Mapuches presentaron un recurso extraordinario para que no los desalojen del Parque Los Alerces

Buscan neutralizar la resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que rechazó la apelación que presentó la comunidad Lof Paillako y ordenó que se retiren del predio

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El predio usurpado por la comunidad Lof Paillako
El predio usurpado por la comunidad Lof Paillako

Los mapuches que en el 2020 usurparon la seccional de guardaparques “El Maitenal“ en el Parque Nacional Los Alerces se juegan la última carta. Luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenara la restitución de las tierras al gobierno nacional, lo que habilitó la posibilidad de que sean desalojados, los integrantes de la comunidad Lof Paillako acudieron a la Corte Federal para intentar permanecer en el territorio.

Según trascendió, los abogados que asesoran a los acusados elevaron un recurso extraordinario federal en el que hicieron foco en la preexistencia de los mapuches en las tierras en conflicto.

El recurso fue presentado en la Cámara Federal de Comodoro que evaluará la posible elevación a la corte. En estos momentos, el expediente es analizado por el Ministerio Público.

Cuando transcurrían las restricciones por la pandemia, Ernesto Cruz Cárdenas encabezó al grupo que irrumpió de forma violenta en la seccional de guardaparques, la ex población Felidor Salinas y el valle del arroyo Cascada, en el corazón del Parque Nacional, donde tomó posesión y construyó galpones y viviendas.

La Administración de Parques Nacionales denunció a los intrusos, aunque durante la gestión del ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, apañó a los violentos e hizo intentos moderados para recuperar la posesión.

Esa conducción convocó a una resolución alternativa del conflicto, dando intervención a las partes, al Ministerio de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El convite fracasó.

Parque Nacional Los Alerces
Parque Nacional Los Alerces

La nueva conducción del organismo nacional, con Cristian Larsen al frente, cambió de actitud y aseguró que no estaba entre sus planes negociar “con los violentos”. La causa judicial se reactivó y el juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó el desalojo. La Cámara Federal de Chubut avaló el fallo, rechazó la apelación que presentaron los mapuches y ordenó el desalojo.

Ahora la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina inició “la última etapa de resistencia” para tratar de permanecer en las tierras.

El recurso extraordinario menciona que el sitio, como otros “bellos lugares turísticos” estaban poblados por los Pueblos Originarios y sus habitantes preexistentes “eran dueños de todo”.

Para los abogados, el ex brigadista de incendios forestales Cruz Cárdenas y su pareja María Belén Salinas, líderes de la comunidad, tienen “probados antecedentes de su presencia” en el lugar.

Cárdenas fue señalado como presunto responsable de los devastadores incendios forestales que arrasaron con más de 10 mil hectáreas de bosque nativo en los últimos años. Lo acusó el gobernador chubutense Ignacio Torres y también funcionarios de Parques Nacionales.

Para los mapuches, esa sospecha no es más que una “estigmatización y demonización”, a partir de “falsas denuncias”.

La Gremial admite que es la última instancia a la que puede acceder para revertir el desalojo, aunque tiene escasas expectativas sobre el fallo definitivo. “La Corte no es distinta a los jueves y Tribunales inferiores”, mencionaron los letrados, es decir que el caso se encamina a la restitución de las tierras al organismo nacional.

En un fallo reciente, la justicia rionegrina probó que los integrantes de una comunidad que usurpó un predio privado tenían arraigo ancestral. Sin embargo, dicha comprobación no bastó para eximirlos del delito que habían cometido, ya que los integrantes de la comunidad Buenuleo ingresaron de forma intempestiva a un predio ubicado cerca de Bariloche.

Con esa lógica, el recurso que empleó la Gremial de Abogados con la lof Paillako podría resultar adversa. Sin embargo, y teniendo en cuenta ese antecedente, el objetivo que busca es dilatar la orden de desalojo vigente, cuya ejecución es inminente y para la cual la cuenta regresiva ya está en marcha.

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