Denunciaron al intendente de La Matanza Fernando Espinoza por la clausura arbitraria de un centro de distribución de Mercado Libre

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue denunciado ante la justicia federal por la “clausura arbitraria e ilegal del proyecto de expansión del Centro de Distribución de Mercado Libre” en la localidad de Tapiales de ese distrito, ubicado en el conurbano bonaerense. En el escrito, que tramita ante el juzgado a cargo de la jueza María Romilda Servini, también se acusa al alcalde de presunto “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, acciones que, según el texto al que accedió Infobae, “perjudican la economía local y afectan el desarrollo de un proyecto crucial cuya obra está valorada en 75 millones de dólares y prometía generar 2.300 empleos.

La presentación judicial la realizó la abogada Leila Gianni, ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio del letrado Ariel Romano, también ex funcionario de la cartera a cargo de Sandra Pettovello. Ambos renunciaron a sus cargos para militar por La Libertad Avanza en el distrito considerado como “el corazón del peronismo” bonaerense.

Tres semanas antes de la clausura, Marcos Galperin, fundador de la empresa, recibió al presidente Javier Milei en sus oficinas y le anunció una inversión de 75 millones de dólares destinada a la ampliación del centro de almacenamiento y distribución que posee la compañía en el Mercado Central en La Matanza.

El anuncio fue realizado en la sede que la firma tiene en el barrio porteño de Saavedra, y permitirá duplicar la capacidad de almacenamiento, aumentar el procesamiento de productos, y reducir los tiempos de entrega “a los millones de usuarios de la plataforma”, le dijo el empresario al mandatario.

Ante la clausura y paralización de las obras, Galperin respondió de inmediato desde su cuenta de X: “El Peronismo, 80 años combatiendo al capital y generando pobreza. En La Matanza sobra el empleo, la seguridad y el bienestar así que combaten las nuevas inversiones y empleos. Tenemos más de 20 centros de distribución en toda América, solo en La Matanza nos los clausuran”, afirmó.

También a través de sus redes sociales, el alcalde matancero le respondió al CEO de Mercado Libre. Y, sin escribirlo de manera explícita, dejó entrever que la firma no habría solicitado la habilitación municipal para edificar en Mercado Central.

“Estamos a su servicio. Y para una mejor convivencia, vamos a coincidir seguramente en que es preciso observar y hacer observar reglamentaciones que son indispensables. No todo se puede desregular, como bien lo sabe usted por su actividad en otros países. Esas disposiciones tienen que ver, entre otras cosas, con la seguridad de los trabajadores, del entorno socio económico y del impacto en el medio ambiente, entre otras cuestiones”, recalcó Espinoza.

El intendente precisó: “Como en toda jurisdicción del país, una obra edilicia debe solicitar la habilitación municipal. Y no siendo la suya una empresa frutihortícola, para construir en el Mercado Central es preciso congeniar muchos aspectos que hacen a las normas establecidas. No es mi deseo hacer de este un mensaje burocrático. Por eso, sólo voy a citar que es preciso cumplir con la normativa provincial para esta materia establecida en el Decreto Ley 6769/1958″.

Según la denuncia de la abogada Leila Gianni, el 18 de octubre de 2024, agentes municipales y efectivos policiales, “bajo órdenes de Espinoza, interrumpieron el acceso de camiones con materiales al sitio de construcción paralizando completamente la obra”.

A lo largo del relato judicial, la letrada detalló: “Los agentes municipales, acompañados de efectivos policiales, con una actitud prepotente y desmedida, justificaron su intervención con excusas que resultaban completamente insuficientes. Hablaron de razones ‘burocráticas’, ‘administrativistas’ e incluso ‘ilegales’, pero gran parte de los presentes percibieron que estas explicaciones eran meras formalidades que encubrían una intención más profunda”.

A párrafo seguido, la ex funcionaria nacional explicó: “Sin dar lugar a un diálogo o a una reconsideración razonable de la situación, procedieron a la clausura y paralización total de la obra, lo que sorprendió tanto a los trabajadores como a los directivos de la empresa. La decisión de clausurar la obra no sólo afectó el desarrollo de la construcción en sí, sino que también provocó una pérdida millonaria a la empresa Mercado Libre, ya que los plazos de entrega y finalización se vieron comprometidos de manera significativa”.

Para Gianni, “la magnitud de los daños y perjuicios resultantes de esta abrupta suspensión fue incalculable, no sólo en términos económicos, sino también en lo que respecta a la reputación de la empresa y su relación con la comunidad local”. En el mismo sentido. apuntó: “Con esta acción, se dejaron sentir las repercusiones no sólo en los números de la empresa, sino en el ánimo de los trabajadores, quienes se vieron empujados a enfrentar un futuro incierto. La clausura de esta importante obra, que prometía generar empleo y desarrollo en la región, sembró descontento y preocupación entre los miembros del equipo, así como en la comunidad que veía en el proyecto una oportunidad de crecimiento y prosperidad”.

En el escrito, Gianni, quien representa a la Asociación para la Libertad, Compliance y Lucha contra la Corrupción, critica que se haya optado por la clausura sin agotar previamente otras medidas menos severas, como multas o plazos de regularización, en caso de haber alguna. El documento presentado ante los tribunales de Comodoro Py sostiene que “la sanción fue desproporcionada en relación con las supuestas infracciones.”

También se cuestionó la legalidad del acta de clausura impuesta por la intendencia de La Matanza. “Es importante destacar que el acta en cuestión carece de una descripción clara y circunstanciada de la materialidad del suceso que le diera origen; siendo que, además, resulta ilegible casi en su totalidad. Este extremo conlleva al menoscabo del ejercicio de la defensa del encartado, quien debe conocer a la perfección el hecho que se le atribuye, ya que, de lo contrario, no podrá impugnar el contenido de la misma. Por todo ello, en definitiva, se encuentra en tela de juicio la propia validez del instrumento aludido; y con ella, el debido proceso legal”, se detalló.

Además, Gianni señaló que Espinoza manifestó un “interés personal” en el procedimiento a través de redes sociales, y que respondió de manera “casi mafiosa” a Marcos Galperin , director ejecutivo de Mercado Libre, sugiriendo una rápida habilitación del proyecto.

La denuncia no sólo apunta al alcalde, sino también a cualquier persona que pudiera haber participado en los hechos denunciados. Hasta el momento, el municipio de La Matanza no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones. Mientras tanto, la construcción del centro de distribución de Mercado Libre permanece detenida, a la espera de una resolución judicial.

En el escrito judicial se sostiene: “El impacto de la clausura no sólo afecta a Mercado Libre, sino también a la comunidad local, que ve frustradas las oportunidades de empleo y desarrollo económico que el proyecto prometía” y que “la inversión prevista no solo buscaba mejorar la infraestructura de la empresa, sino también dinamizar la economía local, lo que hace que la paralización del proyecto sea un golpe significativo para la región”.

Es por esa razón que “la legalidad y proporcionalidad de la sanción impuesta” han sido puestas en tela de juicio. Gianni también sugiere que “la decisión de clausurar el proyecto carece de una justificación adecuada y que podría haber explorado alternativas menos perjudiciales para todas las partes involucradas”.

El escrito, que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, destaca que las acusaciones de abuso de autoridad contra Espinoza se suman “a las preocupaciones por la afectación a los derechos de los trabajadores”.

Los antecedentes

En agosto de 2017, cuando comenzaron las obras, el municipio denunció que Mercado Libre no contaba con los permisos de construcción correspondientes. La empresa alegó que sí tenía los permisos nacionales necesarios, ya que el predio donde se construye el centro de distribución son federales, pero el gobierno municipal exigía también las habilitaciones locales.

En noviembre del mismo año, la Municipalidad intimó a la paralización de las obras por carecer de los permisos municipales requeridos. En ese momento, Mercado Libre respondió que también contaba con una autorización provincial que los avalaba para seguir construyendo.

La disputa legal se extendió por varios meses mientras continuaban las obras. En marzo de 2018, la justicia federal falló a favor de Mercado Libre y ordenó al municipio no obstaculizar más la construcción, ya que los terrenos eran federales y la Municipalidad no tenía competencia. Sin embargo, en abril de ese año el conflicto recrudeció cuando la intendencia envió inspectores y efectivos policiales para intentar frenar nuevamente las obras. Recién en julio de 2018 se llegó a un acuerdo entre ambas partes para destrabar el problema de habilitaciones y permisos.

En resumen, el municipio de La Matanza paralizó en varias oportunidades el ambicioso proyecto de Mercado Libre al considerar que no cumplía con las normativas locales, hasta que finalmente se resolvió la controversia legal sobre los permisos requeridos.

Gianni entiende que la Municipalidad no tiene jurisdicción, ya que el predio del Mercado Central “funciona como entidad pública interestadual, con capacidad de derecho público y privado, gerenciada por una entidad tripartita en la que participan con partes iguales el Gobierno Nacional, el de la Ciudad y el de la Provincia de Buenos Aires”. Un conflicto similar mantiene la intendencia local con La Gran Dulce, una mega feria que pretende competir con La Salada de Lomas de Zamora, que ya había sido inaugurada pero la administración de Espinoza la clausuró por las mismas supuestas irregularidades.

El intendente matancero ya está cuestionado en la justicia por otra causa judicial por presunto abuso sexual a su ex secretaria Melody Rakauskas. En ese expediente, dónde está procesado y espera la elevación -demorada por una apelación de su defensa-, el viernes pasado recibió un nuevo revés: Espinoza había solicitado un permiso para viajar a Barcelona, España, pero el juez Luis Alberto Schelgel, a cargo de resolver la presentación, le negó la salida del país por no haberse presentado a una pericia psiquiátrica.

El jefe comunal había hecho su pedido el 18 de octubre. En el mismo, expuso que deseaba viajar el próximo lunes 28 de octubre para quedarse en Barcelona desde el día siguiente hasta el 9 de noviembre, “a fin de participar como expositor en el Congreso ‘SmartCity Expo WorldCongress’”.