El Gobierno abrió el retiro voluntario para 2.800 empleados del Ministerio de Justicia que cobran el sueldo a través de un ente privado

El Gobierno busca eliminar la “caja paralela” del Ministerio de Justicia a través de la cual se vienen pagando los sueldos de 2.800 empleados de esa cartera, desde hace cuatro décadas. Se trata del Ente Cooperador Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA), creado por una ley de 1985. ACARA nuclea a los concesionarios oficiales de autos y posee el monopolio de la venta de documentos y formularios para el patentamiento de vehículos cero km. Este “servicio” le asegura una recaudación millonaria que, en 2023, ascendió a $29.000 millones.

Por esa tarea de “intermediación” se queda con una comisión que hoy es del 3% del total de lo recaudado, luego de que esta gestión la redujera del 5%. El resto se lo gira los fondos al Ministerio de Justicia para el pago de los sueldos de más del 50% de la plantilla de personal que cumple funciones en esa cartera u otras dependencias bajo su órbita. Según los datos del INDEC de octubre pasado, los empleados de planta del Ministerio de Justicia, dentro y fuera de convenio, suman 2.023.

Los contratados por ACARA se llevan alrededor de un 40% de los fondos recaudados por ACARA. Con esa “caja” del Ente Cooperador se pagan, también, otros gastos de funcionamiento que no tienen los mismos controles que el resto de los fondos del Presupuesto asignados al Ministerio. Quien decide cómo se usan y adónde se destinan esos recursos, tercerizados a través de ACARA, no es esta entidad sino la cartera de Justicia.

El número de trabajadores contratados por ACARA superan los 2.800, según datos oficiales a abril a los que accedió Infobae. En la práctica, no son formalmente empleados de la Administración Pública Nacional (APN) sino de ese Ente, pese a que cumplen funciones en el Estado. “La idea es terminar con ACARA y, finalmente, con el sistema ruinoso para el argentino. Darle legalidad y orden laboral”, señalaron desde la cartera de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Hasta ahora, ningún ministro de Justicia anterior pudo o quiso desarmar el sistema tal cual vino funcionando estas últimas cuatro décadas. ¿Por qué? Porque permite la contratación de personal por afuera de la burocracia de la APN; el pago de “incentivos” no remunerativos a los empleados del Ministerio; y solventar otros gastos, por fuera del Presupuesto Nacional y sin pasar por los requisitos y la rendición de cuentas a las que está sometida la Administración Pública Nacional.

“Es una situación heredada fuera de control, que se convirtió en un gran problema a nivel jurídico, político y humano. Es increíble que todas las gestiones hayan hecho uso y abuso de esta modalidad durante tanto tiempo, a través de una tercerización de la administración de fondos públicos. Todo el año estuvimos viendo cómo empezar a desarmar esta galleta de la mejor forma”, afirmó una fuente de la cartera de Justicia, al tanto de la dificultad para solucionar el tema, por las implicancias para los derechos laborales de los contratados bajo esta modalidad y por el conflicto político que se abre con los gremios por los despidos de personal. “El objetivo de los retiros es comenzar a desinflar el problema”, admitió. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tienen otra mirada: “Todos estas estos meses estuvimos hablando con el Ministerio por este tema y no resolvía nunca nada. Había un negociador con los gremios que acaba de hacer de ser echado”, se quejan.

Con este propósito, el 18 de octubre, el ministro Cúneo Libarona firmó la Resolución 331/2024 en la que instruye al Ente Cooperador ACARA a implementar el Plan de Retiro Voluntario. Unos días después, llegó una comunicación oficial del Ministerio a los contratados por ACARA para acogerse a este ofrecimiento firmada por la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio, María Florencia Zicavo. El retiro estará abierto por un mes, hasta el 24 de noviembre, con la posibilidad de extenderse 15 días más. Sin embargo, hasta ahora, la adhesión vino siendo baja, ya que la propuesta ofrece el pago de una indemnización acotada y en cuotas. Según la antigüedad en el Ministerio y los años que le faltan a los contratados por ACARA para jubilarse, la propuesta va desde las 6 cuotas hasta las 18, con pagos de entre el 70% y el 100% de la última remuneración bruta, sin ningún tipo de adicionales. Los pagos mensuales serán alcanzados por los aumentos paritarios, según el texto del Anexo de la Resolcuión a la que accedió Infobae.

Según le dijeron empleados del Ministerio y fuentes gremiales a Infobae, la propuesta de retiro es “mala”, especialmente para los empleados con mayor antigüedad ya que el pago es en cuotas, hasta un tope de 16. “Quizás a los más jóvenes, les conviene. Pero hay empleados de más de 20 años contratados por ACARA, y van a recibir lo mismo que uno que entró hace poco. Es como si les siguieran pagando el sueldo un año y medio, sin ir a trabajar. No es una indemnización que recibís toda junta y que te permite hacer algo con la plata”, señaló un empleado con varios años de antigüedad con el que habló Infobae.

Desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) avizoran un frente de conflicto en el Ministerio ya que advierten que los funcionarios “están diciendo informalmente” que el 31 de diciembre se terminan las contrataciones con ACARA, por lo que “tienen” que acogerse al retiro “sí o sí”. Puntualmente, señalan a la jefa de Gabinete de Cúneo Libarona, Zicavo, que fue quien les había comunicado verbalmente en reuniones en distintos organismos esta suerte de “ultimátum”.

“Si bien, oficialmente, es un retiro voluntario firmado por el ministro, están diciendo que todos tienen que agarrarlo así como lo ofrecen, o ir a juicio, que demora seis o siete años. Y el que va a terminar pagando esos juicios es el Estado, o sea todos los ciudadanos, porque el empleador en la práctica es el Ministerio, ACARA actúa como administradora. Imaginate la plata que va a tener que pagarle el Estado a gente que trabajó 25 o 30 años bajo esa modalidad de contratación”, advirtieron desde UPCN a Infobae. Desde este sindicato reclaman que si se trata de despidos decididos por el Ministerio, “se les debe pagar a los empleados la indemnización correspondiente y no un sueldo por un año, o año y medio sin ir a trabajar”.

En ATE, el otro gremio que hay en el Ministerio históricamente más combativo, esta semana salieron a denunciar que “pretenden despedir a más de 2500 trabajadorxs. A través de un retiro ‘voluntario’, amedrentan a la planta del Ministerio a que lo acepte a cambio de un contrato precario, con pérdida de salario y renunciando a la indemnización que corresponde por ley; si no se aceptan esas condiciones, plantean la finalización del contrato sin indemnización”.

¿Qué va a pasar con aquellos empleados que no se acojan al retiro voluntario?, preguntó Infobae a fuentes de la cartera de Justicia. “Se van a evaluar las recontrataciones en función de las tareas que cumplen y de la idoneidad. Como siempre tiene que ser. Nada de que sea varón o mujer, o si me cae bien o mal. Las personas en condiciones de jubilarse, se van a jubilar. Los imprescindibles van a ser recontratados, pero ya bajo la planta del Estado”, precisaron en el Ministerio donde cada vez pisa más fuerte el segundo de Cúneo Libarona, Sebastián Amerio, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Según la propuesta oficial que circuló entre los empleados de ACARA, esos “imprescindibles” que se acojan al retiro voluntario, luego pasarán a ser personal del Ministerio de Justicia, sin que se les reconozca la antigüedad. Serán contratados con la modalidad conocida como artículo 9 por un año, aunque con un sueldo menor al que hoy cobran por ACARA. Ese tipo de contrataciones en el Estado, actualmente, viene siendo por solo 3 meses tras lo cual, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de rescindirlo para reducir el personal.

Uno de los argumentos que circuló respecto de los motivos por los que ACARA no pagaría las indemnizaciones al 100% como correspondería a un despido, y en cambio ofrece el pago en cuotas, hasta un máximo de un año y medio, es la baja que vienen sufriendo los Registros Automotores en su recaudación. Esto se debe a que el Gobierno eliminó trámites como el de la emisión de la cédula azul, y no aumentó el precio de los formularios, pese a la suba de la inflación. “Le pegamos muy duro en el negocio a ACARA. No solo le redujimos el porcentaje de la comisión que cobra como administradora, sino que estamos terminando con el negocio de los Registros, con la impresión y venta de formularios. No solo no le subimos el precio, sino que ahora estamos avanzando con la digitalización, y terminamos con el negocio de la las placas que imprimía la Casa de la Moneda”, afirmaron en el Ministerio.

Pese a esta menor recaudación, en el Ministerio confían en que gran parte de lo que ingrese al Ente Cooperador ACARA se destinará al pago mensual de los retiros voluntarios.

Según dijeron en la cartera de Justicia, la finalización de los contratos por ACARA no implicará el fin de los “incentivos” que cobran los empleados del Ministerio encuadrados en el Convenio Colectivo Sectorial SINEPdel Ministerio como un plus salarial no remunerativo, a través del Ente Cooperador de esa entidad y de otros entes como el de la Cámara del Comercio Automotor (CAC), aunque el de ACARA es el más importante en recursos.

En rechazo al Plan de Retiros Voluntarios, ATE está llevando a cabo un paro por tiempo indeterminado en la sede central del Registro Nacional Automotor, desde hace 10 días, ya que los califican de “forzosos”. “Amenazan que quien, no se acoge, queda en la calle. Hay muchos muy angustiados. Pueden estar resignando indemnizaciones importantes por un retiro que no les conviene, simplemente porque están asustados, porque les están diciendo que ACARA va a cesar como empleador”, señala un empleado del Ministerio enrolado en ese gremio, que pidió reserva de su nombre.

La medida de fuerza, llamativamente, venía pasando bastante desapercibida frente a la postura anti paro del Gobierno, hasta que el jueves pasado el Ministerio anunció en la red X que denunció ante la Justicia a los empleados afiliados a ATE “debido a que interrumpieron de forma violenta y extorsiva la prestación de servicios que brinda el Estado a los argentinos”.

En un comunicado, la cartera aseguró que “durante estos primeros once meses de gestión, este Ministerio implementó una profunda reducción en su planta de empleados para despedir a quienes no trabajaban, tenían funciones indefinidas y superpuestas, o bien, cumplían horarios reducidos sin justificación alguna”. Y precisó los números del recorte de personal que viene llevando a cabo: “Heredamos una planta de aproximadamente 7.000 empleados y en esta primera etapa despedimos a más de 1.600 empleados militantes”.

En esa línea, detallaron el ajuste que viene llevando a cabo la cartera: “Con el mismo objetivo de achicar el Estado para cuidar cada peso de los argentinos, cerramos el Ministerio de la Mujer, el INADI, 44 Centros de Acceso a la Justicia y 165 Registros Automotores. También redujimos los costos de transferencia de automotores al 1%, creamos el Legajo Único Digital y terminamos con el monopolio de la casa de la moneda en la provisión de chapas patentes y cédulas. Estos avances demuestran que la paralización impulsada por este sindicato únicamente busca proteger sus privilegios de casta, sin importarles en lo absoluto el impacto negativo que sus acciones generan en la vida cotidiana de los argentinos de bien, al impedir al Ministerio brindar los servicios que le corresponden”.

En respuesta, ATE llamó a una conferencia de prensa este martes 19, a las 10, frente a la cartera de Justicia, en Sarmiento al 300 para denunciar “despidos, extorsiones, persecución y violencia en el Ministerio de Justicia”.

“Una desvinculación como la que pretenden, en medio de persecución sindical, mensajes extorsivos y despidos resultará en el desmantelamiento de todo el organismo. Desde que anunciaron la medida ya son tres lxs trabajadores fallecidos; la violencia que están ejerciendo sobre nosotrxs no tiene antecedentes en democracia”, advirtieorn en la convocatoria para el martes. Uno de ellos - de 68 años y 30 años - falleció de un infarto a finales de septiembre, antes de que llegue la ambulancia y luego de que se detecatara que el desfibrilador que estaba en el lugar no funcionaba. Desde el sindicato lo vincularon al ambiente laboral existente y la amenaza de despidos, ya que esa mañana le habían pedido que presentara un CV.