El Gobierno resolvió poner en remate a cientos de propiedades y predios que forman parte del Estado Nacional, algunas de ellas aún con oficinas en pleno funcionamiento. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se definió hacer una subasta pública con el objetivo de reducir “gastos innecesarios” y alcanzar una recaudación estimada de 800 millones de dólares.
La medida se publicó hoy en el Boletín Oficial, con el decreto 950/2024 firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El anuncio oficial anticipó que “son más de 400 inmuebles”, según se desprende del anexo de la normativa.
A tono con la promesa libertaria de la motosierra y el poder que otorga la “Ley Bases”, la AABE hará efectivo un achicamiento físico y patrimoniales del tamaño de la administración pública. Las primeras subastas se iniciarán antes de fin de año y se irán publicando progresivamente en los próximos meses en el sitio oficial del organismo que depende de la Jefatura de Gabinete.
En general, son predios que están repartidos en todo el territorio nacional que se encontraban en desuso, con mal uso o cuyo mantenimiento generaba altos costos para el Estado, según la mirada del Poder Ejecutivo. El extenso listado afecta a áreas de distinto tipo, como edificios públicos, predios ferroviarios, superficies aledañas a rutas nacionales y superficies en zonas rurales, entre otros.
Otra de las propiedades de las que el Gobierno busca desprenderse es un terreno de 919 m2, donde funcionan las históricas oficinas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina (INTA) de la avenida Cerviño 3101/67. Está a pocos metros de las avenidas Las Heras y Del Libertador, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón de Barrio Norte.
En el edificio, que consta de 3.030 m², trabajan unas 148 empleados del INTA y de la empresa capitales mixtos Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A (INTeA S.A.), se informó oficialmente. Allí también es la sede de la Fundación ArgenINTA y aloja equipamiento tecnológico.
En este caso, el Gobierno justifica la venta porque el uso del inmueble no se adecúa al “Manual de Estándares de Espacios de Trabajo” de la AABE. De acuerdo a los criterios del organismo, el espacio óptimo para estas actividades “debería ser, como máximo, de 1.184 m²”. El cálculo arrojaría que se está utilizando menos de la mitad de la superficie asignada. Señalaron, además, que la custodia representaba un alto costo de parte de la Policía Federal (PFA). Según se anunció, el personal y el mobiliario será relocalizado para darle un uso más eficiente.
Otro de los predios que se subastará tiene una extensión de 5.233,94 m2. Está ubicado en Av. de los Italianos N°365/75 y allí funcionan dependencias del área de Ciberseguridad, con un equipo de aproximadamente 45 personas. Nuevamente, el argumento oficial apunta a que el uso actual del espacio está por debajo de los estándares de la AABE, que establecen “que se deben destinar entre 8 y 12 m² por persona”. La venta de este terreno se realizará con toma de posesión diferida, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones mientras se lleva a cabo la mudanza, según se informó oficialmente.
Hay varios inmuebles que también están en una zona estratégica y rodeada de edificios de alta gama, a pocos metros del río Paraná. Es el caso de los predios ferroviarios de las líneas ferroviarias Mitre y Belgrano, que están ubicados en la zona Puerto Norte y en la costanera central de la ciudad santafesina de Rosario. La totalidad de la superficie a ser subastada alcanza los 80,564.78 m2.
Con el anuncio, el vocero presidencial Manuel Adorni aprovechó la medida en clave de “batalla cultural”, para recordar que que entre los inmuebles que se desprenderá el Estado figura el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. La propiedad está tasada en más de 12,5 millones de dólares, y se encuentra desde hace meses en un proceso de enajenación.
“Uno de los inmuebles que se va a poner a la venta es la sede central del ex (ya olvidado) Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ubicado en la calle Cochabamba al 54 en el barrio de San Telmo”, comentó el vocero en su habitual rueda de prensa. “Parece que el presupuesto de más de $54.000 millones en 2023, y los más de 1.100 empleados del extinto ministerio a diciembre del año pasado, no han sido suficientes para lograr la supuesta igualdad de género que promovía el profesor (Alberto) Fernández. A la vista están los resultados”, ironizó.
“Además de las 400 propiedades que se subastan, también se impulsa la venta de los inmuebles decomisados en causas de corrupción y narcotráfico”, agregó Adorni.
En las próximas semanas, la AABE tiene previsto habilitar la oferta de los inmuebles y subastar por etapas en base al estudio registral y dominial. Según lo publicado en el Boletín Oficial, son propiedades que se ven alcanzadas por los decretos Nros. 952/16, 1064/16, 1173/16, 225/17, 928/17, 355/18, 1088/18, 345/19 y 518/19 y de las Decisiones Administrativas Nros. 249/18, 24/19, 317/19 y 610/19 que no hubieran sido enajenados a la fecha.
Los interesados van a poder solicitar de forma directa más información sobre las propiedades y suscribirse para recibir las fechas de inicio de cada subasta. Además, se contempla la posibilidad de que algunas propiedades puedan ser cedidos en derecho real de superficie. Es una figura prevista en el Código Civil que permite transferir el uso de la propiedad por un plazo de hasta 70 años, mientras se mantiene la titularidad en manos del Estado.
En un guiño político hacia las fuerzas armadas, la decisión del Gobierno excluye tres establecimientos militares: el “General Paz”, de la cordobesa de Ordoñez; el “Teniente General Cáceres”, en Santo Tomé, Corrientes, y el “Campo Los Andes”, ubicado en el departamento mendocino de Tunuyán.