El Gobierno remató en USD 150.000 un dúplex decomisado en la causa del Clan Aliaga por trata de personas

En su estrategia de avanzar con el ajuste del Estado y recaudar recursos para las arcas públicas, además de habilitar para la venta recientemente más de 300 inmuebles propiedad de la Administración Pública Nacional, el Gobierno continuó con el remate de bienes decomisados por la Justicia. Ayer vendió en USD 150.000 un dúplex en el barrio porteño de Flores incautado a los acusados en la causa del Clan Aliaga. Se la conoce así por el apellido del grupo familiar acusado de la explotación laboral y privación de la libertad de ciudadanos bolivianos a los que obligaban a trabajar en talleres clandestinos de costura. Los fondos serán destinados al Fideicomiso de Administración Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, para afrontar compensaciones dispuestas por la Justicia para las víctimas.

La subasta la concretó ayer la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por medio del sistema de gestión electrónica oficial Subast.ar. El monto ofertado por el ganador de la subasta está apenas por debajo del precio base de USD 150.414. Es el cuarto remate realizado en lo que va de esta gestión de inmuebles decomisados en investigaciones judiciales por corrupción, trata o narcotráfico. Los tres inmuebles con ese origen ya subastados en lo que va de 2024 le implicaron al Estado una recaudación de USD 1.346.291 en total.

La decisión se enmarca en la ampliación de facultades que le dio a la AABE el decreto 636/2024 del 19 de julio pasado, para realizar un relevamiento actualizado de los inmuebles, vehículos, barcos, maquinarias pertenecientes al Estado, y venderlos llegado el caso, y administrar bienes sujetos a procesos judiciales de extinción de dominio. Con ese objetivo, a finales de agosto, la AABE -a cargo de Nicolás Pakgojz- puso en marcha la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Bienes Decomisados, destinada a “articular y dirigir, en coordinación con las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, las distintas acciones conducentes a la organización de los bienes que ingresen al patrimonio del Estado Nacional, como consecuencia de decomisos efectuados por el Poder Judicial”, según informó el organismo en un comunicado. El objetivo es “agilizar los tiempos” de remate de esos bienes, para “garantizar la reutilización social de bienes secuestrados al delito”.

La propiedad vendida ayer es una casa de dos pisos ubicada en la calle Bacacay 3591, de 177 m², ubicada en Flores, a pocas cuadras de la avenida Avellaneda donde se comercializa ropa confeccionada en talleres clandestinos. Cuenta con tres plantas; cochera; sala de estar y comedor; baño completo y toilette; cocina; patio y terraza; y tres habitaciones.

Esta vivienda era utilizada como centro de distribución y stockeo de lo producido en otras dos casas, ubicadas en Cajaravilla 4675 y 4726, en el barrio porteño de Villa Luro, donde funcionaban talleres de costuras ilegales en los que la familia Aliaga explotaba a 34 hombres y mujeres de nacionalidad boliviana, con sus hijos, todos menores de edad. Una vez finalizada la producción, la mercadería era trasladada al domicilio de Bacacay 3591, ubicado a pocas cuadras de la avenida Avellaneda donde se encontraban los locales de venta al público. Con jornadas de 17 horas de trabajo, las víctimas trabajaban y vivían en condiciones muy precarias, de hacinamiento y privados de su libertad.

Una de estas dos viviendas, la ubicada sobre la calle Cajaravilla 4675, se subastará el próximo 26 de noviembre. Con 488 m2 de terreno y 345 m2 de superficie cubierta, saldrá a la venta con un precio base de USD 228.676. Cuenta con una vivienda con acceso por puerta principal y cochera; un cuarto de estar; cocina; un pasillo de distribución; dos dormitorios; y un baño. A su vez, desde la cocina y la cochera se accede a un patio que conforma la segunda parte del inmueble: un pasillo descubierto de distribución a varias habitaciones. En tanto, hacia el fondo del terreno se encuentran dos baños; una ducha; un taller de grandes dimensiones; y una escalera donde se accede a la terraza.

En esta causa, están procesados con prisión preventiva Kjara Moisés Aliaga y sus cuatro hijos: Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo. La causa tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, y se inició a raíz de la denuncia presentada por Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Se presentaron dos oferentes, Samuel Marymberg - un joven empresario que presentó una garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego de USD 2.500 -, y Carolina Luizaga, cuya garantía fue de USD 2.257, el mínimo fijado en el proceso de subasta equivalente al 1,5% del precio base de subasta del inmueble. Desde la AABE se negaron a informar quién de los dos ganó la subasta por haber ofertado el mejor precio , hasta que se formalice la adjudicación una vez completada la verificación de la documentación y el depósito del dinero de la compra.

Pese a su juventud - 27 años - Marynberg acumula antecedentes comerciales en el rubro inversor e inmobiliario. Es socio de Centaurus Desarrollo Inmobiliario e integró la sociedad de bolsa Centaurus Securities SA, aunque vendió sus acciones en 2012, según surge de la base de datos comerciales Nosis. Fundó, además de la firma de tecnología Vulcan Tech SA. En junio de 2023, Marynberg se había quedado con la subasta de un inmueble sobre la Avenida Santa Fe 2435 en la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.

Luizaga, con antecedentes en el sector turístico, es actualmente empleada de OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios.

En lo que queda de noviembre y principios de diciembre, la AABE subastará otras cuatro propiedades decomisadas por la Justicia. Una, en esta misma causa del Clan Aliaga, y otras dos en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su entorno, incautados en el marco del caso conocido como “Cuadernos de las coimas”.

Una está en la calle Pedro Ignacio Rivera 5761 al 5769, en el barrio de Villa Urquiza. Con un precio base de USD 734.215, se trata de un edificio de planta baja, dos pisos y altillo sobre un terreno de 690 m² y 1.245 m² de superficie cubierta, que pertenecía a Muñoz y Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner. El edificio iba a ser subastado en septiembre, pero el remate se prorrogó para este 29 de noviembre.

La propiedad cuenta con tres entradas: una, por donde se accede a un estacionamiento de dos niveles; otra que da ingreso a cuatro oficinas; y la tercera, que permite acceder a tres departamentos. Allí funcionaban las oficinas de Muñoz desde donde salían los bolsos y mochilas con dinero para las financieras que se encargaban de mandarlo al exterior. A su vez, en dicha propiedad, Muñoz guardaba su colección de autos.

A su vez, como parte de los inmuebles decomisados en el contexto de la causa “Cuadernos”, el 6 de diciembre próximo también será subastada una vivienda de 639 m² ubicada en Av. Salvador María del Carril 3744/46, en el barrio porteño de Villa Devoto. El inmueble cuenta con cuatro plantas, quincho, gimnasio, sauna y cocheras. Saldrá con un precio base de USD 926.263. Esta propiedad, que figuraba a nombre de Madaco SA, siempre estuvo alquilada. La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, confesó en el expediente judicial que cobraba ese alquiler y el de unas cocheras.