La IGJ aceptó la apelación de la AFA y elevó a la Cámara Civil el expediente que invalidó la reelección de “Chiqui” Tapia

La Inspección General de Justicia aceptó el recurso presentado por la entidad madre del fútbol argentino, pero mantuvo la vigencia de la suspensión de la asamblea que renovó autoridades y quitó los descensos

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La asamblea que fue suspendida
La asamblea que fue suspendida por la IGJ se realizó igual y Chiqui Tapia fue reelecto por aclamación

La Inspección General de Justicia (IGJ) elevó hoy a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el expediente que discute la legalidad y legitimidad de la asamblea convocada por Claudio “Chiqui” Tapia en la que se votó por aclamación su reelección anticipada y la suspensión de los descensos. Se trata de un proceso en el que dirime una batalla política que tiene de un lado el gobierno de Javier Milei, que impulsa la libre elección de los clubes a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), y, del otro lado, el mundo del fútbol que se resiste a esa iniciativa.

Según pudo saber Infobae, el organismo que preside el experto en derecho comercial Daniel Roque Vítolo concedió el recurso que había presentado la Asociación del Fútbol Argentino, pero lo hizo con “efecto devolutivo”, que significa que la resolución administrativa apelada se mantiene vigente en su totalidad, hasta que haya una definición propia de los jueces asignados por sorteo.

La definición respecto de quién tiene razón en la controversia sobre la validez de la asamblea convocada por la AFA estará a cargo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, integrada por el juez Gabriel Gerardo Rolleri, el subrogante Maximiliano Luis Caia y el secretario Daniel Salvador Pittalá. “La Cámara deberá considerar primero si fue bien concedido el recurso por la IGJ y luego, en caso afirmativo, darle un traslado a la Inspección General de Justicia por cinco días para que conteste los argumentos de la AFA en su apelación”, indicaron fuentes con acceso al expediente.

Recién después de esa definición, una vez contestado el traslado, la Cámara pasará a estudio el caso para dictar una resolución, cuyo plazos no pueden estimarse”, explicaron los informantes.

El ministro Cúneo Libarona y
El ministro Cúneo Libarona y el titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo

La apelación y la asamblea

El sábado pasado, la Asociación del Fútbol Argentino presentó la apelación a la resolución del Gobierno que declaró inválida la asamblea ordinaria de la entidad donde se votó por aclamación la reelección anticipada Tapia, la suspensión de los descensos y la creación de un nuevo torneo, la mudanza de la sede de la entidad a la provincia, como así también los libros y balances del último año. El recurso, al que accedió Infobae, incluyó fuertes acusaciones a Javier Milei, a quien responsabilizó por la “ofensiva pública sostenida con la cual han intentado forzar la entrada de las Sociedades Anónimas Deportivas” (SAD).

Se trató de escrito de 60 páginas que firmaron Federico Helfer y Julieta Chabagno y estaba dirigido a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Allí, la AFA reclamó que se remita “en forma urgente” el expediente al tribunal de alzada para dirimir las diferencias de criterios expuestas por las partes, se declare la nulidad de lo dispuesto y se revoque la resolución que firmó la autoridad de control que invalidó la asamblea.

En la apelación, los representantes de la AFA destacaron que la asamblea que se realizó en el predio “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza, “todos y cada uno de los puntos del orden del día fueron aprobados por 44 de los 45 miembros habilitados para participar en la Asamblea”.

“Los asambleístas no sólo mocionaron y votaron a favor de proceder con el tratamiento de todos los puntos, sino que también se expresaron de manera contundente en favor de las cuestiones sometidas a consideración, con una mayoría arrolladora”, estableció el recurso, y agregó que “la única excepción a esta amplia aprobación fue la negativa, abstención y/o no participación en el tratamiento de algunos puntos por parte del representante de Talleres”, el club cordobés que se opuso a los manejos de Chiqui Tapia.

Entre los datos salientes de la presentación que había hecho el fin de semana la entidad que conduce Tapia es que expuso el motivo de choque entre el gobierno de Milei y la entidad de la calle Viamonte. “Desde el inicio del mandato han lanzado una ofensiva pública sostenida contra la AFA y sus autoridades, por medio de la cual han intentado forzar la entrada de las SAD en el fútbol argentino (concretamente buscando su admisión como miembros de mi mandante, no obstante lo expresamente establecido por el Estatuto de la AFA al respecto”.

El presidente también dejó en claro que está dispuesto a ir “hasta el hueso” en esa disputa con el presidente de la AFA, según lo manifestó en la entrevista que difundió el domingo el canal TN. “Es una de las batallas más importantes a dar. Primero porque Argentina es el semillero del mundo, es decir, los mejores jugadores de fútbol del mundo salen de acá y nosotros podríamos tener una liga local de muchísima mejor calidad si no fuera por los manejos turbios que tiene la AFA”, afirmó el presidente.

Y recordó que “la Inspección General de Justicia ordenó que era inválido hacer el adelantamiento de elecciones que propuso el señor Tapia”, una medida que fue desoída por la AFA. “Parecen Venezuela con Maduro que adelantaron la Navidad. Adelantaron las elecciones de manera irregular, por lo tanto esta causa va a seguir en la Justicia”, afirmó.

En este ida y vuelta, Milei estableció una fecha límite a los beneficios impositivos que le había otorgado el gobierno anterior a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Durante los próximos seis meses, el objetivo será reformular el régimen vigente.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que “la AFA opera con un régimen por el que los clubes no pagan sus obligaciones previsionales como cualquier otro contribuyente, sino que lo hacen a través de un sistema que obtiene recursos de diversas fuentes (entradas, pases y transmisiones televisivas), con los que cancelan dichas obligaciones. El problema es que la alícuota vigente no alcanza a compensar los aportes y, por este motivo, entre noviembre y abril pasados el régimen generó un déficit fiscal de unos $7.000 millones”. Son todos capítulos de una guerra abierta que va del ámbito político al administrativo y, a partir de ahora, al de los jueces, que tendrán la última palabra.

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