En un contexto de tensiones políticas y económicas, el oficialismo reabrió el debate por el Presupuesto 2025: luego de tres semanas de “parate”, hubo actividad en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el fin de dictaminar el proyecto y poder llevarlo al recinto.
La primera pregunta fue de Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, quien consultó si el oficialismo tenía un dictamen para pasar a la firma. La respuesta llegó por parte del diputado libertario y presidente de la Comisión, José Luis Espert, que dijo que tienen un dictamen que “es el proyecto original de presupuesto propuesto por el presidente Javier Milei”.
La intención del oficialismo era buscar el dictamen hoy, pero para eso necesita 25 firmas y por ahora no las consiguió. La llave está en los bloques de la oposición que tomaron la decisión de estirar los plazos.
“Hoy hay una reunión de gobernadores; si se dictamina hoy, no hay posibilidad de negociación. Estamos mirando al martes de la semana que viene, así les damos margen a los gobernadores para que tengan capacidad de presión y negociación”, explicó un miembro de la oposición dialoguista.
Esta tarde hay una reunión en el CFI de todos los mandatarios provinciales para buscar una estrategia común, ya que, según explicó un miembro de la oposición que participa de las negociaciones, “los cambios vinculados a procedimientos, regla fiscal, vienen bien. No así los asuntos con los gobernadores, que están bastante trabados”.
El punto que está en discusión tiene que ver con las deudas que tiene la Nación con las provincias. Frente al reclamo, la Casa Rosada responde que las provincias también tienen deudas. En ese sentido, se está trabajando en un “clearing” para comparar las deudas y que pague quien tenga el saldo a pagar.
Otro de los puntos que se está en debate es el artículo 1 que se refiere a la regla fiscal. El artículo prevé qué ocurre si los ingresos se reducen porque cae la recaudación nacional, pero le da discrecionalidad al Gobierno sobre qué hacer si los ingresos son superiores a los calculados, algo que sucede casi siempre porque se subestiman los cálculos del Presupuesto.
En ese contexto, lo más probable es que los bloques de la oposición puedan acompañar el dictamen del oficialismo con disidencia, pero dependerá de las negociaciones que se lleven adelante desde hoy hasta el próximo martes. “Si nuestros gobernadores quieren acompañar, nosotros no podemos hacer de policías malos y ellos siempre de policías buenos. Si quieren ese proyecto, se firmará en disidencia”, explicó un miembro del bloque.
En lo que se refiere al proyecto de UP, el texto señala que los legisladores de ese bloque cuestionan “en su totalidad” el Mensaje Nro. 0051/24 y proyecto de ley de fecha 15 de septiembre de 2024 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2025. La objeción se origina en que el proyecto de Presupuesto referido intenta consolidar el modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado que viene llevando a cabo el gobierno del presidente Javier Milei”, dijo el diputado Carlos Heller, encargado de explicar el proyecto de UP.
El debate sobre el Presupuesto 2025 se centra en las proyecciones económicas para los últimos meses del año. Según las críticas, la propuesta del oficialismo parte de supuestos cuestionables sobre los niveles de actividad económica; por ejemplo, según los cálculos, la inflación entre septiembre y diciembre debería ser de 1.4% mensual. “Los datos de septiembre y octubre ya ofrecen una base de cálculo diferente, lo que pone en duda la precisión de las proyecciones oficiales”, señaló Heller.
El proyecto plantea la restitución de varios de los puntos que el proyecto del oficialismo recorta; por ejemplo, la restitución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, un crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales de $5.2 billones, “que se irá ajustando trimestralmente según la evolución del índice de Precios al Consumidor Nacional publicados durante los últimos tres meses”.
Otro punto es que sube el bono para las jubilaciones de $70.000 a $95.000, que se ajustará por inflación y que impactará en todas las categorías previsionales.
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