Organizaciones sociales denunciaron a Milei ante la CIDH por una “crisis alimentaria”: la respuesta del Gobierno

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a través de su secretario general, Alejandro Gramajo, y otras organizaciones, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, al Gobierno de Javier Milei por la “destrucción de las políticas sociales”.

“Para nosotros el Gobierno de La Libertad Avanza representa un plan de miseria planificada, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria”, expresó en la audiencia Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita, la organización que lidera Emilio Pérsico.

Por su parte, el Gobierno, representado por el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, desmintió esos dichos a través de un informe de 13 páginas en el que sostuvo: “En el ámbito de la alimentación, el Ministerio de Capital Humano - a cargo de Sandra Pettovello - ha ejecutado un 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, incrementando el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar”. Y argumentó: “Estas medidas buscan cubrir la canasta básica alimentaria de niños y adolescentes, extendiendo la cobertura a más de 600.000 adolescentes previamente excluidos”.

En las tres audiencias de ayer no solo se denunció al Gobierno de La Libertad Avanza por “el desfinanciamiento y abandono de las políticas sociales”. También se discutió “las políticas de memoria, verdad y justicia” y el abandono de los programas “para erradicar la violencia de género y promover la salud reproductiva en el país”.

Fue en la primera de ellas en la que se analizó el impacto de las políticas sociales en los trabajadores de la economía popular. Allí los representantes de la UTEP, el CELS y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO), presentaron un informe “sobre la situación de los sectores más vulnerables”. Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, indicó que la pobreza aumentó un 11% en el primer semestre de 2024, mientras que la indigencia aumentó más de seis puntos. También sostuvo que “el presupuesto para políticas alimentarias sufrió una caída real del 29% respecto al año anterior, afectando gravemente a comedores y merenderos comunitarios”.

Los dirigentes también expusieron “la desfinanciación de la política de urbanización en asentamientos precarios, impactando a más de cinco millones de personas, casi la mitad de ellas niños y adolescentes”. Tania Espinoza Sánchez, de WIEGO, subrayó la necesidad de que los Estados garanticen condiciones laborales dignas para todos, advirtiendo que reducir la protección social de los sectores más bajos “constituye un acto de discriminación”.

Natalia Zarza, dirigente de la UTEP, alertó sobre “el avance del narcotráfico en los barrios más afectados por la pobreza” y Nicolás Rechanik, abogado de Unión Trabajadores de la Economía Popular, denunció “la existencia de alimentos sin entrega en galpones, incluyendo mil toneladas de leche en polvo, en un contexto donde siete de cada diez niños enfrentan problemas alimentarios”.

En tanto, Gramajo criticó “la pérdida sistemática de derechos sociales y el desacoplamiento del salario social complementario del aumento mínimo vital y móvil, congelado en 78 mil pesos, mientras que la canasta básica para una familia supera el millón de pesos”. “La gran crisis humanitaria en Argentina necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales porque el avance del narcotráfico en el territorio argentino, y también la gran tasa de suicidios que aumenta en nuestro país, son productos del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”, relató el ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández en el ex Ministerio de Desarrollo Social.

“Peluca” Gramajo, cerró su exposición solicitando a los miembros de la CIDH “que puedan visitar nuestro país para hacer algún informe sobre la grave situación que estamos viviendo, que exhorte al gobierno a cumplir con los fallos judiciales que obligan al Gobierno a distribuir alimentos a los comedores y merenderos comunitarios”.

El Gobierno, a través del Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, optó por no responder las preguntas en la audiencia, prometió hacerlo por escrito pero presentó un informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano el cual refleja la otra cara de lo expuesto por los dirigentes sociales a los que la ministra Sandra Pettovello y Javier Milei califican como “gerentes de la pobreza”.

En el documento se afirma que la administración de La Libertad Avanza, al llegar al poder, el 10 de diciembre de 2023 “se encontró con una macroeconomía devastada, con índices de inflación muy elevados y salarios golpeados por la inestabilidad” se explica que por ese motivo “las primeras medidas de esta gestión se orientaron a bajar la inflación y dar inicio a un proceso de recuperación económica, que hoy comienza a mostrar sus efectos, incluso respecto de los altos índices de pobreza, que desde el segundo trimestre de 2024, han comenzado a bajar y continúan en esa tendencia”.

Por ese motivo, continuó la argumentación: “Se priorizó la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad, desde el Ministerio de Capital Humano se tomó la decisión de desintermediar la asistencia social, ponderando, por sobre todo, las transferencias directas y restituyendo la libertad de quienes estaban cautivos de los viejos modelos asistencialistas, que no sólo no mejoraron la calidad de vida de las personas, sino que las mantuvieron en una situación de dependencia, sin brindarles las herramientas necesarias para alcanzar su autonomía y la libertad para desarrollar sus propios proyectos de vida”.

El Gobierno también sostuvo que “terminó con la intermediación” alimentaria y de programas sociales a través de cooperativas y organizaciones sociales que eran parte de la administración de Alberto Fernández. “Ahora el 86% de los recursos se transfieren directamente a las familias”, detalla el informe. Además señalaba que en diciembre de 2023, el 50% de los recursos destinados a las familias más vulnerables se distribuiría a través de intermediarios, como Unidades Ejecutoras del programa Potenciar Trabajo, comedores y cooperativas, mientras que el otro 50% se transfería directamente a las familias a través de la AUH, Alimentar y el programa 1000 Días. Para octubre de 2024, esta distribución se modificó sustancialmente, con un 86% de los recursos ejecutados mediante transferencias directas a las familias (AUH + Alimentar + 1000 Días) y solo un 14% canalizado a través de otros programas sociales.

Además, la AUH incrementó su poder de compra en un 50% desde la asunción de la nueva administración, que implementó medidas para apuntalar este ingreso. Por ejemplo, en enero de 2024 se incrementó el monto de todas las prestaciones de la AUH en un 100%. En el período diciembre 2019 - noviembre 2023, que asumió la presidencia de Alberto Fernández, el poder de compra de la AUH cayó 37%. El contraste es claro: en enero de 2024 la asignación ya había alcanzado el nivel de compra de diciembre de 2019 y desde hace tres meses tiene un poder de compra más del 20% mayor que el que tenía cuando Alberto Fernández entró al gobierno. En otras palabras, no solo se consolidó una recuperación del poder de compra de la AUH, sino que este aumentó considerablemente desde la asunción de Javier Milei en diciembre pasado.

Se implementó un cambio en la fórmula de movilidad, ajustando el valor de la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y el programa 1000 Días mensualmente según el IPC. Finalmente, se amplió el universo de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, que cubría de 0 a 14 años, y se extendió la cobertura hasta los 17 años, lo que permitió que a partir de octubre unos 500 mil adolescentes se sumaran esta prestación.

También detallaron que “a los fines de favorecer la transición hacia trabajos de mejor calidad, se eliminó la incompatibilidad del Programa Volver al Trabajo (IVA) con el empleo pleno o trabajo registrado, permitiendo que los beneficiarios puedan continuar en el mismo aun cuando registren un trabajo en relación de dependencia en el sector privado (por una relación laboral iniciada con posterioridad a su incorporación al programa), con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, se habilitó la compatibilidad con otros programas de empleo que ostentan tasas de inserción laboral deseables como el Programa de Inserción Laboral (PIL)”.

Entre otros puntos, la cartera de Pettovello describió en su informe que “con el objetivo de asistir a la población vulnerable, de fortalecer el funcionamiento de sus servicios alimentarios y/o integrales, y de brindar herramientas e instrumentos que permitan gestionar prestaciones alimentarias de calidad, es dable subrayar que la prioridad del Ministerio de Capital Humano en esta materia es clara: trabajar para garantizar que todos y cada uno de los niños y adolescentes del país tengan acceso a una nutrición adecuada”.

En consonancia con esto, el Ministerio de Capital Humano asegura que lleva ejecutado “un 82.43% del presupuesto destinado al Programa 26 de Políticas Alimentarias, lo que equivale a un total de UN BILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ARGENTINOS ($1.602) .935.825.368)”.

El documento también aborda la problemática de los comedores comunitarios, “donde se ha descubierto que más de la mitad de los registrados no existían. Actualmente, el Ministerio articula con 4.325 comedores registrados, capacitando a sus responsables para mejorar la transparencia y calidad del servicio”.

En el ámbito judicial, recuerda el texto: “El Ministerio enfrenta causas relacionadas con la interrupción del suministro de alimentos a comedores comunitarios. En una sentencia reciente, se reconoce que el Estado Nacional promueve la continuidad de los programas sociales, aunque se requiere depurar el Registro Nacional de Comedores (RENACOM) para asegurar su funcionamiento adecuado”.

Antes de finalizar la audiencia, las organizaciones sociales y políticas solicitaron a la CIDH “que exhorte al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones de no regresividad en la formulación del presupuesto anual y en la definición de políticas fiscales, para garantizar los derechos a la vivienda digna, la alimentación adecuada y la salud para las comunidades más vulnerables”. También pidieron que una delegación de la CIDH “visite el país y elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene una fecha estipulada para emitir su resolución. Tampoco son de cumplimiento obligatorio en el sentido estricto, ya que la CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sin facultades coercitivas para hacer cumplir sus decisiones. Desde enero de 2024, la CIDH se integra por Andrea Pochak (Argentina); Edgar Stuardo Ralón Orellana (Guatemala); Arif Bulkan (Guyana); Gloria Monique de Mees (Surinam); Margarette May Macaulay (Jamaica); Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá); y Julissa Mantilla Falcón (Perú). Estos comisionados desempeñan sus funciones de manera independiente y título personal, sin representar a sus países de origen.