas (destinos) entre las que se destacan obras públicas y viales, y subsidios al transporte. Pero como el Gobierno cortó los subsidios y tampoco está haciendo las obras, se queda con ese dinero y lo utiliza para mantener el equilibrio fiscal. Este punto sigue sin respuesta concreta.

Otro reclamo gira en torno al organismo que reemplazó a la AFIP, la flamante ARCA, que recibe el 1,9% de la recaudación neta total para financiarse. Si, como afirma el Gobierno, la estructura de personal fue reducida para bajar el gasto, los recursos tributarios que salen de las provincias también tienen que volver a la masa coparticipable.

Algo similar ocurre con los Aportes del Tesoro Nacional -1% de la masa coparticipable prevista por la Ley 23.548- que el Ejecutivo históricamente distribuyó a discreción, pero ahora directamente bajó casi a cero. Los gobernadores no se llevaron ninguna promesa sobre estos temas.

Las transferencias a las cajas previsionales provinciales son otro tema delicado ya que los fondos presupuestados están muy lejos de las expectativas de los gobernadores. De hecho, a modo de ejemplo, señalan que con el dinero previsto por el Poder Ejecutivo solo cubre la suma que reclama Córdoba.

Según pudo saber Infobae, el oficialismo y los dialoguistas habían intercambiado redacciones y “mejorado” la flamante regla fiscal que determina que cualquier desvío en los ingresos previstos obligará a hacer cambios proporcionales en los gastos (si se recauda menos, se recortan aún más gastos). La oposición quería que en caso de que el Estado recaude más debido a que la inflación prevista es menor a la real, se estipule de antemano a dónde irán los recursos extras. A la inversa, exigían saber de antemano dónde se recortará si la actividad y la recaudación es más baja que la proyectada.