La SIGEN lleva a la UBA a la Justicia para rendir cuenta sobre los fondos transferidos por el Estado

• La SIGEN denunció a la UBA para acceder a documentación sobre el uso de fondos públicos.
• El rector Ricardo Jorge Gelpi se opone, cuestionando la constitucionalidad de la medida.
• El conflicto gira en torno a la autonomía universitaria y el control de recursos estatales.

Lo esencial: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), respaldada por el Procurador del Tesoro, presentó una demanda judicial para que la Universidad de Buenos Aires (UBA) entregue la documentación requerida sobre los fondos transferidos por el Estado. La medida busca cumplir con la Ley de Educación Superior y la Ley de Administración Financiera, que requieren rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. En rechazo, el rector Gelpi solicitó una medida cautelar, alegando que el control de la SIGEN vulnera la autonomía universitaria, protegida por la Constitución. El caso está en manos de la jueza Rita Ailan.

En un nuevo enfrentamiento entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), este miércoles el Síndico General de la Nación, Miguel Blanco, se presentó ante la Justicia para que la casa de altos estudios entregue al organismo de control, que depende de Presidencia de la Nación, la documentación que se le demanda para “rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional y facilitar a la SIGEN la información y documentación para auditar la aplicación de esos recursos”.

La medida interpuesta por Blanco se llevó a cabo en el marco de la negativa del rector Ricardo Jorge Gelpi a ser auditado, a pesar de que la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular es Rodolfo Barra, firmó una resolución que habilita a la SIGEN a ser compulsada, al igual que al resto de las Universidades Nacionales. La decisión del ex ministro de Justicia de Carlos Saúl Menem se comunicó en medio del conflicto universitario, que incluyó toma de edificios y medidas de fuerza que continúan, luego de que el presidente Javier Milei firmara el veto al financiamiento universitario.

A través de una nota firmada por el Síndico General de la Nación el pasado 22 de octubre, se le comunicó a Gelpi que la UBA sería la primera institución en ser auditada. El rector no se dio por enterado; por esa razón, el equipo de la SIGEN remitió en mano en la mesa de entradas de la Rectoría de la UBA, la nota que indica que comenzarán los trabajos programados en esa casa de estudios.

Apenas se conoció la decisión del Procurador del Tesoro, la UBA impulsó una acción declarativa de certeza y una medida cautelar para que frene el avance de ente de control gubernamental sobre su funcionamiento. La demanda sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo es “inconstitucional”, atenta contra “el principio de división de poderes” y vulnera “la autarquía y autonomía” de esa casa de altos estudios. La causa recayó en el juzgado federal 4 del fuero en lo contencioso administrativo, a cargo de Rita Ailan. Pero la UBA, el 29 de octubre, decidió recusarla sin causa.

Ayer, en pleno paro universitario y de transporte -menos los colectivos- la SIGEN, con el patrocinio de Rodolfo Barra, el jefe de los abogados del Estado, presentó un recurso judicial para que: “Se libre manda judicial a fin de que la UBA cumpla con el artículo 59 de la Ley de Educción Superior N° 24.251 y para encuadrar su autarquía económica financiera en el marco de lo establecido en la Ley N° 24.156″. Pasando en limpio.

La Ley N° 24.521 de Educación Superior establece varios puntos clave relacionados con la organización y funcionamiento de las instituciones de educación superior en Argentina. Algunos de los principales aspectos son:

• Autonomía universitaria: Reconoce la autonomía de las universidades nacionales en aspectos académicos, administrativos y económicos, permitiéndoles gestionar sus propios recursos.
• Autarquía económica: Otorga a las casas de altos estudios la capacidad de administrar sus recursos financieros, con la obligación de rendir cuentas de su gestión.
• Acceso y equidad: Promueve el acceso equitativo a la educación superior mediante políticas que faciliten la inclusión de diferentes sectores sociales.
• Evaluación y acreditación: Establece un sistema de evaluación y acreditación de carreras y programas de estudio para garantizar la calidad educativa.
• Investigación y extensión: Reconoce el rol de la investigación y la vinculación con la sociedad como partes fundamentales de la función universitaria.
• Integración regional: Fomenta la cooperación y la articulación entre universidades y otros actores del sistema educativo y social.
• Participación estudiantil: Promueve la participación activa de los estudiantes en la gestión de las universidades.

Por otro lado, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece el régimen de administración financiera en el ámbito del Estado. Sus puntos principales incluyen:

• Principios de la administración financiera: Define principios como la legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
• Presupuesto: Regula la elaboración, ejecución y control del presupuesto nacional, asegurando su adecuación a las políticas públicas.
• Control interno y externo: Establece mecanismos de control interno (a través de la SIGEN) y externo (a través de la Auditoría General de la Nación) para asegurar el uso adecuado de los recursos.
• Rendición de cuentas: Obliga a los organismos del Estado a rendir cuentas sobre la utilización de los fondos públicos, promoviendo la transparencia.
• Sistema de información: Crea un sistema de información sobre la ejecución presupuestaria que permita un seguimiento y control eficaces.

Ambas leyes son fundamentales para entender la estructura y funcionamiento de las universidades en Argentina, así como el marco en el que operan en relación con el gobierno y el control de recursos públicos.

El texto judicial, al que accedió Infobae, exige que la justicia “conmine -a las autoridades de la UBA- a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional” y entregar la documentación a los cuatro auditores designados para llevar adelante las tareas para corroborar si fueron bien aplicados esos recursos. La SIGEN ya había argumentado que con las auditorías a las Universidades se evitará “desviar el dinero público a fines no queridos” y recordó que el rector Universidad del Chaco Austral fue condenado por el Tribunal Oral 1 de Resistencia, por “defraudación contra la administración pública” por liderar una estructura administrativo-académica-empresarial, “integrada por parte de su familia y amigos para desviar recursos de la Universidad hacia el patrimonio de los integrantes del grupo delictivo, direccionando -por ejemplo- procesos de contratación de obra pública que tenían como objetivo favorecer a empresarios que pagaban ‘retornos’ de fondos mediante, entre otros supuestos, la venta de inmuebles a precio vil”.

Blanco le hizo saber ayer a la Justicia que el organismo “no pretende auditar planes de estudio, ni su contenido, ni la designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, ni designar Auditor Interno de la UBA, cuestiones totalmente ajenas al objeto de las auditorías de la SIGEN”.

En el escrito de cuatro carillas se explica que “se procura verificar la aplicación de los recursos girados por el Tesoro Nacional en el marco de la actividad propia del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN)”. Entre los puntos salientes que la SIGEN tiene por objetivo controlar, se destacan:

• El listado de expedientes que conforman cada una de las rendiciones efectuadas sobre fondos sujetos a rendición, oportunamente transferidos por la actual Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación durante los ejercicios 2022-2023.
• Detalle de las adquisiciones realizadas a través de los fondos transferidos por la cartera de Educación.
• Acceso a los registros de compras realizadas por las autoridades de la UBA con los fondos transferidos por el Estado.

La SIGEN advierte al juzgado que la Auditoría General de la UBA “tampoco audita la aplicación de los fondos que se le transfieren del Tesoro Nacional”.

“No caben dudas que los organismos públicos deben rendir cuentas de los recursos que reciben, porque se trata de recursos propios del Tesoro de la Nación. Por tal razón, es necesario auditarlos para garantizar la transparencia en el uso de esos recursos destinados a la educación superior”, expresó Blanco en la presentación judicial para tener acceso a la información. Por último, y bajo la pregunta ¿Por qué la UBA no quiere ser auditada? expresa argumentos similares a los vertidos por el presidente Javier Milei: “Con el pretexto de proteger la educación libre, gratuita y masiva, rechaza dar cuenta del destino de los fondos públicos recibidos y la observancia en su aplicación de las reglas contables, financieras y fiscales”.

La presentación judicial también asegura que: “La UBA se niega a proporcionar información y documentación que permita evaluar cómo se ejecutaron los recursos públicos, afectando de ese modo la transparencia de su gestión y evitando que la sociedad cuente con información clara y precisa sobre ese particular”.

La disputa entre el Gobierno Nacional y las universidades nacionales, en particular la Universidad de Buenos Aires, ha escalado a un nivel judicial significativo. La UBA sostuvo ante los tribunales que la intervención de la Sindicatura General de la Nación en sus auditorías es “inconstitucional” y atenta contra la autonomía y autarquía de la institución. Por esa razón, el rector, junto con su equipo legal, presentaron una demanda que busca detener la injerencia de la SIGEN, calificándola de una violación al principio de separación de poderes. La casa de altos estudios sostiene que la decisión del Poder Ejecutivo de permitir que el organismo estatal audite sus cuentas representa un ataque a su autonomía, algo que, según la universidad, está protegido por la Constitución y la Ley de Educación Superior.

Gelpi argumentó que, a pesar de las afirmaciones de falta de transparencia en la gestión de recursos, la UBA ha implementado un robusto sistema de control interno que cumple con las normativas vigentes. La universidad recordó un dictamen de Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema, quien en 2004 subrayó que las universidades no son organismos del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no deberían estar sujetas a su control directo. El Procurador del Tesoro de la Nación argumenta lo contrario, y por esa razón también recurrió, junto al Síndico General de la Nación, a los estrados judiciales. Ahora serán los magistrados quienes deberán dirimir la cuestión de fondo. Mientras esto sucede, hay universidades nacionales que aceptaron ser auditadas y le abrieron las puertas y los archivos con las rendiciones a los peritos y contadores de la SIGEN.