A través del decreto 950/2024, el presidente Javier Milei resolvió subastar más de 400 propiedades y terrenos que pertenecen del Estado nacional, para recaudar unos USD 800 millones. Entre esos inmuebles, está afectado el Centro de Salud Mental (CSM) N° 1 “Hugo Rosarios”, una institución histórica de salud mental ubicada en el barrio porteño de Núñez y que depende del Gobierno de la Ciudad. Allí funciona “La Cigarra”, el mayor centro pediátrico especializado en trastornos del espectro autista y psicosis. Ante la posibilidad del remate del predio, el peronismo porteño cuestionó la medida y le exigió al jefe de Gobierno, Jorge Macri, que interceda para impedir la venta.
“Lo que está ocurriendo es gravísimo, no sólo por la decisión del gobierno de Milei, que pone en riesgo la atención de miles de pacientes, sino también por la inacción del Gobierno porteño”, advirtió el legislador porteño de Unión por la Patria, Juan Manuel Valdes, en un posteo desde su cuenta de X.
La controversial subasta del terreno, situado en Manuela Pedraza 1558, provocó reacciones en distintos sectores de la política, pero sobre todo en las familias de los pacientes y en los profesionales de la salud que atienden en la institución.
“No hay otro centro de salud público como el Centro de Salud Mental N°1 en Argentina, que atiende sobre todo a una población de bajos recursos”, dijo Gustavo Slatopolsky, director de La Cigarra, que acompañó al legislador en su recorrido por el espacio. “Lo que no podemos permitir es que se corten los tratamientos, necesitamos asegurar la continuidad que es lo más importante. Para colmo, toda esta situación de la noticia de venta afecta mucho a los pacientes, la incertidumbre de no saber lo que va a suceder con sus profesionales les genera mucha angustia”, consideró.
Según las estimaciones del personal de salud mental, cada semana se atienden allí más de 1000 pacientes, de lo cuales muchos de ellos son niños y adolescentes. También asisten adultos mayores, que se desempeñan equipos especializados en adicciones y violencia de género. Y funciona un centro farmacéutico que otorga la medicación que los pacientes necesitan para sus tratamientos.
“Mi hijo se atiende acá hace 18 años y nadie me puede explicar a dónde va a ir si venden el Centro”, contó la mamá de un paciente en conversación con Valdés. “Estamos muy preocupados y él la está pasando muy mal. Necesitamos certezas y que el hospital siga funcionando. Nadie va a sostener y acompañar a las familias como lo hacen los profesionales acá“, agregó.
El Gobierno de la Ciudad tiene en comodato el terreno donde opera la institución de salud mental, pero jurídicamente pertenece a la Nación. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) busca rematarlo, de acuerdo al anuncio que el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo en los últimos días de octubre. “Subasta futura” y “Desarrollo inmobiliario”, describe el sitio argentina.gob.ar en la dirección correspondiente al centro de salud.
Para Valdés, el Gobierno porteño tiene su cuota de responsabilidad ante la situación de incertidumbre. “El terreno puede ser nacional, pero el Centro que funciona allí es de la Ciudad, y tendrían que defenderlo. ¿A dónde van a ir los miles de niños, niñas y jóvenes que se atienden ahí? Es una situación dramática, y como siempre, Jorge Macri se queda de brazos cruzados”, reclamó el legislador.
Las familias de los pacientes vienen levantando su voz por el posible cierre. El centro sanitario fue fundado en 1968 con un enfoque en el que la internación no fuera el centro del tratamiento de salud mental, con el fin de evitar la llamada manicomialización de los usuarios. Trabajadores y familias realizaron acciones de visibilización para resistir la venta.
En la institución asisten también niños y niñas que, por ejemplo, atraviesan un trauma por haber sido testigos -y víctimas- de cómo sus madres eran explotadas sexualmente en un escenario de trata de personas. O que sufrieron golpizas y violación.
Lucía, de 83 años, contó su experiencia en el centro de salud a Infobae. Asiste una por semana para encontrarse con su terapeuta, y participa de distintos talleres que le permiten ejercitar la memoria, la meditación o practicar yoga. Exige que la institución siga en funcionamiento.
“A mí nadie me saca ni el dolor ni la tristeza por la muerte de mi hija. Pero yo aquí pude seguir viviendo. Me había hundido en un pozo depresivo al que no le veía ninguna salida, y aquí encontré profesionales excelentes y pude salir de ese hundimiento en el que veía todo oscuro. No exagero cuando digo que acá salvaron mi vida”, reconoció.
La respuesta del gobierno porteño
Ante la decisión del Gobierno de subastar inmuebles el terreno donde funciona el Centro de Salud Mental N.º 1 “Hugo Rosarios”, el el Ejecutivo porteño informó que ya solicitó formalmente a las autoridades nacionales la exclusión de este predio del listado de inmuebles a rematar.
“Nuestra prioridad es garantizar la continuidad de la atención integral que el CESAM 1 brinda a miles de niños, niñas, adolescentes y adultos, con un enfoque único y especializado en salud mental. Reafirmamos nuestro compromiso con el sostenimiento y fortalecimiento de este servicio esencial para la comunidad, que atiende a sectores especialmente vulnerables”, aseguraron las fuentes consultadas.
“Estamos trabajando para encontrar una solución que asegure la preservación del centro y de su invaluable labor en la salud mental pública de nuestra Ciudad”, completaron.