El senador libertario y presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), presentó días atrás un proyecto para que “magistrados y funcionarios jubilados, en virtud de las disposiciones legales específicas para el Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación”, conserven “el estado judicial” y puedan “ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de suspensión, licencia o vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación”.
“Los magistrados y funcionarios jubilados que sean convocados podrán optar por continuar percibiendo el haber, o por cobrar la remuneración propia del cargo al que han sido llamados a ocupar y, en este último caso, se suspenderá la liquidación de ese haber, la cual se restablecerá automáticamente finalizado el término por el cual durare la convocatoria”, plantea la iniciativa.
Además, “cuando el período de desempeño transitorio exceda de un mes tendrán derecho a cobrar del Poder Judicial o del Organismo respectivo un adicional consistente en la tercera parte (33%) del sueldo que corresponda al cargo que ejerzan”.
En el texto también se deja en claro que “en el caso que sin causa justificada el magistrado o funcionario convocado” no cumpliera, “perderá el derecho al haber jubilatorio correspondiente al lapso por el cual no preste el servicio que le ha sido requerido, la Cámara o la autoridad que lo convocó dispondrá el pertinente cese del pago”.
Para encender un mecanismo de este tipo, el proyecto impone que “las Cámaras Nacionales de Apelaciones y de Casación Nacional y Federal formarán todos los años, antes del 20 de diciembre, las listas de magistrados y funcionarios jubilados entre quienes, durante el año siguiente, se desinsaculará en cada caso quien haya de subrogar al magistrado o funcionario titular, u ocupar interinamente el cargo vacante”.
Pagotto mencionó, en los fundamentos de la iniciativa, la “situación de colapso en la que quedó sumida la administración nacional de justicia por el significativo número de cargos sin cubrir, habiendo llegado a representar el porcentaje más alto de los últimos años de vacantes en los distintas órbitas del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, que ven dificultada sus tareas ante la realidad concreta de atender, los magistrados que la componen, no solo las causas propias del cargo que ocupan, sino además las de otros juzgados y/o Fiscalías y/o Defensorías que se encuentran vacantes , en muchos casos, desde hace casi una década o más”.
“Todos aquellos que someten una contienda judicial o realizan peticiones de la más diversa índole en defensa o protección de sus derechos se ven defraudados, cuando no perjudicados, por la excesiva dilación con que se administra justicia. Ello, a pesar de haberse multiplicado los esfuerzos y las horas de labor de los magistrados en actividad para atender simultáneamente varios tribunales”, agregó el senador libertario.
Para Pagotto, “la acumulación de causas, el continuo aumento del nivel de litigiosidad, la creciente complejidad de los asuntos litigiosos, hacen que resulte imposible que estas situaciones no redunden en perjuicio de los justiciables”. Es por ello que “debe reestablecerse el estado judicial de los magistrados y funcionarios jubilados, dado que fue una herramienta legal que permitía la convocatoria de aquellos para desempeñarse en cargos vacantes”, afirmó.
“Con la trayectoria y el probado desempeño en esos cargos de estos profesionales estaría absolutamente asegurada la idoneidad requerida para sanear inmediatamente el sistema judicial nacional, acelerar el trámite de los procesos y paliar la situación hasta tanto se cubran definitivamente los cargos vacantes”, concluyó el legislador riojano.