La oposición logró avanzar este miércoles con el dictamen del proyecto para limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa consensuada entre Unión por la Patria, Democracia para siempre (radicales) y Encuentro Federal propone dos cambios fundamentales a la Ley 26.122, que regula las situaciones en que el Congreso puede dejar sin efecto un DNU.
Las negociaciones giraban en torno a dos puntos fundamentales porque los bloques habían llegado a un acuerdo previo: la única forma de alcanzar una mayoría en el plenario sería un texto “minimalista”.
Por eso, el artículo 1 del proyecto determina que cualquier decreto pierde vigencia si no es ratificado por ambas Cámaras en un plazo de 90 días corridos contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Por otro lado, el mismo artículo establece que las dos Cámaras deben ratificar un decreto para que quede firme. Es decir, el rechazo de la Cámara de Diputados o del Senado, por separado, sería suficiente para voltear un decreto. Por ejemplo, el mega DNU 70 habría quedado sin efecto con el rechazo del Senado. En cambio, en la actualidad se mantiene vigente porque Diputados todavía no lo trató a pesar de que ya pasaron diez meses.
Los DNU están contemplados en la Constitución Nacional (artículo 99) y el Presidente solo puede utilizarlos bajo una premisa: que existan “circunstancias excepcionales” que hicieran imposible “seguir los trámites ordinarios”. De ahí el nombre: decretos de “necesidad y urgencia”. No obstante, este criterio pocas veces se cumple y los gobiernos utilizan los decretos para avanzar con iniciativas que no reúnen consenso opositor. Por ejemplo, el DNU 656 que otorgaba $100 mil millones en gastos reservados a la SIDE.
Según la Ley 26.122, el Congreso no puede cambiar los decretos, solo ratificarlos o derogarlos con el rechazo de ambas Cámaras. Este último caso solo se dio una vez en la historia, con la derogación del DNU que ampliaba los fondos a la SIDE. En caso de no ser rechazados, quedan vigentes con fuerza de ley.
La Coalición Cívica comparte el espíritu de modificar la ley, pero cree que el dictamen de mayoría representa un cambio demasiado abrupto. Su texto coincide en que el rechazo de una Cámara debe ser suficiente para voltear un DNU, pero cree que poner un plazo de tiempo puede atentar contra la gobernabilidad porque el Congreso está demasiado fragmentado. También quiere que además de rechazar un decreto se pueda declarar nulo para retrotraer todos sus efectos jurídicos.
En la misma línea, los radicales del bloque oficial presentaron su propio dictamen que fortalece el rol de la comisión bicameral de Trámite Legislativo y tampoco pone plazos. Entienden que es un incentivo negativo y antidemocrático para que los diputados no busquen ningún consenso. “No negocian nada, se sientan a esperar 120 días y se cae todo. Es algo que desincentiva los acuerdos”, explicaron a Infobae.
Las diferencias de la CC y la UCR con el resto de los dialoguistas y el peronismo resulta determinante ya que permitiría aprobar la ley con dos tercios. Ese número es lo que necesitaría para insistir con el proyecto ante un eventual veto presidencial (algo que el Gobierno ya adelantó).
Unión por la Patria (99), Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12) y Frente de Izquierda (5) suman 132 votos, los suficientes para llegar sin sobresaltos a la media sanción. Ante la consulta de Infobae, algunos diputados señalaron la segunda semana de noviembre para convocar a una sesión especial, mientras que otros pusieron en duda que el tema llegue al recinto este año.