La SIGEN enviará el lunes una carta al rector de la UBA para coordinar la auditoría que impulsa el Gobierno

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) enviará el lunes una carta formal al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, para comenzar con las auditorías presupuestarias que impulsa el Gobierno a las universidades nacionales, que están en pie de guerra desde hace semanas por el ajuste presupuestario y el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Así lo confirmó el síndico general, Miguel Blanco, al ratificar que desde la semana que viene se comenzará con el proceso que autorizó el gobierno libertario. “Le voy a dirigir una carta al rector de la UBA para que designe un contacto y se empiece a planificar la auditoría, y pongan a disposición la documentación que necesitamos para hacerlo”, detalló Blanco.

Según Blanco, la supervisión de los recursos y gastos estará centrada en el destino de los fondos públicos, pero sobre todo los convenios que las universidades han suscrito. “Nos vamos a fijar cuál es el origen de los fondos y cuándo se recibieron. La UBA tiene más de 350 convenios, hay que ver qué fondos se recibieron con esos convenios y con quién se hizo”, precisó el síndico en declaraciones a FM Millenium.

El funcionario se refirió puntualmente a los reparos que hizo el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, a que el Gobierno audite los gastos universitarios. Yacobitti había advertido que los controles internos y externos son públicos y que todo forma parte de una “ataque” del Poder Ejecutivo a la universidad pública. Otro de los argumentos de las universidades para resistir las auditorías se refiere a que el Poder Ejecutivo afecta a su autonomía institucional.

Según Blanco, la supervisión de estos controles es un mandato establecido en la Ley 24.156, que determina que todos los organismos que manejan fondos públicos deben ser auditados por la SIGEN o la Auditoría General de la Nación (AGN).

“No está en discusión la autonomía, la universidad puede nombrar sus cuadros directivos, sus profesores, hay libertad académica, pero la autarquía es otra cosa. Serían autárquicas si se financiaran con fondos propios, como ocurre en muchas partes del mundo, pero no lo son porque se financian con fondos públicos”, aseguró.

Según precisó Blanco, la auditoría abarcará un universo de aproximadamente 2.200 convenios en universidades públicas de todo el país. Especificó que algunos de estos convenios son de actividades relacionadas con pasantías y prácticas profesionales, algo que “no está en discusión”, pero sí harán hincapié en la necesidad de revisar aquellos acuerdos que involucran tareas que no están directamente vinculadas a la función académica.

“Recuerdo un caso de reparación de sanitarios donde una universidad contrató directamente a un plomero o una empresa de plomería. Esas cosas no deberían existir y es lo que queremos verificar”, sostuvo.

Otro de los puntos que se abordará es el rezago en el envío de la información de parte de las universidades. Se trata de un pedido del que están detrás la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. “Están preocupados con este tema. Aparentemente hay atrasos en la rendición de cuentas de las universidades. Es uno de los temas que van a estar en la auditoría, por qué esto ocurre”, explicó Blanco.

Uno de los desafíos es la capacidad operativa de la SIGEN para llevar a cabo estos controles. Actualmente, la entidad cuenta con 530 empleados, un número que el síndico considera insuficiente para cubrir la totalidad de las universidades y sus respectivas facultades, dado que cada institución maneja sus fondos de manera distinta. Por lo que evalúa solicitar una exención para contratar más personal, frente a la restricción del Poder Ejecutivo para contratar nuevos empleados. “Estamos ajustados de gente y también de personal capacitado”, reconoció.

Blanco adelantó que tiene la intención de reunirse con la Auditoría General de la Nación (AGN) y su titular, Juan Manuel Olmos, un peronista alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner, que incorporó la evaluación de los gastos de las universidades públicas en su plan de trabajo. “En algún momento me voy a juntar con el doctor Olmos. Los dos organismos de control tenemos que coordinar tareas”, indicó.

El reclamo presupuestario escaló en las últimas semanas con el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario que ajustaba los recursos según la inflación de diciembre de 2023, con el fin de recomponer los salarios a esos niveles previos. Rectores, sindicatos docentes y no docentes, y federaciones estudiantiles llevan a cabo clases públicas, paros y tomas de facultades en todo el país para denunciar la situación de los profesores, que perdieron su poder adquisitivo en un 30%.

En respuesta a las protestas, el Gobierno intenta llevar la discusión a la necesidad de controlar el uso de los fondos, frente al contexto de restricción fiscal. Javier Milei acusó en varias oportunidades a las autoridades educativas de querer preservar “curros”.