La disolución de la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP) no solo está generando complicaciones en el sector privado, que ahora debe realizar trámites mediante formularios y aplicaciones que aún no llevan el logo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sino que también ha activado reclamos de las provincias. El primero en hacerlo fue el gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, quien instruyó a sus dos senadores para avanzar con un proyecto que devuelva los fondos que la AFIP retenía de los impuestos coparticipables y que utilizaba para financiar sus actividades.
En este sentido, los senadores nacionales de la UCR por la provincia de Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, presentaron esta semana un proyecto de ley para que el Gobierno nacional regrese a las provincias el 1,9% de los impuestos coparticipables que usaba la ya disuelta AFIP para sus operaciones.
“El cierre de la AFIP es una acertada decisión para recortar gastos innecesarios en el Estado. Este organismo se financiaba, entre otras fuentes, con impuestos que retenía a las provincias. Por eso hemos presentado, junto a Rodolfo Suárez, un proyecto para que se restituyan en forma inmediata los más de $640 mil millones que pertenecen a las 24 jurisdicciones”, explicó la senadora mendocina. Según detalla la legisladora, esta facultad para retener parte de los impuestos convirtió a la AFIP en la “cuarta provincia argentina” en términos de distribución de ingresos, una potestad que le fue concedida “por un decreto nacional en 2001. Es hora de cambiarlo y que las provincias donde se origina la actividad económica reciban los fondos que les corresponden”.
De acuerdo con datos oficiales, la AFIP se queda con más fondos que los que reciben 12 de las 24 jurisdicciones: Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa, que espera tratamiento en el Senado de la Nación, propone que los fondos que el organismo nacional ha retenido al conjunto de las jurisdicciones argentinas se distribuyan en adelante entre estas. Para dimensionar el monto, los legisladores señalan en los considerandos del proyecto que en el ejercicio 2023 la AFIP retuvo $643 mil millones, lo que representa el 0,34% del PBI.
El proyecto de ley, que consta de dos artículos y un tercero de forma, establece en su primer artículo la derogación de los artículos 1º y 4º del decreto 1299/01 y de toda norma posterior que los modifique. En el segundo artículo, pone en cabeza del Ministerio de Economía la obligación de “arbitrar todos los medios necesarios para la inclusión y el reparto entre las provincias de los recursos coparticipables” que la AFIP retiene en aplicación del decreto de 2001.
Los legisladores también argumentan la necesidad de “repatriar” esos fondos a las provincias por el nivel de gasto que tiene la AFIP en comparación con otros organismos nacionales, en particular dos que están en pugna con la Casa Rosada para obtener fondos. En su proyecto, señalan que los gastos de la AFIP son significativamente mayores: el gasto de AFIP en 2022 ($331 mil millones) superó con creces el del Conicet ($80 mil millones) y fue la mitad del presupuesto de todas las universidades nacionales argentinas ($599 mil millones).
Finalmente, mencionan la ley que distribuye los ingresos entre la Nación y las provincias —un 56% para la Nación y un 44% para las provincias— y subrayan que “esta afectación fue realizada en 2001 mediante un Decreto del Poder Ejecutivo, sin una modificación legislativa explícita de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y sin que mediara acuerdo de las provincias”.
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