En la última década, 40 ex funcionarios nacionales fueron acusados por delitos contra el patrimonio del Estado

El 14 de junio de 2022, la Oficina Anticorrupción (OA), el organismo encargado de investigar delitos de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y controlar su posible enriquecimiento patrimonial a través de sus declaraciones juradas, renunció a acusar a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad, por el que fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Se trata de la sentencia que ratificó ayer la Cámara Federal de Casación Penal por el delito de administración fraudulenta en la concesión de obra pública al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

La decisión de la OA de dejar de ser querellante durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo la conducción de Félix Crous, se hizo extensiva a otras 35 causas por corrupción en la Justicia Federal, en distintas instancias, contra ex funcionarios nacionales. En la gran mayoría de los expedientes se trata de integrantes de gobiernos kirchneristas y, en otros cuatro casos, de la gestión menemista. El argumento para desistir de las querellas criminales fue que el rol de la acusación lo desarrollan los fiscales, que la OA tiene entre sus funciones la prevención de la corrupción y la investigación, y que el área de litigios había sido sobredimensionada durante la gestión de Cambiemos en desmedro de otras áreas. En esa línea, Crous sostuvo la OA debería dedicar más recursos de su gestión a la prevención de la corrupción.

Como contracara, en lo que va de este Gobierno, la OA - actualmente a cargo de Alejandro Melik - presentó 129 denuncias penales, de la cuales 17 denuncias fueron contra funcionarios del gobierno anterior, según surge del último informe del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Congreso en septiembre. En 34 casos fueron por distintos delitos y en otros 95, debido al incumplimiento en la presentación de la declaración jurada patrimonial. Se destaca la presentada contra el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, ex funcionario del desaparecido Ministerio de Desarrollo Social, y otros referentes piqueteros por amenazas coactivas y defraudación contra la administración pública. La denuncia la hizo el MInisterio de Capital por la presunta extorsión de dirigentes contra beneficarios de planes sociales.

Siete de las investigaciones en las que la OA desistió de ser querellante, durante el gobierno de Alberto Fernández, tenían como acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros integrantes de su gobierno. En los delitos contra la administración pública en los que se encuentra afectado el patrimonio del Estado, la Oficina Anticorrupción tiene la facultad de presentarse como querellante, lo que le permite ser parte del proceso, acceder al expediente, aportar pruebas o testigos, y pedir medidas, como indagatorias o detenciones.

Además de en la causa de Vialidad, la OA tuvo ese rol en el expediente de los “Cuadernos de las coimas”, y en otros cuatros conexos referidos a la cartelización en la obra pública, el transporte ferroviarios y los corredores viales. Fueron abiertas a partir de las anotaciones del chofer de Roberto Barata, ex número dos del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno. La ex presidenta fue procesada por el fallecido juez Claudio Bonadio como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado, y estaba integrada también por sus funcionarios y empresarios de la construcción. El magistrado y el fiscal Carlos Stornelli concentraron media docena de causas, algunas preexistentes y otras que se abrieron con las declaraciones de los arrepentidos, que sumó más de un centenar de imputados.

Otro expediente que tuvo a la Oficina Anticorrupción como querellante - aunque luego se retiró - fue el de la expropiación de YPF, en la que Cristina Kirchner también figura entre los imputados. Se investigan posibles delitos en la adquisición de una porción del paquete accionario por parte del Grupo Petersen, presuntas maniobras de vaciamiento, y la indemnización pagada a la empresa por el Estado.

La ex mandataria no es la primera integrante del Poder Ejecutivo Nacional que recibió una condena en una causa en la que la OA intervino para impulsar la acción penal. Entre 2014 y 2019, la OA pidió ser querellante en 39 causas que involucran a 40 ex funcionarios públicos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kircher, investigados, procesados o condenados por corrupción.

La OA también intervino como querellante en la causa Ciccone, en la que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou por negociaciones incompatibles y cohecho. El organismo pidió, incluso, la indagatoria a Ricardo Echegaray. Pero bajo la gestión de Crous, desistió de ese rol en el expediente. Además, abandonó su papel de acusador en la causa conocida como The Old Fund - la empresa vinculada a Boudou que compró Ciccone - donde se investigaron las coimas cobradas por esa sociedad fantasma y pagadas por el gobierno de Formosa para un asesoramiento inexistente. Esa causa -en la que está involucrado el gobernador formoseño Gildo Insfrán- pasó a la justicia ordinaria de Formosa.

Boudou, ex vicepresidente y ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, fue condenado en agosto de 2018 por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Recibió 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Fue acusado de haber adquirido a través de terceros la compañía para quedarse con la impresión de billetes y documentación oficial del Estado nacional aprovechando su condición de funcionario público. En julio de 2021, el juez de ejecución penal Ricardo Basílico le concedió la libertad condicional, después de que le redujeran 11 meses la condena. Había estado el último año y medio bajo arresto domiciliario, monitoreado con una tobillera electrónica en una casa con pileta y quincho en Avellaneda.

La OA se retiró, a su vez, en otro expediente que se desprendió del de Ciccone, que sigue el rastro de la ruta del dinero usado para la compra de la imprenta de billetes y en el que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Boudou. En esta causa, de la que este mes se cumplen siete años desde su indagatoria por parte del juez Ariel Lijo, sigue sin resolverse su situación procesal.

Un caso anterior impulsado por la OA es el de Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el gobierno de Néstor Kirchner, condenada a tres años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la devolución de casi $7 millones por haber utilizado fondos públicos para gastos personales cuando estuvo al frente de ese organismo entre 2006 y 2007. La sentencia fue confirmada en julio pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Entre los ex funcionarios condenados por corrupción, también figuran los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. La OA se constituyó en querellante en la causa contra Jaime por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en el soterramiento del tren Sarmiento, obra adjudicada a la brasileña Odebrecht y la argentina IECSA, en ese momento propiedad de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. La OA fue aceptada como querellante en 2017, pero desistió de impulsar el proceso tres años más tarde. El organismo también intervino en el caso de los “trenes chatarra”, en el que fue condenado junto a su asesor Manuel Vázquez, el ex ministro Julio De Vido - de quien dependía el área de Transporte - por la compra de material ferroviario en mal estado a España y Portugal por $25 millones de euros.

Otra de las investigaciones judiciales contra Jaime se centró en la maniobra por la cual el Belgrano Cargas recibió pagos del Estado en concepto de reintegros de gastos, en base a la presentación de facturas apócrifas. La OA había solicitado ser parte querellante en 2012, pero se retiró en 2020.

En tanto, la investigación contra Schiavi se abrió por irregularidades en los subsidios al transporte y en la gestión de la SUBE.

El organismo anticorrupción también impulsó distintos expedientes contra De Vido, otrora poderoso ministro de Planificación Federal. En una de ellos, está acusado junto a su segundo Roberto Barata, por el presunto pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. En la causa conocida como Once II, la Justicia lo consideró responsable de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por no haber intervenido, en su rol para controlar la gestión de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y la prestación del servicio. La Corte Suprema de Justicia confirmó la responsabilidad penal del ex ministro en agosto pasado pero habilitó un planteo de la defensa para revisar la pena. Había sido sentenciado a cinco años y ocho meses. Ahora el caso volverá a la Cámara Federal de Casación para fijar un nuevo monto.

La OA intervino además en la causa por irregularidades en la empresa Yacimiento Carboníferos Río Turbio, que tiene a De Vido como su principal acusado. En ese expediente, el ex ministro fue detenido por primera vez, acusado de un presunto fraude al Estado vinculado con la reactivación de esa mina en Santa Cruz. La causa se inició en 2016 para investigar el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos $264 millones. La OA se sumó como querellante en ese expediente en 2018, pero desistió de serlo dos años después con el cambio de Gobierno.

El organismo impulsó la investigación también contra Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica, abierto en su contra por enriquecimiento ilícito, aunque luego se retiró de la querella. El ex funcionario fue finalmente sobreseido en noviembre de 2022 por la falta de un informe pericial oficial conclusivo y determinante sobre su aumento patrimonial.

La Oficina Anticorrupción también pidió participar en la acusación contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ministro de Salud Daniel Gollán, en el gobierno de Cristina Kirchner, procesados por supuesto fraude en el Plan Qunita, a través del diseño del pliego “a medida” para favorecer a determinadas empresas. El programa consistía en el otorgamiento oficial de kits maternales para mujeres embarazadas. En julio de 2021, finalmente, todos los acusados resultaron sobreseidos.

Aníbal Fernández había sido también denunciado, mientras ocupaba ese cargo, por el otorgamiento de subsidios por $56 millones para construir canchas de hockey, una en cada provincia del país. La OA solicitó en febrero de 2018 su indagatoria, junto a la de su sucesor Jorge Capitanich. Pero dejó de impulsar el expediente en el gobierno del Frente de Todos.

Entre otros expedientes en los que la OA se retiró como acusadora figura el del enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López, condenado en 2019, después de que fuera descubierto tres años antes con bolsos con USD 9 millones en un convento de General Rodríguez. La OA había ejercido el rol de querellante y el ex funcionario recibió una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia también ordenó el decomiso del dinero y bienes incautados al ex funcionario.

Otra investigación en la que intervino la OA hasta la llegada de Crous fue la del enriquecimiento ilícito del ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo, César Milani, quien fue investigado por no haber podido justificar los ingresos para la compra de su casa en San Isidro. El Tribunal Oral Federal 7 lo absolvió en septiembre de 2022, pero en la Cámara de Casación, en un fallo dividido, ordenó dictar en agosto de 2023 una nueva sentencia apuntando a la condena, por considerar que el fallo del Tribunal había sido “arbitrario”.

La Oficina Anticorrupción se presentó como querellante durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el organismo estuvo a cargo de la ex diputada del PRO Laura Alonso, en 39 expedientes, en su gran mayoría contra funcionarios kirchneristas. Por este “sesgo” en las acusaciones, la ex titular de la OA fue criticada por la oposición al gobierno de Cambiemos. “La relevancia de todas las querellas de la OA, la UIF y AFIP fue insoslayable por lo que ha sucedido en todas las causas donde la decisión institucional fue avanzar, incluso pese al mutismo de la OA en los años de Alberto Fernández, porque los juicios y las condenas continuaron”, señaló en su momento Alonso en diálogo con Infobae. “Y para avanzar, no solo se necesita el liderazgo personal de las instituciones, necesitás que la Presidencia genere un clima político-institucional que le de comodidad a los organismo para avanzar con las querellas”, agregó.