Si Javier Milei recorta y suprime fondos, Axel Kicillof responde en espejo en una dirección opuesta. Luego del fuerte ajuste y reestructuración en el INCAA, el gobernador bonaerense pudo avanzar esta semana con la media sanción de un proyecto de ley que dispone de más recursos para el cine, junto a un marco jurídico que incentiva la producción audiovisual en la Provincia de Buenos Aires.
La medida, que había sido presentada a mediados del año pasado y se giró al Senado, constituye un fondo de fomento de 675 millones de pesos. El presupuesto se ajustará anualmente, y tendrá como criterio la variación del valor de entradas promedio de cine que establece por el INCAA.
La propuesta fue tratada en la Cámara de Diputados bonaerense el pasado martes, y obtuvo el voto favorable de 37 diputados de Unión por la Patria, junto al bloque “Acuerdo Cívico – UCR+GEN”, con 7 legisladores. El PRO, la bancada libertaria que responde a Javier Milei, la Coalición Cívica y el resto de los diputados radicales se opusieron. El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), por su lado, se abstuvo.
El marco jurídico impulsado por el peronismo incluye la creación de un Consejo Provincial Regional, que estará bajo la órbita del Instituto Cultural bonaerense, que encabeza Florencia Saintout. Es una suerte de “INCAA bonaerense”, con una estructura parecida al de su homólogo nacional y de otras instituciones públicas que ya existen en muchas provincias, aunque en caracter de asesor.
De ser sancionado en el Senado, las sillas del organismo se repartirán de la siguiente manera: 1) por el gobierno bonaerense, 6) representantes de la actividad audiovisual según región, (2) representantes de los sindicatos y asociaciones gremiales del sector, (2) miembros de las asociaciones de directores y productores; (2) integrantes de las asociaciones de gestión de derechos de autor, (2) miembros de las universidades nacionales o públicas provinciales.
Todos estos miembros deberán estar radicados en domicilio bonaerense. En una negociación con el radicalismo, se definió que las funciones sean a título honorario y que el cargo se extenderá por un período de dos años.
La iniciativa define a la industria audiovisual con carácter de interés público, “valor estratégico” y “patrimonio invaluable”. El texto propone “estimular, fomentar, promover y proteger la creación, producción, distribución y exhibición nacional e internacional de contenidos audiovisuales bonaerenses, en su cadena de valor” y sus distintas dimensiones, e incorpora un esquema de fomento a nivel local para atraer inversiones.
La medida cuenta con el apoyo de las distintas entidades del sector, si bien el monto de 675 millones de pesos tiende a ser testimonial, ante los recursos de financiamiento que requiere la industria. En los palcos de la Cámara de Diputados, estuvo presente el actor Pablo Echarri, uno de los defensores del proyecto oficial de Kicillof.
“Este proyecto tiene mucha significancia en un contexto de ataque a la cultura, de vaciamiento y de achicamiento de cualquier herramienta de fomento cultural. Esta ley va en un sentido diametralmente opuesto a lo que está ofreciendo el gobierno nacional”, indicó el artista, en declaraciones a LaPlata1.com.
“Este proyecto de ley se construyó sobre la base de decenas de anteproyectos, en un enriquecedor debate que se dio entre el Poder Ejecutivo, asociaciones, artistas, universidades, el Foro Audiovisual de la provincia, trabajadores y trabajadoras de la industria cultural”, señaló la diputada Margarita Recalde (UP), durante el debate en el recinto.
Viviana Dirolli, presidenta de la Comisión de Asuntos Culturales, destacó la importancia del sector audiovisual para la economía, y lamentó la “enorme campaña de desprestigio del cine nacional por parte del gobierno”. Ejemplificó que “por cada mil pesos invertidos se generan entre 600 y 900 en el resto de la cadena de valor” y que “por cada 100 empleos directos, se crean entre 50 y 70 en otros sectores económicos”.
“La provincia de Buenos Aires tiene una oportunidad muy importante por su extensión territorial, por las locaciones. Es una provincia que tiene ciudades, campos, sierras, salinas, puertos, mar; que tiene recursos artísticos y técnicos calificados, que tiene infraestructura adecuada. Resulta difícil pensar que cualquier producción que tenga como destino la Argentina no elija la provincia para hacer algunos de los procesos”, afirmó Dirolli.
Con la misma retórica que el Gobierno nacional para justificar los recortes del INCAA, el diputado Guillermo Castello (Libre) planteó que de las 241 películas financiadas por el INCAA, sólo 100 vendieron más de 1000 entradas. E insistió que la política destinada a la actividad se limitó a financiar “billeteras k”.
“Yo me pregunto si es justo gastar ese dinero cuando el 55% de la provincia de Buenos Aires es pobre. Siete de cada 10 chicos son pobres. El 50% del conurbano no tiene cloacas ni agua potable. La tercera parte no tiene gas natural, y tiene la provincia tiene la mitad de los indigentes del país”, criticó Castello. “Esta película ya la vimos. Hay cientos de denuncias de despilfarros, de arbitrariedades, de ilícitos e intercambios de favores”, agregó.
Uno de los puntos de la discusión en la Cámara baja fue el origen de los fondos. Sectores de la oposición planteaban que estos recursos dependan del ministerio de Cultura, pero finalmente se acordó que salgan de las arcas del presupuesto general.
La izquierda, que presentó una propuesta de minoría, criticó que el oficialismo haya acordado cambios con un sector del radicalismo. Guillermo Kane, uno de los miembros de la bancada, explicitó que tenían la intención de aprobarlo, pero finalmente se pronunciaron por la abstención.
“En una de las reuniones que tuvimos, un realizador dijo que los 650 millones solo financiaban un largometraje. Nosotros hicimos una propuesta de actualización. En la comisión de labor nos corrieron la cancha”, introdujo el diputado. Se ha introducido una modalidad no para financiar a los productores independientes, sino traer a otras productoras nacionales o internacionales, para hacerles un recupero a esa inversión, para disputar que filmen en la provincia de Buenos Aires en vez de otros lugares. No se establece en qué proporción. Podemos pensar que una parte importante del fondo va a ir a las grandes productoras”, expuso el legislador del Partido Obrero (PO).
En el orden del día, también se dictó la media sanción del proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación la que fuera la última casa en la que vivió el periodista y militante Rodolfo Walsh. La diputada María Laura Cano Kelly, autora de la iniciativa, valoró la aprobación como “un paso muy importante en la reparación histórica para su memoria, para su familia y para todos aquellos que no bajamos las banderas y seguimos luchando por Memoria, por Verdad y por Justicia”.
“La pelea contra la impunidad de los responsables del asesinato de Rodolfo Walsh sigue más vigente que nunca. Éste es un acto de justicia, que se da en el particular contexto en el que el Gobierno nacional intenta legitimar discursos de odio y decir que lo que sucedió estuvo bien”, esbozó Cano Kelly.
Con los votos del oficialismo, la recuperación del inmueble donde Walsh escribió su famosa “Carta Abierta a la Junta Militar”, antes de ser secuestrado y asesinado por la represión ilegal, es impulsado desde hace años por su hija Patricia, quien estuvo presente en el recinto”. La vivienda, que fue declarada Patrimonio Histórico por la municipalidad de San Vicente, está ocupada por la hermana de un ex subcomisario de la policía bonaerense, cuerpo que formó parte del operativo que terminó con la vida del autor de la “Operación Masacre”. En caso de que la iniciativa fuera convertida en ley, la propiedad será destinada como sitio por la memoria, con el objetivo de difundir la obra del periodista.
En paralelo, en el Senado bonaerense, el gobierno de Kicillof pudo avanzar esta semana con los votos necesarios de varias medidas que tienen el rechazo de los libertarios y de sus aliados. El oficialismo consiguió la mayoría para avanzar con la ley de jubilaciones del Banco Provincia (Bapro), que deroga la ley provincial 15.008, sancionada por María Eugenia Vidal durante su mandato como gobernadora y que la enfrentó al sindicato bancario. Según el peronismo, la nueva reforma reduce el déficit de la caja previsional. Otro punto que se anotó en la Cámara alta fue la sanción del llamado RIGI bonaerense, que surgió de la disputa por la planta de GNL que finalmente se instalará en Río Negro y no en Bahía Blanca.