Alimentos: Grabois denunciará al Gobierno ante CIDH y Capital Humano dijo que los datos y las definiciones “son falsos”

El abogado y dirigente social y político Juan Grabois, denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno de Javier Milei por la “destrucción de las políticas sociales”, sobre todo, la discontinuar en entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios desde el 10 de diciembre de 2023. En la audiencia, prevista para el 14 de noviembre, también brindará testimonio Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). “Las políticas de La Libertad Avanza significaron un claro retroceso en términos de derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, expresó.

En diálogo con este medio, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, aseguran que las argumentaciones del ex precandidato presidencial de Unión por la Patria no son veraces. “Los datos, las definiciones y la posición “son falsos”, argumentan.

“Los sectores sociales que la UTEP, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO), que dice representar Grabois y las otras personas que van a exponer contra el Gobierno ante la CIDH, ¿están más marginados o más empoderados desde que Javier Milei es Presidente? se preguntan desde la cartera a cargo de Pettovello y responden: “En Argentina, el acceso a los derechos sociales ha evolucionado desde un modelo dependiente de la discrecionalidad de organizaciones sociales, punteros políticos y otros intermediarios hacia un enfoque que garantiza el acceso directo y efectivo de las personas a estos derechos. El objetivo es que las familias puedan ejercer su autonomía, asegurar su sustento en sus propios hogares y tomar decisiones sobre cómo y cuándo gestionar sus necesidades, sin depender de actores externos”, argumentan, y recuerdan: “En el pasado, las políticas de apoyo a los trabajadores de la economía popular se tercerizaban en unidades de gestión financiadas por el Estado, cuya selección se basaba frecuentemente en afinidades políticas, más que en criterios objetivos o evidencia comprobada de mejora en la empleabilidad de las personas. Como resultado, estos trabajadores quedaban atrapados en el clientelismo político, y la protección de sus derechos quedaba en manos de quienes, aunque afirmaban estar a su servicio, respondían en realidad a intereses políticos de turno y a la supervivencia de sus propias organizaciones”.

Los funcionarios de La Libertad Avanza, que deberán defender su posición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirman que: “Es relevante señalar que se han registrado cientos de denuncias relacionadas con la gestión de planes sociales. Este aumento en las denuncias refleja que la población ha perdido el miedo y reconoce su doble victimización. Entre las principales acusaciones se incluyen amenazas a beneficiarios de planes sociales que se negaron a participar en marchas organizadas por ciertas agrupaciones”.

La solicitud de audiencia -y la aceptación- ante CIDH, según explicaron ante Infobae tanto Grabois como Gramajo, “se enmarca en la preocupación” por lo que consideran un “desmantelamiento de las políticas sociales y alimentarias en Argentina bajo el actual gobierno de Javier Milei”. La audiencia, que se llevará adelante el miércoles 14 de noviembre en Washington, el referente de Argentina Humano, como abogado convocado por la UTEP, y Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita, que tiene como líder a Emilio Pérsico, ex secretario de Economía Social de Alberto Fernández, argumentarán que desde la llegada de La Libertad Avanza al poder el 10 de diciembre de 2023 se registra lo que describen como “una crisis humanitaria en los sectores más vulnerables del país”.

Gramajo afirmó que la falta de apoyo estatal representa una violación de derechos fundamentales, especialmente de niños, adolescentes, jubilados y trabajadores informales, protegidos por tratados internacionales con jerarquía constitucional en Argentina”.

La presentación ante la CIDH incluye una evaluación detallada de políticas clave como el Potenciar Trabajo, el Monotributo Social y el Programa de Integración Socio Urbana, en un contexto donde estas iniciativas han sido, según UTEP, “paralizadas o reducidas drásticamente desde diciembre de 2023″ y advierten que “este deterioro, va en contra de los principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, los cuales reconocen el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación y a una vivienda digna”.

Desde Capital Humano, como ya lo vienen sosteniendo ante los juzgados en los que tramitan las causas por lo que la UTEP y el CELS entienden que es una falta de distribución de comida a los sectores más vulnerables a través de los comedores, se sostiene que la administración de Milei, tal como había prometido, terminó con la intermediación de “los gerentes de la pobreza” y “el 86% de los recursos se transfieren directamente a las familias”. Lo explican así.

• En diciembre de 2023, el 50% de los recursos destinados a las familias más vulnerables se distribuía a través de intermediarios, como Unidades Ejecutoras del programa Potenciar Trabajo, comedores y cooperativas, mientras que el otro 50% se transfería directamente a las familias a través de la AUH, Alimentar y el programa 1000 Días.
• Para octubre de 2024, esta distribución se modificó sustancialmente, con un 86% de los recursos ejecutados mediante transferencias directas a las familias (AUH + Alimentar + 1000 Días) y solo un 14% canalizado a través de otros programas sociales.
• Además, la AUH incrementó su poder de compra en un 50% desde la asunción de la nueva administración, que desde el inicio implementó medidas para apuntalar este ingreso. Por ejemplo, en enero de 2024 se incrementó el monto de todas las prestaciones de la AUH en un 100%.
• En el período diciembre 2019 - noviembre 2023, que abarcó la presidencia de Alberto Fernández, el poder de compra de la AUH -medido como AUH sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC)- cayó 37%. El contraste es claro: en enero 2024 la AUH ya había alcanzado el nivel de compra de diciembre 2019 y desde hace tres meses tiene un poder de compra más de 20% mayor que el que tenía cuando Alberto Fernández entró al gobierno. En otras palabras, no solo se consolidó una recuperación del poder de compra de la AUH, sino que este aumentó considerablemente desde la asunción de Javier Milei en diciembre pasado.
• Se implementó un cambio en la fórmula de movilidad, ajustando el valor de la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y el programa 1000 Días mensualmente según el IPC.
• Finalmente, se amplió el universo de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, que cubría de 0 a 14 años, y se extendió la cobertura hasta los 17 años, lo que permitió que a partir de octubre unos 500 mil adolescentes se sumaran esta prestación.

La intervención de la UTEP en la CIDH se suma a una serie de reclamos tanto a nivel nacional como internacional, en respuesta a decisiones gubernamentales que, según la organización, y a pesar de los números que esgrime la administración de La Libertad Avanza, “han deteriorado las condiciones de vida de los sectores más vulnerables”. Y recuerdan que: “En los últimos meses, la UTEP denunció que el Ministerio de Capital Humano, incumplió con órdenes judiciales de ocho jueces federales que exigían garantizar la asistencia alimentaria a poblaciones en situación de riesgo”. Y entienden que: “Esta falta de acción judicialmente mandatada es uno de los elementos clave que la UTEP expondrá ante la CIDH, en un intento de resaltar lo que considera una ‘miseria planificada’ que está afectando a miles de argentinos”.

Para Gramajo, “la situación va más allá de una gestión ineficaz, al señalar una supuesta intención deliberada del Estado de desmantelar los derechos sociales” y recordó que: “Estamos sufriendo un retroceso en todos esos derechos”.

Desde Capital Humano no tienen contemplaciones al calificar la presentación que realizarán los dirigentes sociales ante la CIDH cuya resolución no es vinculante. “Si no hubiésemos implementado estas medidas ¿en qué situación estaríamos?”, se preguntan desde la Casa Rosada de manera retórica porque ya tienen una respuesta:

• ”Sin la nueva fórmula de actualización, el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se habría mantenido en un 36,4% de la canasta básica alimentaria. Sin embargo, gracias a la actualización del monto en enero, dicho poder de compra aumentó significativamente, alcanzando el 60,7% en agosto de 2024, lo que supone un incremento de 34,21 puntos porcentuales”.
• ”El cambio de la fórmula de actualización a partir de julio 2024 -ajustando el valor mensualmente por una fórmula basada en el IPC- garantiza que la AUH no pierda poder de compra”.
• ”Al sumar el monto de la prestación Tarjeta Alimentar, el poder de compra combinado de ambas prestaciones llega al 98% de la canasta básica alimentaria, lo que mejora de manera notable la capacidad de las familias beneficiarias para cubrir sus necesidades esenciales”.

Natalia Zarza, referente socio-comunitaria de la UTEP discrepa con las políticas de la Casa Rosada: “Es importante ir a poner nuestra voz de protagonistas de la economía popular de Argentina frente a estas políticas de hambre y retroceso que está implementando el Gobierno de Milei. Nuestro sector es el que peor la está pasando porque no puede ni siquiera llevar un plato de comida para su familia”.

Sandra Pettovello y los funcionarios que están a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, recordaron ante una consulta de este medio que: “Las modificaciones en el Programa Potenciar Trabajo, ahora denominado VAT (Volver al Trabajo) impulsa la Inserción Laboral y que para ellos “se habilitó la inscripción de los beneficiarios en el Portal de Empleo, un espacio gestionado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social” y que: “A través de esta plataforma, los beneficiarios pueden acceder a capacitaciones, cargar su currículum, buscar ofertas de empleo activas y explorar otros programas y beneficios disponibles”. También recordaron que: “Ahora, los beneficiarios pueden continuar en el VAT incluso si obtienen un trabajo en relación de dependencia en el sector privado, siempre que este empleo haya comenzado después de su ingreso al programa y que su remuneración bruta mensual no supere tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, se permite la compatibilidad con otros programas de alta inserción laboral, como el Programa de Inserción Laboral (PIL)”.

Para el secretario general de la UTEP, que también fue funcionario en el gobierno de Alberto Fernández en el ex Ministerio de Desarrollo Social los alimentos son solo una parte de la “destrucción de las políticas sociales” del Gobierno. Entre otros temas que expondrá en la CIDH destacan: la paralización de obras en los barrios populares; el congelamiento del salario social complementario; el desfinancianiento de las unidades productivas y el desabastecimiento a los comedores comunitarios.

Por el contrario, desde La Libertad Avanza precisan que: “En base al plan económico del Gobierno, la reducción de la inflación y la decisión de priorizar las transferencias directas, los índices de pobreza ya mostraban una reducción entre el primero y el segundo trimestre de 2024, luego de haber alcanzado su pico en el mes de marzo”. Y explican que: “Así lo remarca el reporte Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina UCA, que señala que en marzo la pobreza había alcanzado al 55,9% y en junio, 49,4%. En tanto, la indigencia bajó de 20,3% a 15,9% en ese período”.

Como otro punto a favor, desde el entorno de Sandra Pettovello resaltaron la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Walter Lara Correa, emitió una sentencia en el marco de la implementación de las políticas alimentarias a los comedores, quien según el escrito “ratificó la legalidad y el enfoque progresivo de las acciones desplegadas por el Ministerio de Capital Humano”. En un comunicado oficial la cartera de Pettovello resaltó que: “La sentencia establece que el Ministerio ha actuado dentro del marco normativo vigente, fomentando la continuidad y el mantenimiento de los programas sociales” y que la sentencia judicial “reafirma la continuidad de las políticas públicas desplegadas por el Ministerio, con la facultad del Poder Ejecutivo para reestructurar y priorizar los programas de acuerdo con las necesidades del país”.

El fallo de fondo de Lara Correa, que también será invocado en la audiencia de la CIDH destaca que que: “El derecho a la alimentación es una obligación del Estado que debe ser atendida de manera continua y progresiva, evitando cualquier tipo de regresividad (…) y que “los principales beneficiarios de este derecho son las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Grabois y Gramajo solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “realice una visita a la Argentina con el fin de observar la situación general de los derechos humanos en el país, en particular la vulneración de derechos de los y las trabajadoras de la economía popular, y elabore un informe de situación de país dada la gravedad y el número de retrocesos recientes en materia de derechos humanos.

Desde Casa Rosada aseguran que a la audiencia asistirá un representante del Gobierno; que fijará la posición del Ministerio de Capital Humano. Desde enero de 2024, la CIDH se integra por Andrea Pochak (Argentina); Edgar Stuardo Ralón Orellana (Guatemala); Arif Bulkan (Guyana); Gloria Monique de Mees (Surinam); Margarette May Macaulay (Jamaica); Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá); y Julissa Mantilla Falcón (Perú). Estos comisionados desempeñan sus funciones de manera independiente y a título personal, sin representar a sus países de origen.

Las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorias en el sentido estricto, ya que la CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sin facultades coercitivas para hacer cumplir sus decisiones.