En un nuevo capítulo del conflicto entre la Universidad de Buenos Aires (UBA y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo de control ha llevado a la universidad ante la justicia para exigir la entrega de documentación sobre el uso de los fondos públicos transferidos por el Estado.
Esta acción, presentada por el síndico General de la Nación, Miguel Blanco, y respaldada por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, busca asegurar la transparencia en la administración de los recursos públicos, según informaron fuentes oficiales a Infobae.
La disputa se centra en la negativa del rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, a permitir la auditoría de la SIGEN, argumentando que dicha intervención vulnera la autonomía universitaria protegida por la Constitución.
En respuesta, las autoridades de la institución educativa han solicitado una medida cautelar para detener el avance del organismo de control, calificando la medida como inconstitucional y un ataque a la autarquía de la casa de altos estudios.
La SIGEN, que depende de la Presidencia de la Nación, ha solicitado a la UBA documentación detallada sobre la ejecución de los fondos públicos, incluyendo procesos de licitación, contrataciones directas y convenios. Además, ha pedido acceso a los sistemas SIU PILAGÁ y SIU DIAGUITA, que utiliza para hacer esos trámites, para verificar las registraciones de gastos.
El conflicto se intensificó luego de que el presidente Javier Milei vetara el financiamiento universitario, lo que provocó medidas de fuerza y la toma de edificios en la universidad. En este contexto, la SIGEN busca retomar la práctica de rendición de cuentas que se había interrumpido en 2022 debido a un dictamen del entonces procurador del tesoro, Carlos Zannini.
La UBA, por su parte, sostiene que ha implementado un sistema de control interno robusto que cumple con las normativas vigentes y recuerda un dictamen de Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien en 2004 subrayó que las universidades no son organismos del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no deberían estar sujetas a su control directo.
El caso ha sido asignado al Juzgado Federal 4 del fuero en lo Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Rita Ailan, aunque la universidad decidió recusarla sin causa el 29 de octubre. Mientras tanto, otras instituciones educativas han aceptado ser auditadas y han abierto sus archivos a los peritos de la SIGEN.
El organismo argumenta que la auditoría es necesaria para garantizar la transparencia en el uso de los recursos destinados a la educación superior y evitar el desvío de fondos públicos. En su presentación judicial, Blanco afirmó que no pretende auditar aspectos académicos, como planes de estudio o designaciones de autoridades, sino únicamente verificar la aplicación de los recursos girados por el Tesoro Nacional.
Puntualmente, la Sindicatura General de la Nación le pidió a la UBA que le entregue, su normativa interna para la aprobación y autorización de gastos asignados a cada funcionario, además de las normas reglamentarias vigentes sobre el circuito de compras y contrataciones.
También requirió un listado de los expedientes que respaldan las rendiciones de fondos transferidos por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación para los ejercicios 2022-2023, un detalle de las adquisiciones realizadas con estos fondos y acceso a los sistemas SIU PILAGÁ y SIU DIAGUITA (módulos de compras y patrimonio) para verificar los registros y rendiciones de los gastos.
“Se procura verificar las cuentas y procesos y controles internos de la universidad, a fin de evaluar la eficacia operativa y coadyuvar a proporcionar información para la mejora en la ejecución de esas operaciones”, sostuvo en el expediente, según un comunicado del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
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