Un grupo de funcionarios de Neuquén, sumariados por corrupción, exigieron que se les pague el sueldo: el gobernador lo rechazó

Un grupo de funcionarios de la provincia de Neuquén, que tienen un sumario activo y son investigados en una causa por corrupción, exigieron que se les pague el sueldo, pero el gobernador Rolando Figueroa lo rechazó.

El caso es conocido como la “estafa de los planes sociales”, pero el expediente en la Justicia lleva la carátula de “asociación ilícita destinada a quedarse con fondos públicos que, en su destino original, debían atender situaciones de vulnerabilidad de las familias neuquinas producto de la desocupación”.

En total, son 19 las personas implicadas, entre ellos se encuentran: el ex ministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca; el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza; y los funcionarios Tomás Siegenthaler, Aaron Escobar, Julieta Mariana Oviedo, Ariel Oscar Krom y Marines Elizabeth Huaiquipan.

El escándalo se destapó durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez, quien inició en 2023 los sumarios administrativos correspondientes contra los funcionarios involucrados. La medida incluía también la separación preventiva del cargo y la retención de haberes. Según estableció la investigación, se sabe que los delitos fueron cometidos entre los años 2020 y 2022.

Mientras la Justicia avanza en la causa contra los implicados, los expedientes dentro de la gestión siguen su curso. En este contexto, cinco de los involucrados exigieron a la Gobernación volver a cobrar el sueldo a la espera de que se resuelva su situación, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local LMNequén.

Los primeros en elevar su queja formal a las autoridades neuquinas fueron Krom, Escobar y Huaiquipan, quienes hicieron sus presentaciones el 6 y 7 de agosto. Casi un mes después, se sumó el reclamo de Oviedo y, a los pocos días, Siengenthaler hizo lo propio. Los argumentos eran similares y todos consideraban a la retención de haberes como una medida provisional, que “violenta la protección del salario, que reviste de carácter alimentario”.

El gobernador Rolando Figueroa rechazó esta semana todas las objeciones administrativas presentadas por los implicados con la publicación de los decretos correspondientes en el Boletín Oficial. “La sustanciación de un sumario administrativo disciplinario puede dar lugar a dos clases de medidas preventivas: traslado o suspensión”, explicó el Ejecutivo provincial.

A su vez, agregó: “La finalidad de estas medidas obedece a la necedad de esclarecer debidamente el hecho investigado sin riesgos de dispersión de prueba o entorpecimiento de la investigación, cuya valoración queda a resguardo del criterio de oportunidad y conveniencia de la autoridad administrativa en función de la gravedad de los hechos objeto de investigación”.

Pese a que todo se conoció en 2023, la Justicia comprobó que los hechos comenzaron en 2020, mediante la emisión de cheques a supuestos beneficiarios del subsidio provincial para la Desocupación Laboral.

Luego, conforme se actualizó el programa de asistencia social, comenzaron a utilizarse tarjetas de débito de los beneficiarios. Las claves de estas cuentas eran obtenidas por los “reclutadores”, es decir, los encargados de captar personas para que se inscriban al programa. En consecuencia, el dinero terminaba en manos de la asociación ilícita.

La lista de beneficiarios falsos tenía la autorización de la cartera de Desarrollo Social, a través de los organismos de gestión de los planes sociales provinciales. Por esto mismo, Di Luca, Soiza y Siengenthaler son considerados como los jefes de la asociación ilícita, puesto que ellos eran quienes gestionaban esas dependencias.

Sin embargo, otros funcionarios auspiciaban de colaboradores externos: como es el caso del director de Finanzas del Ministerio provincial, Luis María Gallo, y quien ocupó luego su cargo, Laura Carolina Reznick, debido a que ambos fueron los que aprobaron los pagos.

Otras personas funcionaban de forma externa, retirando el dinero. El monto total que habrían acumulado mediante este accionar es de 153.377.900 pesos. En este contexto, la Justicia continúa su investigación, mientras se aguarda el inicio del juicio contra los principales responsables.