La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, mantuvo durante la tarde de este jueves una reunión clave con los principales sindicatos del Congreso, ante un combo de decretos que derivó en 56 despidos en la Cámara alta. Tras la cumbre, que desde ambos sectores calificaron de “buena y cordial”, quedó la promesa de revisar algunos casos con diferencias de interpretación, según la visión oficialista o gremial.
“Si cometimos un error puntual, se revisará”, deslizaron desde el entorno de la Vicepresidenta a Infobae tras el convite y dejaron en claro que las medidas adoptadas siguen vigentes, más allá de una lupa desde los próximos días con autoridades competentes, como Recursos Humanos o el área jurídica, para analizar un puñado de situaciones.
En tanto, desde uno de los sindicatos indicaron a este medio que se llevaron la promesa para desactivar varios “excesos” cometidos y que no se complicará el destino de agentes que trabajan desde hace años en el Senado, más allá del estatus de su planta, ya sea permanente o transitoria.
La definición de este jueves se consumó tras días -en realidad, semanas- de tensiones, rumores y operaciones cruzadas por las normativas adoptadas por Villarruel para escanear al personal de la Cámara alta. Una situación particular de la reunión realizada esta tarde es que no participaron todas las autoridades competentes para estos temas, lo que suma incertidumbre.
Un problema -que creció con celeridad- ocurrió con la puesta en vigencia de la huella para marcar la presencialidad en dependencias del Senado. La trifulca principal no es tanto con los sindicatos -que estaban agazapados y a la espera de diversas pujas para limar al oficialismo libertario-, sino con los propios legisladores. La cantidad de exceptuados, gritos y contestaciones en fuerte tono y amenazas en cuanto al incumplimiento de reglas pincelaron el ambiente de los últimos 15-20 días en la Cámara alta.
Para entender todo este embrollo, habría que considerar una descripción del Senado y del Congreso, en general, con tres bloques bien delimitados. En el del medio siempre aparecen los empleados de planta permanente y transitoria -la mayoría de la composición de la Cámara alta- que cumplen, desde hace años o décadas, sus tareas. Son los más perjudicados, por escándalo. También, los menos considerados.
En el segundo bloque se ubican los pícaros gremios, como la intocable Asociación del Personal Legislativo (APL), que comanda el cristinista Norberto Di Próspero, quien aparece en la lista del PJ que presentó la ex primera mandataria y ex vicepresidenta para liderar el justicialismo nacional.
Un tercer bloque está representado por las estructuras elefantiásicas como la imprenta, la siempre criticada obra social y la Biblioteca del Congreso -la última, con un funcionamiento envidiable en algunas áreas, pero embarazada de octillizos-, donde asomarse y preguntar es considerado un pecado mortal, salvo para utilizar dependencias e impulsar alguna carrera musical -con video incluido y actor contratado para el mismo-, como ocurrió años atrás.
Sobre estos tres bloques sobrevuelan las autoridades de turno y los propios senadores -opositores y oficialistas-, quienes empiezan a tajearse entre sí y ponen en juego lo más sagrado: la agenda legislativa. Una cuestión delicada y para nada menor, a la espera de un nuevo decreto de Villarruel con más despidos.
Las resoluciones de Villarruel de los últimos días se dieron en función de las conclusiones de la Comisión de Análisis de Dotación (CAD) de la Cámara alta, creada en mayo pasado. Con dicha medida, ya son más de 400 las personas que cesaron en sus funciones a partir de la llegada de la nueva conducción del Senado. Los sindicatos no quisieron integrar la CAD -ni siquiera, de manera informal-, un escenario que se comentó durante la reunión de este jueves.
Un ejemplo que regala el Senado. Un empleado que no iba a trabajar fue desvinculado el 1 de febrero pasado. Tras semanas de investigación, Infobae corroboró que el ahora ex trabajador aceptó en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas a una mujer en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con la Cámara alta.