La causa del Polo Obrero sigue sumando novedades. El expediente desnudó una organización manejada por un grupo de escribanos y abogados que creaba sociedades fantasmas y luego las usaba para cometer diferentes delitos. Todo surgió a partir de Coxtex, una de las empresas que le proveía facturas al Polo Obrero para justificar gastos millonarios. En realidad era una usina de facturas truchas.
En los papeles, Coxtex había sido creada por Luis Alexander Pichuaga y una mujer identificada como Mariana Soledad Vega (33). Con el paso de los días, la Justicia comprobó que eran simples prestanombres.
Según su DNI, Pichuaga nació en Canadá en 1978. Sin embargo, cuando la Policía allanó su casa, el 23 de mayo pasado, se encontró con un persona que no tiene ningún rasgo de extranjero.
Vega tiene el mismo perfil que su “socio”. “Es una persona en una situación de vulnerabilidad más clara que Pichuaga”, describió una fuente judicial. Los mensajes encontrados en su teléfono revelaron que detrás de los supuestos “dueños” había otras personas como Geremías Sebastián Prum, un empresario dedicado al rubro de la construcción. Los chats revelan que le paga por trámites bancarios.
Desde su creación, Coxtex funcionó como una usina de facturas. El dato era conocido por la ex AFIP, que venía investigando a esa sociedad hace mucho tiempo. De hecho, el organismo hizo una inspección en 2022 y llegó a la conclusión que no tenía capacidad económica ni financiera. Por ese motivo, decidió incluir a la empresa en la base E-Apoc, donde están todas las empresas que emiten facturas apócrifas.
Aquella investigación de los sabuesos reveló la llamativa actividad que tuvo Coxtex en los meses posteriores a su creación. En el primer semestre de 2021, emitió facturas por un total de $115.531.342,83. Y en el segundo semestre de año, trepó a $226.074.302,49.
No es todo. Entre enero y febrero de 2022, el mismo año de la inspección, Coxtex facturó por $139.119.572,65. En total, son más de $480 millones en apenas trece meses. “La última facturación importante es de febrero de 2022, después aparecen montos menores hasta julio de ese año”, apuntó un investigador.
Luego de los procesamientos de Eduardo Belliboni y los principales dirigentes del Polo Obrero, el juzgado de Casanello y la Fiscalía de Gerardo Pollicita avanzaron sobre la pista financiera. Los últimos datos encontrados derivaron en tres allanamientos.
Dos de esos procedimientos se hicieron en la casa y en el estudio del contador Leandro Kebleris. “Creemos que es la cabeza de un grupo de personas que se dedica a armar ‘sociedades de papel’ y las ponía al servicio de terceras personas para cometer distintos tipos de ilícitos”, explicó una fuente con acceso al expediente.
El último allanamiento fue en la casa de Lorena Liberata Costa, una empleada de la ex AFIP de Bahía Blanca. “Por los mensajes que encontramos, se encargaba de sacar las sociedades truchas de la base de datos E-Apoc”, puntualizó la misma fuente.
“Ingresó en 1994. Trabaja en la División Capacitación. No tiene acceso a datos fiscales y nunca tuvo un cargo relevante”, explicaron en la ex AFIP ante una consulta de este medio. Sin embargo, el organismo decidió abrir un sumario interno luego del allanamiento, donde la Justicia secuestró un teléfono.
Los dos “dueños" de Coxtex también crearon otras tres sociedades a lo largo del 2020: Consuting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL. Detrás de esa firmas se descubrió la organización que los manejaba. “Recinsur operó entre junio 2020 y febrero 2022 un total de $ 44.850.000, el 75% en efectivo, sin justificar origen de los fondos”, explicó un funcionario de un organismo de control. Esa firma está registrada en una oficina ubicada en San Martín 66.
La línea de Coxtex, como le llaman los investigadores, puso la lupa sobre varios escribanos. Uno de ellos es Juan Bautista Derrasaga, que ya fue allanado por Casanello. Ese escribano platense acumula varias causas judiciales. Entre otras cosas, constituyó Clamarán, la sociedad que utilizó el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime para comprar un departamento de 250 m2 en la avenida Figueroa Alcorta, tal como reveló el diario La Nación.
Derrasaga ya venía siendo investigado por varios organismos estatales. “Verificamos unas 200 sociedades armadas por ese escribano que están vinculadas a casas de cambio. Pese a todo, los bancos le siguen abriendo cuentas”, se lamentó un funcionario de un organismo de control.
Además de Coxtex, la Justicia investiga a una imprenta denominada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”. En total, esas dos sociedades aportaron facturas por un total de $25 millones de pesos.
Con esos datos, el 21 de mayo el juez Casanello mandó a la Policía Federal a la ex AFIP para pedir toda la información disponible sobre las dos empresas y sus socios. En concreto, reclamó declaraciones juradas, información sobre automotores, aeronaves, embarcaciones, propiedades, cuentas bancarias, y hasta fiscalizaciones o denuncias penales contras los involucrados.
El organismo recaudador contestó, entre otras cosas, que la empresa Rumbos “no registra presentaciones de declaraciones juradas posteriores al año 2019″ y que “el contador que se encargó de presentarlas durante los años 2017 y 2018 fue Lucas Adrián Buchichio, a favor de quien además la mencionada empresa le emitió facturas B durante los años 2023 y 2024″. También informó que “la DDJJ del año 2019 fue presentada por Leonardo Daniel Narizzano, quien se encuentra registrado al día de la fecha como su contador”.
La investigación “financiera” también puso la lupa sobre Ediciones e Impresiones Panorama, una sociedad creada en noviembre de 2022 por Santiago González Roisler y Gustavo Spektor, con un objeto social amplio: realizar trabajos de impresión de distintos elementos de publicidad en formato gráfico, pudiendo editar, vender, comprar, distribuir, exportar, importar y financiar obras literarias, bibliográficas, diarios y revistas.
De acuerdo a las pruebas recolectadas en la causa, Panorama habría cumplido el mismo rol que Rumbos para canalizar los fondos correspondientes al Polo Obrero. Entre todas, permitieron la defraudación al Estado. Sin embargo, la Unidad de Información (UIF) planteó hace poco en la causa que también hubo lavado de dinero y pidió una pericia contable amplia.