Los detalles de la reforma electoral del Gobierno: el final de las PASO para 2025 y la eliminación de los debates presidenciales

La decisión inicial del Gobierno de incluir solo una línea que eliminara las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en el proyecto de Presupuesto se transformó, en pocos días, en la presentación de una reforma electoral mucho más amplia, que irá por fuera de la ley de leyes, en un solo documento. Esta tarde el Ejecutivo confirmó que enviará un proyecto significativamente más abarcativo, que además de suprimir definitivamente las Primarias a partir de 2025, busca reducir los aportes del Estado para el financiamiento de los partidos, recortar las ayudas para que todos exhiban con igualdad sus propuestas en los medios, y reducir la cantidad de sellos, entre otras medidas. Varias de ellas, sin embargo, empezarían a aplicarse desde los comicios presidenciales de 2027.

Buena parte de estos temas se habían intentado aprobar durante el debate de la ley Bases, pero el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás por falta de respaldo. Ahora, envalentonado por la gestión económica y los números en las encuestas, busca reflotarlo, pero con cambios. Esta versión de la reforma electoral, como adelantó Infobae, fue impulsada también por el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, que le encomendó los detalles de la redacción a su mano derecha en temas jurídicos, la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal. Incluso a pesar de las dudas de otros sectores del propio oficialismo por su viabilidad en un momento político complejo -al filo del final de las sesiones, con minoría en las dos Cámaras, y mientras se trata el Presupuesto-.

Por usos y costumbres, los gobiernos y los partidos no suelen impulsar reformas electorales en un año durante el cual están previstas elecciones. Pero Milei hará caso omiso, y planea propiciar el debate del proyecto durante sesiones extraordinarias -aún no las convocó pero podrían continuarse hasta enero y febrero- o bien en las ordinarias de 2025, en la previa de las elecciones legislativas. “No hay ninguna restricción legal, y nosotros no nos caracterizamos por respetar el statu quo”, justificó un diputado libertario. Según adelantaron, buscarán que se trate directamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz.

El Ejecutivo lo girará, a más tardar, en los primeros días de la semana que viene, contó un importante funcionario a Infobae. Si el Gobierno logra la sanción, todas las medidas comenzarían a regir “de forma automática”, es decir, tendrían impacto directo en los comicios legislativos del año próximo. Con la salvedad de que los partidos tendrían tiempo de adecuarse a las nuevas normas de caducidad hasta junio de 2026.

La medida tiene tres grandes objetivos. En primer lugar, la supresión de la PASO, en lo inmediato, con el argumento de que no cumple su propósito original. “Es una encuesta paga para los partidos, que sale del bolsillo de todos los argentinos”, dijeron en Gobierno, donde repiten que el año pasado, el Estado gastó 45 mil millones de pesos en ese concepto.

Como contrapartida, incluyeron en el proyecto algunas medidas para evitar que los acusen de no cumplir el artículo 38 de la Constitución, que exige que el Estado vele por la democracia de los partidos. Por un lado, derogarán el título 2 de la ley 26.571 que regula la PASO. Por otro, incorporarán algunas modificaciones para que los partidos políticos “decidan con libertad y garanticen el funcionamiento de la democracia”. Específicamente, el Estado nombraría a veedores judiciales a pedido de los partidos. Y ampliaría el alcance de los delitos electorales, para que puedan ser aplicados a las elecciones internas. Además, intentarán agilizar los plazos recursivos para la resolución de conflictos.

Según aseguraron, todos estos cambios fueron consensuados con la Cámara Nacional Electoral, y se “estudiaron todos los proyectos” de los otros partidos para hacer modificaciones de este tipo. Pero se avizora una discusión caliente: el PRO y la UCR ya se mostraron en contra de la supresión de la PASO, que les sirve para ordenar sus dispersos espacios; y es poco probable que el kirchnerismo acompañe una medida libertaria.

El proyecto, creen en el oficialismo, tendrá una consecuencia que el Gobierno asegura que no buscó: la desregulación del debate presidencial. “Estaba institucionalizado por las PASO, que especifican que pueden debatir aquellos candidatos que hayan sacado más del 1,5 por ciento de los votos. Ahora, al no estar regulado, cada postulante deberá arreglar con el resto y con los medios de comunicación para llevarlo a cabo”, sostuvieron en la Casa de Gobierno.

El eje más llamativo probablemente tenga que ver con los cambios en el financiamiento de los partidos políticos. El Gobierno dirá, en los fundamentos, que quiere reducir el gasto público y mejorar la transparencia. “No importa cuánto se gasta, sino cómo se financia, que la plata sea traqueable”, dijo un técnico al tanto de los detalles del proyecto.

En primer lugar, eliminarán el aporte extraordinario de campaña que hace el Estado. Pero no suprimirán todos los aportes: el fondo permanente seguirá, por lo que los ingresos de los partidos serán mixtos.

En resumen, el Estado dejaría de dar asistencia económica a los partidos, lo cual perjudicará seriamente a los sellos chicos. “Ahora esos partidos menores van a tener más incentivos para buscar financiamiento”, argumentaron en la Casa Rosada sobre ese punto que seguramente generará escozor en el Congreso. Además, recordaron, para equilibrar, que desde que se aprobó la Boleta única, será el Estado quien se hará cargo de la impresión de las boletas.

Por otro lado, buscarán aumentar los topes privados de los aportes, que pasarán de los 40 millones a los 300 millones como cifra máxima por persona física o jurídica. Y dejaría de existir el tipe de gastos en campaña. En suma, podrán recibir más, y no tendrán un techo para gastar.

El eje de espacios de publicidad gratuitos es central. Hoy, un 50 lo aportan los medios, que ceden espacios que podrían utilizar para publicidad paga. Y el 50 por ciento restante lo pone el Estado. Si el proyecto de LLA prospera, no habrá más regulaciones en este sentido: los partidos deberían pagar sus espacios a los medios, que a su vez, no estarían compelidos a entregar minutos de aire. Nuevamente, saldrían perjudicados los sellos de menor monta o conocimiento.

En el tópico de “transparencia” del texto, el proyecto del Gobierno planea introducir la figura de un fiscal electoral, endurecer las multas (aumenta los topes en relación con el régimen de financiamiento); incorporar prohibiciones a entidades o personas investigadas o procesadas por lavado de activos (no podrían ser aportantes). Y permite que los aportes sean canalizados por cualquier entidad bancaria, no sólo el Banco Nación. Además, no permite el financiamiento en efectivo, pero sí que se pueda efectivizar en cualquier moneda.

Por último, Milei incluyó una modificación de la ley orgánica de los partidos. “Hay una proliferación de partidos que no tienen representatividad sino el único objetivo de recibir financiamiento”, justificaron en Balcarce 50, y citaron cifras, que tenían muy frescas, para comparar en la región, sobre países que tienen una cantidad significativamente menor de sellos.

Para evitar que haya demasiados sellos, en el proyecto proponen facilitar la inscripción de afiliados por medios digitales, y como contrapartida, endurecen las reglas vinculadas a la caducidad de los partidos: ahora, en lugar del 2 por ciento, deberán haber obtenido el 3 por ciento de los votos en alguna de las dos elecciones previas. Por último, agregaron un requisito más: tendrán que tener afiliados al 0,1 del padrón nacional (es decir, que si las elecciones fueran hoy, deberían partir de la base de los 35 mil afiliados). Además, aumentarán del 0,4 al 0,5 por ciento la cantidad de electores mínimos por distrito, para certificar que el partido se considere como tal. Y pasarían de requerir presencia formal en 5 distritos, a 10. “Así, los partidos van a tener menos incentivos para crearse”, dijeron.

No hay fecha para el inicio del debate de un proyecto que aún no ingresó a la Cámara de Diputados y sobre el cual el Presidente, que se encuentra en Estados Unidos, no habló aún. Durante los próximos días, los partidos aliados evaluarán los puntos con los que estén de acuerdo. En el caso de PRO, encendió alarmas. “Daremos el debate”, dijeron en Balcarce 50.