Luego de una semana marcada por los paros salvajes de trabajadores en los aeropuertos y la decisión del Gobierno de desregular el servicio de rampas para terminar así con el monopolio de la estatal Intercargo, las autoridades nacionales recibirán este lunes a los sindicatos de pilotos y aeronavegantes, con el objetivo de evitar otra medida de fuerza.
Mientras toma fuerza en la Casa Rosada la idea de cerrar Aerolíneas Argentinas, ante la dificultad para el oficialismo de aprobar en el Congreso su privatización, el Poder Ejecutivo sigue con las negociaciones paritarias con el sector y busca que no se agrave el conflicto.
En las próximas horas tiene previsto recibir a los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que días atrás rechazaron una oferta presentada por la compañía de bandera.
Al salir de la última reunión, el secretario Gremial de APLA, Mateo Ferrería, que estuvo en lugar de Pablo Biró, calificó de “positivo” el encuentro y prometió que, mientras duren las conversaciones entre las partes, el sindicato ha decidido levantar “todas las medidas de fuerza”.
Por su parte, en una entrevista que brindó a Radio Mitre, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, advirtió hoy que “el Gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para que los pasajeros no sean rehenes” ante un posible paro, si es que el gremio no cumple su palabra.
“Nosotros verdaderamente esperamos que ya se empiece a establecer este periodo de negociación, donde una de las condiciones especiales para este período que están puestas sobre la mesa es que no existan medidas de fuerza. Esto es claro. Yo no puedo estar negociando con medidas de fuerza de uno de los negociadores, es como si yo te dijera ‘bueno, ok, te voy a despedir personas y ahora me siento en mi negocio, te hice un montón de despidos, te investigo, no despidos justificados, sino despido porque quiero y entonces me siento a negociar’. O sea, de la misma manera, uno espera que no haya medidas de fuerza del otro lado, pero si eso no sucede, se tomarán todas las recaudas que haya que tomar”, señaló.
La semana en la que recrudeció el conflicto
El miércoles y el jueves pasado se desarrollaron diferentes protestas y asambleas por parte de los trabajadores de Intercargo, lo cual afectó a cientos de pasajeros que quedaron atrapados en los aviones sin poder bajar.
En respuesta, las autoridades nacionales despidieron a 15 empleados de la compañía, que presta servicios de rampa, y anunciaron la desregulación de esa tarea en todos los aeropuertos, permitiendo la entrada de empresas privadas.
Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que la administración del presidente Javier Milei ya está conversando con los empleados de Aerolíneas Argentinas por el futuro de la firma e insistió con que, si no aceptan su privatización, están decididos a cerrarla.
No obstante, los sindicatos sostuvieron que en las reuniones con los representantes del Poder Ejecutivo y de la aerolínea de bandera se está discutiendo solamente el reclamo de aumento salarial, que a su entender acumula un atraso del 86% respecto de diciembre pasado, pero que el futuro de la compañía “tiene que darse en otro canal”.
“Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”, agregó, por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
En las últimas horas, el Gobierno les exigió a los gremios del sector que presenten un programa para que la compañía funcione sin conflictos o de lo contrario, el Poder Ejecutivo pedirá que entre en un Plan Preventivo de Crisis, que derivará en su cierre definitivo.
El viernes, sin sus secretarios generales y con la presencia de sus secretarios de Gremiales, los sindicatos aeronáuticos comenzaron a negociar salarios con Aerolíneas Argentinas. En las reuniones, que se llevaron a cabo en el edificio de Aerolíneas en Aeroparque, las autoridades de la empresa mostraron “predisposición” a avanzar en las negociaciones, afirmaron fuentes sindicales, que anticiparon que se abre una tregua temporaria sin nuevas medidas de fuerza a la espera de ver cómo evolucionan las conversaciones para intentar un aumento salarial.
En el medio del conflicto, el Poder Ejecutivo quiere llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo que benefició a APLA, el sindicato que conduce Pablo Biró, para que sea revocado. Se trata de una medida cautelar que frenó la aplicación de los decretos por los cuáles se le dio la categoría de servicio esencial al sistema de aeronavegación civil.
Fuentes judiciales señalaron a Infobae que la Secretaría de Transporte y la Procuración del Tesoro de la Nación apelaron el fallo de la Cámara del Trabajo en el que se confirmó parcialmente una medida cautelar a favor de APLA por tres meses.
El conflicto judicial se da por la judicialización de APLA de los decretos 825 y 831 por los cuáles a mediados de septiembre se dispuso que el servicio de aeronavegación sea esencial. Eso implicaba que ante una medida de fuerza los gremios deben informarla con cinco días de anticipación y que en la huelga deben prestar como mínimo el 50 por ciento del servicio para no afectar a los pasajeros.
El juez del trabajo de primera instancia Ricardo Hierrezuelo dictó una medida cautelar que suspendió por tres meses la vigencia de los decretos. El magistrado sostuvo que “el derecho de huelga se encuentra expresamente reconocido en nuestro país a partir de la incorporación del art. 14bis de la C.N. en el año 1957″ y que fue ratificado por tratados internacionales, entre ellos el convenio de 1987 con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).