Los cinco puntos del reclamo de los gobernadores al gobierno nacional por la distribución de fondos

En una semana marcada por tensiones políticas, 18 gobernadores de las 23 provincias argentinas se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y manifestaron la preocupación por el deterioro de los recursos provinciales, en un contexto económico complejo.

Los mandatarios provinciales destacaron una caída real del 12% en los ingresos coparticipables durante los primeros 11 meses del actual gobierno nacional. Y señalaron que los ingresos no coparticipables, que quedan exclusivamente en manos del gobierno central, han sostenido su nivel, provocando un incremento en la participación del Estado nacional en la distribución total.

Este desequilibrio potenció las demandas de las provincias, que reclaman lo que consideran un modelo más justo y alineado con los principios de la Constitución Nacional.

Luego de una extensa reunión, se consensuó una postura común ante la discusión que ya comenzó sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2025.

Aunque inicialmente no trascendieron detalles del pacto y los mandatarios provinciales se fueron de la sede del CFI sin hacer declaraciones, luego se conoció un comunicado que sintetizó las principales demandas de las provincias hacia el gobierno nacional.

Los cinco ejes del consenso provincial apuntan a garantizar una redistribución más justa de los recursos entre Nación y provincias y son los siguientes:

• Deudas por cajas previsionales: exigen que el Estado nacional se comprometa a saldar las deudas acumuladas con las provincias por las cajas previsionales no transferidas. Además, se solicitó que se retome el esquema de pagos de anticipos.
  
• Coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos: reclaman que estos ingresos se compartan entre Nación y provincias, pero sin comprometer el financiamiento del sistema de seguridad social.
  
• Distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN): subrayan la necesidad de un reparto equitativo y regular de este fondo entre las provincias, que es esencial para afrontar urgencias financieras.
  
• Limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP): proponen reducir la alícuota que la agencia detrae de la recaudación sin perjudicar los salarios de los trabajadores.
  
• Compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017: piden que el gobierno nacional cumpla con los ajustes pendientes de compensación derivados de este acuerdo.
  

Los gobernadores vienen reclamando desde hace un tiempo que en el proyecto presentado por las autoridades nacionales se incluya el financiamiento para las obras en sus territorios y algunos de otros gastos, como las deudas por las cajas previsionales.

Sin embargo, la Casa Rosada se muestra intransigente e insiste en que la iniciativa respete el principio de “déficit cero”, mientras algunos diputados seguían pidiendo fondos para las universidades públicas, entre otras áreas.

El gobierno nacional además responde que las provincias también tienen deudas. En ese sentido, se está trabajando en un “clearing” para comparar los números y que pague quien tenga saldo deudor.

El debate sobre el Presupuesto 2025 se centra en las proyecciones económicas para los últimos meses del año. Según las críticas, la propuesta del oficialismo parte de supuestos cuestionables sobre los niveles de actividad económica; por ejemplo, según los cálculos, la inflación entre septiembre y diciembre debería ser de 1.4% mensual, pero desde la oposición advierten que “los datos de septiembre y octubre ya ofrecen una base de cálculo diferente, lo que pone en duda la precisión de las proyecciones oficiales”.

La seguidilla de cláusulas denegadas por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, instaló la idea de que a Milei no le disgustaba la idea de gestionar su segundo año sin presupuesto, con una nueva prórroga del texto del 2023. Sin embargo, en estos días, el Ejecutivo volvió a activar las negociaciones e incluso filtró la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para diciembre, en caso de no llegar con los tiempos parlamentarios.