Feroz puja en el Congreso para ocupar la Defensoría de Niños y Adolescentes, una silla política que se renueva en marzo

En medio de las demoradas conformaciones de comisiones bicamerales en el Congreso -un vicio que se profundizó en los últimos años-, senadores de distintos bloques mantienen una fuerte disputa para integrar la del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La actual defensora es Marisa Graham, cuyo mandato finaliza en marzo próximo, lo que conllevará a una nueva definición en un Congreso más que atomizado para un cargo y estructura más que deseados por la política, en medio del feroz ajuste que ejecuta Javier Milei.

Graham puede continuar por un período más, escenario que no cierra bajo ningún punto de vista para el oficialismo. Tampoco para algunas bancadas que regalaron votos en el pasado a la actual defensora, cuya designación se negoció en 2019 y se terminó de sancionar, en el Congreso, sobre el cierre de febrero de 2020.

La ley 26.061 de 2005, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece en su artículo 49 que “el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición”.

Además, dicho artículo agrega que “las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. En tanto, el siguiente menciona los requisitos: ser argentino, haber cumplido 30 años de edad y “acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia”.

Por último, el artículo 51 impone una duración en el cargo de “cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez”. Todo un desafío para el actual Congreso: desde la sanción de la ley, en 2005, Graham fue la primera y única persona que ocupó la Defensoría. Sus detractores de entonces la acusaron de estar a favor del aborto; los posteriores, de fomentar una estructura atractiva y jugosa para la militancia, en general.

“Tenemos la obligación de dar continuidad a las observaciones que nos hace el Comité de los derechos humanos de la ONU y éste manifiesta su preocupación por sobre la continua disminución drástica de las asignaciones presupuestarias para niños”, aseguró Graham días atrás en la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados.

La funcionaria habló sobre el Presupuesto 2025 que envió Milei. En ese sentido, opinó que “más allá de los esfuerzos que se hagan no logramos salir de la pobreza e indigencia de los niños”, y enfatizó que “las asignaciones familiares formales no reciben los aumentos de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, según un comunicado de la Cámara baja.

Otras bicamerales tuvieron luz verde durante el transcurso de esta semana. Una fue la estratégica comisión Mixta Revisora de Cuentas: por votación unánime entre oficialistas y opositores, la presidencia quedó en manos del diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto. Dicho Cuerpo es el nexo con la Auditoría General de la Nación (AGN), que revisa la utilización de los recursos del Estado.

También se activó la de Defensoría del Pueblo, relacionada con la protección de los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional. La titularidad quedó en manos del senador radical Daniel Kroneberger (La Pampa), quien enfatizó que “en 2017 fue última vez que se constituyó”. Fue en respuesta a quejas kirchneristas sobre la dilación para conformar comisiones bicamerales que pretenden adosar, como si no existiera el pasado, a La Libertad Avanza.