El peronismo se encamina a dar una señal de entendimiento interno en la provincia de Buenos Aires con el recambio de autoridades en la Cámara de Diputados bonaerense, respetando el acuerdo alcanzando a finales del 2023 que establecía que alguien del PJ bonaerense -que respondiera a Máximo Kirchner y Martín Insaurralde- presidiría la Cámara baja por un año para luego hacer un “enroque” con un nombre propuesto por el Frente Renovador de Sergio Massa. Aquel pacto implicó que este año Diputados sea presidido por Alejandro Dichiara, mientras que en la vicepresidencia quedó para el massista, Alexis Guerrera; en una decisión que el Poder Ejecutivo de Axel Kicillof miró con cierta distancia, aunque pudo colocar un nombre propio.
Hasta el momento, hay acuerdo para respetar los movimientos; es decir, efectuar ese enroque de presidente y vice. La relación entre Kirchner y Massa fluye y es un hecho que el exministro de Transporte de la Nación iniciará el 2025 como presidente de la Cámara de Diputados bonaerense; pero la jugada tensiona sobre el resto de los bloques que integran el reparto de poder de una de las cámaras de la Legislatura bonaerense. Sucede que el mecanismo de recambio de autoridades implica una serie de renuncias en las vicepresidencias que actualmente están bajo el control del PRO, la UCR, el bloque Unión Renovación y Fe -libertarios dialoguistas- y el kicillofismo.
Pero según pudo saber Infobae en diferentes consultas, ningún vicepresidente renunciará al cargo si no le garantizan que volverá a ocupar ese lugar, básicamente porque las autoridades de cámara duran dos años y se discutan con cada recambio legislativo. Además de Guerrera, las vicepresidencias las tienen Adrián Urreli (PRO), Carlos “Cuto” Moreno (UP-kicillofismo), Alejandra Lordén (UCR que responde a Maxi Abad) y Fabián Luayza (libertarios dialoguistas).
Pero quien entra en juego ahora es el bloque de La Libertad Avanza, que responde a Casa Rosada, preside Agustín Romo y que durante este año protagonizó la fusión con el espacio de Patricia Bullrich y con la diputada Jazmín Carrizo -una legisladora del entorno de la diputada nacional, Carolina Piparo-, llevando su composición a 12 integrantes, convirtiéndose en la tercera fuerza detrás de Unión por la Patria y el PRO. Es un acuerdo tácito que las autoridades de Cámara se distribuyen basándose en la cantidad de integrantes.
La Libertad Avanza empieza a mostrarse activo en la dinámica legislativa. La semana pasada, Romo participó de un almuerzo junto al ministro de Economía bonaerense, Pablo López; la vicegobernadora Verónica Magario y las autoridades de los bloques Unión por la Patria, Acuerdo Cívico-UCR+GEN y Unión Renovación y Fe. Asado de por medio, el funcionario amplió lo que había sido la presentación realizada oficialmente cuando el Poder Ejecutivo envió el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva y también recepcionó algunas inquietudes. Rechazaron la invitación el PRO, la UCR y la Izquierda.
En ese encuentro también estuvo el liberal Guillermo Castello; quien días antes fue protagonista de una polémica en plena sesión cuando apuntó contra la figura del periodista asesinado por la última dictadura militar, Rodolfo Walsh, mientras se votaba un proyector para expropiar lo que había su casa en San Vicente para convertirla en museo. El legislador describió a Walsh como “terrorista”, entre otras acepciones. Sus dichos provocaron la reacción de otros bloques y se terminó votando la conformación de una comisión para evaluar el accionar de Castello por considerarlo una falta grave.
“No debe perderse de vista el panorama general y el verdadero objetivo de este intento de censura: no se trata de un ataque individual a mi persona, sino a todos los legisladores que puedan tener una posición disidente con la oficialista”, cuestionó Castello. Pese a ello, días más tarde, el legislador estuvo en la convocatoria por la negociación del Presupuesto.
En el tramo legislativo, la discusión por los lugares de conducción se da a la par de negociaciones macro y en las que el propio gobernador, Axel Kicillof, tiene sumo interés, como es el Presupuesto 2025 y -lo más importante- la Ley Fiscal Impositiva. Es una dinámica de orfebrería. El peronismo necesitará del respaldo de un sector de la oposición. Sobre todo para la Fiscal impositiva y el pedido de endeudamiento que requieren de los dos tercios de los votos. Unión por la Patria tiene 37 diputados de una cámara de 92 integrantes y 21 senadores de un total de 46.
La semana pasada, Unión por la Patria consiguió el respaldo del bloque libertario dialoguista en el Senado para aprobar los cambios en la ley jubilatoria de trabajadores del Banco Provincia, restituyendo la composición del haber en 82% y la reducción de la edad para jubilarse. La votación despertó la crítica furibunda del PRO. También se convirtió en ley el llamado RIGI bonaerense: dos proyectos girados por Kicillof.
Este jueves se convocó a un plenario de las comisiones de Presupuesto en ambas cámaras de las que participará algún funcionario del Poder Ejecutivo. El objetivo es avanzar en la constitución de acuerdos para llevar los textos al recinto en -en el mejor de los casos- antes de que termine el período ordinario.
Distintos legisladores dejan correr que la votación será en la segunda mitad de diciembre; no por el contenido de los dos proyectos en sí, sino porque hay cierta expectativa con el resto de discusiones se pueden dar en este margen temporal, como por ejemplo la reforma electoral. Un debate que se acelera atado a la implementación de la Boleta Única de Papel en el orden nacional y la decisión de Casa Rosada de eliminar las elecciones Primarias. Si bien Buenos Aires tiene su propia ley de PASO, la misma establece su convocatoria está atada a la Primaria nacional. Son distintos temas que se meten en la discusión que ya se abrió por las vicepresidencias de la Cámara de Diputados bonaerense.