Mientras el Gobierno, la CGT y los empresarios aún no comenzaron a discutir la reglamentación del artículo anti-bloqueos de la Ley Bases, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados tratará este martes un proyecto de ley de la diputada del PRO, Verónica Razzini, que encuadra como delito penal esa modalidad de protesta extorsiva contra las empresas. Además, contempla una pena de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión a “quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio para sí o para terceros o causar un perjuicio”, y también sanciona al sindicato que impulse esa práctica.
La iniciativa de Razzini, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) hasta que asumió su banca en diciembre pasado, es acompañada por la firma de 14 diputados, mayoritariamente del PRO además de Paula Omodeo (CREO, de Tucumán) y Ricardo López Murphy (Hacemos Federal), mientras hay muchísimas dudas sobre la postura de los legisladores de La Libertad Avanza, que en septiembre pasado, en la Comisión de Legislación del Trabajo, ya recibieron la orden de no avalar el dictamen del proyecto de Democracia Sindical que tanto preocupa a la CGT.
En la Comisión de Legislación Penal hay 13 diputados de Unión por la Patria, 5 del PRO, 5 de La Libertad Avanza, 3 de la UCR, 1 de Innovación Federal, 1 de Democracia para Siempre y 1 de la Coalición Cívica. Para emitir dictamen se requiere la mitad más uno (15) de las firmas.
Si los diputados libertarios apoyan la iniciativa, existiría una ajustada paridad de opiniones. Si no, quedaría bloqueado como el proyecto de Democracia Sindical, que propone eliminar la reelección perpetua de los gremialistas, prohíbe la cuota solidaria que sostiene “la caja sindical”, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”.
De todas formas, rige el artículo de la Ley Bases que incorpora el bloqueo entre las causales del despido con justa causa, previstas en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, para que un empresario pueda denunciar y gestionar la cesantía de un empleado que bloquea sin pagar la indemnización, aunque esa decisión después tendrá que ser dirimida por un juez.
Ese artículo fue rechazado por la CGT, por lo que se descuenta que el nuevo proyecto sobre el tema, que incluye la prisión entre las penas por los bloqueos contra las empresas, será frenado por el Gobierno a partir del acuerdo que alcanzó con el sector dialoguista de la central obrera.
Razzini es dueña de una pyme familiar en Rosario y en 2020 sufrió el bloqueo de sus dos sedes por parte del Sindicato de Camioneros de Santa Fe: la medida duró tres meses y en su transcurso ella y su familia fueron amenazados, escupidos, insultados, intimidados con armas de fuego y tuvo que mudarse para evitar agresiones. Dos años después, recibió 3 disparos en la fachada de su empresa antes del juicio oral en el que están imputados 4 de los dirigentes que participaron del bloqueo. A partir de su experiencia fundó el MEAB con otros empresarios pyme y en 2023 fue elegida diputada.
El proyecto de Razzini contempla en su primer artículo la incorporación en el Código Penal de una severa sanción para los bloqueos directos: “Será reprimido con seis meses a tres años y seis meses de prisión, siempre que no constituya un delito más severamente penado, quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio para sí o para terceros o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollare sobre diversos locales o sucursales del mismo comercio, industria o establecimiento, con independencia del lapso de tiempo en el que se lleven a cabo, la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión. La pena será de uno a cuatro años para quienes organizaren o dirigieren tales actos, se encuentren o no en el lugar del hecho”.
En su segundo artículo también castiga los bloqueos indirectos con penas de seis meses a tres años de prisión, una figura que se refiere al que “hiciere uso de amenazas o exigencias por fuera de los requisitos legales para operar a proveedores, prestadores de servicios, clientes o cualquier tercero vinculado con el comercio, industria o establecimiento bloqueado con el propósito de impedir, estorbar o entorpecer de manera indirecta el normal desarrollo comercial y/o productivo del mismo”.
Contempla, además, que el sindicato, empresa u organización que promoviere o facilitare las acciones previstas en el proyecto serán pasibles de las penas establecidas en el artículo 304 del Código Penal, donde figuran, entre otras, las siguientes sanciones: “Multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito; suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad, y pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere”.
Por último, el proyecto de la diputada del PRO prevé que, “luego de que se manifieste el bloqueo, la autoridad provincial o nacional más próxima deberá hacerse presente en el lugar, identificar a los participantes e intimarlos hasta dos veces a que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello”.
“Si los participantes no se retiran inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos -añade-. La víctima podrá además solicitar como medida cautelar un perímetro de exclusión contra los participantes si se sospecha que podrían repetir la acción”.
En los fundamentos de la iniciativa, Razzini enfatiza que llegó a su banca legislativa por su “compromiso personal de dar batalla a la mafia sindical, que derivó en la creación del MEAB, como bandera para decir basta, por primera vez en nuestro país, a estas estructuras que, hasta ese momento, se encontraban cuasi legalizadas por el sistema bajo el mecanismo del miedo y la extorsión”.
“Este evidente problema argentino, el de bloquear establecimientos (Pymes, específicamente) se ha vuelto moneda corriente por parte de los grandes sindicatos -destaca la diputada-, proyectando efectos dañinos tanto en los trabajadores como empresarios que allí trabajan y se ven privados del medio de su sustento económico. Además, también perjudican al conjunto de la comunidad, desincentivando la inversión y el empleo en la Argentina”.
Advierte, en ese sentido, que “la falta de cualquier tipo de sanciones legales refuerza la convicción de quienes cometen estas prácticas ilegítimas tienen impunidad para lesionar a terceros, de que pueden imponer su voluntad por la fuerza”. Y agrega: “Es la violencia el inaceptable título por el cual estas organizaciones obtienen beneficios ante la inerte mirada de las autoridades constitucionales”.
Acompañan el proyecto los diputados Cristian Ritondo, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Bongiovanni, Sofía Brambilla, Patricia Vásquez, María Eugenia Vidal, Martín Yeza, Karina Bachey, Germana Figueroa Casas, Paula Omodeo, Martín Ardohain, Ana Clara Romero, Gabriela Besana y Ricardo López Murphy.