El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca avanzar en la designación de jueces y fiscales, un tema que forma parte del paquete legislativo de fin de año. Para ello, necesitará de un acuerdo con la oposición, ya que la prestación de acuerdos sale con los dos tercios del Senado bonaerense, donde Unión por la Patria es la primera minoría con 21 integrantes, de un total de 46.
No es un tema menor para el funcionamiento judicial del territorio bonaerense. Actualmente, hay 463 lugares que están siendo subrogados. La expectativa en el oficialismo es que en las próximas semanas, antes del fin del período ordinario de sesiones, se reúna el Senado y apruebe cerca de 190 pliegos, que actualmente están en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA).
En lo que va del año, se aprobaron 189 pliegos de 700 pendientes. En la última sesión del Senado, el peronismo consiguió el acuerdo del PRO, la UCR y libertarios aliados para la prestación de acuerdos de 135 nombramientos, que se sumaron a los 46 sancionados en el mes de mayo. En la Cámara alta destacan que se redujeron las vacancias de un 25% a un 17%.
Las conversaciones se dan en el Senado, pero con participación de jugadores de otros ámbitos como el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena; la vicegobernadora Verónica Magario o el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Facundo Tignanelli -que además es uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura bonaerense por el Poder Legislativo- y su par en el Senado, Teresa García. Cuando las conversaciones se empantanan suele intervenir Kicillof.
En lo que por ahora no hay tantas expectativas puestas es en cubrir las vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Actualmente, el máximo tribunal de justicia bonaerense funciona con tres de sus siete integrantes. Hay 4 sillones vacíos desde la jubilación de Luis Genoud, a partir de junio de este año.
Quedaron en la mesa redonda, el presidente del máximo tribunal, Fernando Soria; la vicepresidenta, Hilda Kogan y el ministro de la Corte, Sergio Torres. Para alcanzar el quórum necesario de cuatro miembros subroga la presidenta del Tribunal de Casación Penal, María Florencia Budiño.
Infobae pudo saber que por el momento no es prioridad del Ejecutivo bonaerense avanzar en la cobertura de la integración de la Suprema Corte. Básicamente porque, aducen, “no están dadas las condiciones”. Son muchas las partes que entran en juego en una negociación de este tipo que además -en el mejor de los casos- alcanzaría cuatro lugares.
Políticamente, el gobernador bonaerense Axel Kicillof no transita los mejores días dentro del peronismo. Inmerso en una interna partidaria de la que busca correrse, la situación tiene ciertas réplicas en otras negociaciones, como por ejemplo los acuerdos para cubrir los cargos en la Corte; donde no solo hace su juego la política vernácula sino también otros estamentos. El judicial es uno de ellos con sus ramificaciones que van desde las asociaciones de magistrados, pasando por los colegios de abogados e incluso el gremio de judiciales. También integra la esfera de la Corte, la Procuración bonaerense hoy a cargo de Julio Conte Grand, quien fuera funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal y que el peronismo intentó sin éxito llevar a un juicio político en la Legislatura bonaerense. El rompecabezas es por demás complejo.
Además, los distintos bloques legislativos buscan tener su participación en esa negociación. Tiempo atrás, cuando la Corte quedó con tres miembros, el PRO hizo correr un nombre para postular al máximo tribunal: se trata de Andrés Soto, juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 2 de La Plata. Sin embargo, las conversaciones nunca se activaron. En el partido que hoy preside Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires hay cierta predisposición para “acompañar”, pero todo está en fase cero, admiten.
En el Ejecutivo recordaron que la última designación al máximo tribunal que fue la de Sergio Torres se dio por impulso de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, con lo cual las chances de incluir un casillero para el PRO puede ser objetable.
Como contó Infobae, el líder del Frente Renovador y actor de trascendencia hasta el momento dentro de lo que supo ser Unión por la Patria, Sergio Massa, le transmitió a Kicillof días atrás la necesidad de avanzar con las designaciones no solo de jueces, fiscales y defensores públicos -que vienen encaminadas- sino también para la Corte bonaerense.
Los nombres que puede llegar a poner en consideración Kicillof se manejan con un altísimo nivel de hermetismo. Algunas terminales de la gobernación apenas dejan trascender que debería ser una mujer y no mucho más.
La Unión Cívica Radical también aguarda una instancia de negociación por este tema. Sin embargo, fuentes legislativas coinciden en que el tema es complejo y que será un fin de año “con mucho por aprobar”, con lo cual le bajan la expectativa en que además de sancionar el Presupuesto y la Ley Fiscal 2025, más alguna otra iniciativa por la que tenga interés el Ejecutivo también se incluyan los nombramientos en la Corte. Según el artículo 175 de la Constitución provincial, ”los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador y el subprocurador general, serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros”.