El Gobierno prepara el envío al Senado de pliegos de jueces y camaristas

Se trata de la primera tanda de candidatos desde que asumió Javier Milei. La cámara alta tiene pendiente el dictamen de los dos candidatos para la Corte Suprema

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Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio (Ministerio de Justicia)
Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio (Ministerio de Justicia)

El Gobierno nacional ultima los detalles para enviar al Senado una tanda de pliegos de jueces y camaristas. “Estamos trabajando para mandar todo la semana próxima”, dijo una fuente del Ministerio de Justicia consultada por este medio. Si se aprueban los casi 150 pliegos que estaban pendientes, se cubrirían poco más de la mitad de las vacantes en el Poder Judicial.

Desde que Javier Milei asumió, el Gobierno solo envió al Senado los pliegos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación -postuló a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla- y para extender por cinco años más los nombramientos de dos camaristas.

En diciembre, apenas comenzó la gestión, el Gobierno había decidido retirar el pliego del juez Daniel Rafecas para la Procuración General y otras 62 propuestas de jueces, fiscal y defensores oficiales que habían sido enviados al Senado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Algo similar ocurrió en 2015, cuando asumió Mauricio Macri, y luego a fines de 2019, con el gobierno de Alberto Fernández. En el primer caso se retiraron unos 30 pliegos. En cambio, en el último recambio había más de 200 pliegos acumulados en la comisión de Acuerdos por el proceso electoral.

El anuncio del envío de los pliegos era una noticia muy esperada en el Poder Judicial, por la enorme cantidad de vacantes. En septiembre del año pasado, según datos oficiales del Consejo de la Magistratura de la Nación, había un 27,3% de cargos sin ocupar.

En los juzgados federales de Comodoro Py hay 4 juzgados vacantes de un total de 12. Son los que tenían Claudio Bonadio -quien falleció en febrero de 2020- Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez -se jubilaron- y Sergio Torres -pasó a integrar la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires-.

Por las vacantes de los juzgados de Bonadio, Canicoba Corral y de Torres se iniciaron concursos públicos para designar a sus titulares.

También hay vacantes sensibles en la Cámara de Casación.

En el Ejecutivo desmienten que la cobertura de vacantes en los tribunales de Comodoro Py fue uno de los pedidos que recibieron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su viceministro, Sebastián Amerio por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que aprobó hace una semana la revisión del caso argentino y dejó afuera al país de la “lista gris”.

Esa aprobación, no obstante, generó algunos requerimientos. Algunos ya trascendieron. El GAFI planteó, tal como reveló Infobae, que Argentina deberá aumentar las condenas judiciales en materia de corrupción y lavado de dinero. No es el único reclamo. En un breve comunicado, también habló de controlar los “servicios financieros informales” y apuntó al decomiso de los bienes producto de esos delitos.

El informe final sobre el caso argentino se conocería recién en la primera quincena de noviembre, pero lo enviados a París saben que Argentina deberá mejorar mucho para no entrar nuevamente en una zona de riesgo. El comunicado final apuntó además al recupero de activos. “Están pidiendo más condenas y más decomisos. El recupero de activos en GAFI está al mismo nivel que las condenas”, explicó un experto.

Los números que puso a disposición la Argentina, con estadísticas oficiales del Poder Judicial, destacan que hubo decomiso en casi todas las condenas. El informe al que tuvo acceso Infobae habla de 320 propiedades decomisadas, 390 bienes, y 117 productos bancarios.

El GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina luego de un largo proceso de evaluación que comenzó en septiembre del año pasado. En marzo fue una fecha clave: los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron durante tres semanas en el país y se reunieron con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.

En agosto, una extensa comitiva argentina viajó a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores del GAFI. En ese momento, se llevaron la impresión de que el partido estaba encaminado. Pero después hubo un segundo borrador con malas noticias para el Gobierno. Finalmente, la votación fue favorable y hubo festejos en la embajada argentina.

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