Tras la condena a Cristina Kirchner, el Gobierno apoyará el proyecto de Ficha Limpia pero no lo incluiría en sesiones extraordinarias

Unos días antes de que la Justicia confirmara la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la denominada causa Vialidad, que la dejó más cerca de tener que cumplir la sentencia, en el Congreso se empezó a impulsar con más fuerza el proyecto de Ficha Limpia para que los dirigentes con una pena en avanzada instancia judicial no puedan competir en las elecciones.

De hecho, el martes último un grupo de diputados del PRO, acompañados por sus pares de La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical, solicitaron una sesión especial para el próximo 20 de noviembre, con el objetivo de tratar esta medida.

El texto ya cuenta con dictamen y está listo para ser votado, por lo que al oficialismo y sus aliados solo les resta conseguir el respaldo de la mayoría absoluta en el recinto que necesita para poder modificar la normativa vigente y que los cambios entren a regir antes de los comicios del 2025.

Sin embargo, concentrado en otros temas de agenda, para el Gobierno esta no es una de las prioridades a nivel parlamentario y no estaría dispuesto a incluir el asunto en las sesiones extraordinarias a las que convocaría para poder aprobar el Presupuesto.

Tal como detalló este medio, la postura en el entorno del presidente Javier Milei con respecto a lo que sucede con Cristina Kirchner es que “se trata de una cuestión de la Justicia” y que se “tiene absoluto respeto por la división de poderes”.

Además, por otro lado, el proyecto que impulsa el PRO todavía no cuenta con consenso suficiente entre el resto de los bloques, que ponen en duda la constitucionalidad de la medida y señalan que, si se aprueba, podría ser de difícil implementación.

En este sentido, en las últimas reuniones legislativas surgió el análisis sobre a partir de qué momento se debe considerar como “firme” una sentencia, requisito para que la persona condenada no pueda presentarse a las elecciones.

Mientras que algunos sostienen que podría establecerse un fallo de la Cámara de Apelaciones como instancia suficiente, otros consideran que recién con la ratificación de un tribunal de Casación podría implementarse recién la prohibición.

En cualquiera de los dos casos, si se sancionara la ley, la ex mandataria nacional, que recientemente asumió al frente del Partido Justicialista y ya suena como posible aspirante a diputada, estaría impedida de integrar cualquier lista.

El miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la ex jefa de Estado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

“Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”, comentó al respecto Milei.

A pesar del reclamo del PRO, si bien tiene previsto acompañar el proyecto, el oficialismo no tiene previsto incluir Ficha Limpia en el temario de las sesiones extraordinarias para diciembre, a las que convocará en acuerdo con los gobernadores.

Los mandatarios provinciales están interesados en que se apruebe el Presupuesto del próximo año, ya que en el mismo se incluyen los fondos que serían destinados para obras en sus territorios, pero el texto que el propio Presidente presentó ante el Congreso todavía se está discutiendo.

Algunos diputados reiteran el pedido de aumentar los recursos para las universidades públicas, pero desde la Casa Rosada insisten en que se debe mantener la idea del “déficit cero”, por lo que todavía no hay acuerdo sobre qué otras partidas se recortarán.

Sin tiempo para tratar el texto en sesiones ordinarias, que terminarán el 30 de noviembre, el Gobierno ya analiza postergar el trabajo legislativo, aunque solamente para debatir sobre las medidas que le interesan a La Libertad Avanza.