La Mesa Nacional de Barrios Populares, conformada por referentes barriales y organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la ONG TECHO y Cáritas Argentina, una organización de la Iglesia Católica, entre otras, ha publicado un informe basado en datos oficiales que revela la paralización de las obras de urbanización en los barrios populares de todo el país, el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y la falta de ejecución del programa Mi Pieza.
Este presupuesto está destinado a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables del país, que son el epicentro de los mayores índices de pobreza e indigencia de los últimos 20 años, según los datos difundidos por el INDEC.
Obras paralizadas
“En los primeros 10 meses de gestión del Gobierno de Javier Milei sólo se ejecutó el 5% del presupuesto proyectado para todo el año”, destaca el trabajo y advierte que “se paralizaron el 80% de las obras” destinadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables que viven zonas marginales, en asentamientos y villas.
Según el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), en Argentina hay 6.467 barrios populares que ocupan una superficie de 684,20 kilómetros cuadrados. Esto es más de tres veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que tiene una superficie de 203 kilómetros cuadrados. Esos barrios están ocupados por 1.124.797 viviendas y lo habitan 1.237.795 familias, unas 5.000.000 de personas.
La inmensa mayoría de los hogares tienen una “conexión irregular a la red de agua”, que abarca al 56,63% de las casas. El 15,77% tiene bomba de agua de uso domiciliario; y sólo el 8,43% tiene una “conexión formal a la red de agua con factura”.
Contra lo que se los escucha decir a la mayoría de los gobernantes, el 65,92% de los hogares de los barrios populares no tienen cloacas. El desagüe es “sólo a pozo negro/ciego, u hoyo”. Y el 26,5% lo hace en “cámara séptica o pozo ciego”.
Otra de las enormes falencias en las viviendas de los barrios carenciados a los que estaban destinadas las obras con los fondos del FISU es la conexión de gas. El 85,77% tiene conectada la cocina a una garrafa. El 12,43% utiliza “leña o carbón”.
Con la calefacción es peor: el 37,82% utiliza “leña o carbón”, con lo peligroso que es el desprendimiento de dióxido de carbono en habitaciones cerradas, y el 28,96% utiliza la red eléctrica. Hay que recordar que casi el 60% está conectado de forma irregular.
“La villa no es la casta”
Dirigentes sociales y personas que habitan esas casas precarias fueron los que se manifestaron el miércoles frente al Palacio de Hacienda para reclamarle al ministro de Economía, Luis Caputo “la restitución de los fondos” del FISU y la “urgente reactivación de las obras”. Recordaron que también son perjudicados “con las políticas de motosierra de La Libertad Avanza” las cooperativas de trabajo encaradas de realizar las obras, la mayoría de ellas están asentadas en los municipios en los que están radicados esos barrios, como Lomas del Mirador, en La Matanza, el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires o Saladillo, Rosario, en la provincia de Santa Fe. Allí, según destaca el trabajo, “242 familias sobreviven sin acceso a servicios básicos como agua y electricidad, lo que ha provocado incendios y otros riesgos de seguridad. En 2023, la cooperativa Flor del Ceibo inició obras para conectar formalmente a 70 viviendas a la red eléctrica, pero solo 10 familias lograron completar la conexión”.
La Mesa Nacional de barrios populares describió en su informe que “cientos de obras fueron detenidas, ya sea por falta de pagos o por atrasos en los procesos de contratación para garantizar sus inicios”. Allí se precisó: “En lo que va de 2024, de acuerdo a la información publicada por las autoridades de la Subsecretaría de Integración Socio-urbana, solo se reactivaron 137 obras de las 716 obras sin finalizar, es decir sólo el 20% de las obras, dejando a miles de vecinos y vecinas, como los de Saladillo, a la espera de soluciones que no se terminan de concretar”.
De las 716 obras que aún no se encuentran finalizadas, 579 están paralizadas, es decir, el 80% de las obras “que el Estado nacional debería estar finalizando y hoy se encuentran detenidas”, se lee en el informe. “Se trata de cientos de barrios populares con obras sin avance, afectando de forma más contundente a provincias y centros urbanos densamente poblados”, destacándose las provincias de Buenos Aires, Formosa, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén, Jujuy y CABA.
“La villa no es la casta” fue una de las consignas utilizadas en la protesta frente al Ministerio de Economía. Ese mismo día presentaron en la justicia un amparo colectivo “por la restitución de los fondos para las obras de urbanización”.
Reducción de fondos
El Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU) estaba regido por la ley 27.541 de 2019. En ella se definió que el 9% de lo recaudado con el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (Impuesto PAIS) se destinara al FISU. Sin embargo, el decreto 193 de 2024 redujo el aporte del Impuesto PAIS al FISU al 0,3%.
El impacto negativo en el FISU fue doble, ya que el Ministerio de Economía también redujo la alícuota del Impuesto PAIS. El 2 de septiembre, el Gobierno dispuso a través del Decreto 777/2024 la baja de ese tributo del 17,5% al 7,5% sobre el uso de dólares para el pago de importaciones de bienes y fletes desde el exterior.
“Desde el cambio de Gobierno, se redujo la ejecución presupuestaria del FISU en un 92% en términos nominales respecto de 2023. En los primeros 10 meses de gestión solo se ejecutó el 5% del presupuesto proyectado para todo el año, lo que revela una subejecución extremadamente alta”, denunciaron los dirigentes sociales y de Cáritas Argentina en el documento titulado: “A 6 años de la sanción de la Ley 27.453 más de 5 millones de vecinos/as necesitan que continúen las obras en los barrios populares”.
Los datos del Ministerio de Economía, cartera de la que depende la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana, son elocuentes. En los primeros ocho meses de 2022 se ejecutaron $72.654 millones. En el mismo período de 2023, la cifra trepó a $198.353 millones. En los ocho primeros meses de la administración Milei, descendió a $20.374 millones.
El Proyecto de Integración Socio-Urbana está destinado a garantizar la infraestructura y el acceso a servicios básicos para las familias del Registro Nacional de Barrios Populares a través de “proyectos diseñados desde una mirada urbana, ambiental y social con perspectiva de género”. En la página web del Ministerio de Economía también se describe que “a través de estas obras impulsamos el desarrollo de la economía popular que, junto a municipios y provincias, intervienen como unidades ejecutoras de estos proyectos”, destaca la publicación del Gobierno.
Según los datos oficiales, hacia fines de 2023 -último dato informado-, la política pública implementada por la Secretaría de Integración Socio-Urbana (hoy Subsecretaría) contaba con un total de 1.386 proyectos en 1.329 barrios populares que beneficiaban a 1.383.108 personas y generaban -a través de las cooperativas- 141.557 empleos.
También se generaron unos 25.000 lotes con servicios a lo largo del país, y se aprobaron un total de 255.596 mejoramientos de vivienda a través de la línea Mi Pieza, para el beneficio de más de 350.000 familias en todas sus líneas de obras.
Sobre esta realidad, Gastón Batará Reyes, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares y trabajador de la construcción, dijo a Infobae: “Los pobres, los trabajadores, venimos siendo la principal variable de ajuste. Esto tiene que ver con la miseria planificada llevada a cabo por el ministro Caputo y el Gobierno Nacional, que con la plata destinada a urbanizar e integrar los barrios populares, están jugando a la timba. Esto impide a las familias que aún esperan la regularización tener perspectiva de conquistar su derecho a acceder al agua, a una conexión eléctrica segura, a una vivienda digna”.
La totalidad de los barrios populares de Argentina están atravesados por los altísimos índices de pobreza e indigencia publicados por el INDEC, los más altos de los últimos 20 años. La pobreza alcanzó al 52,9% de la población, un incremento de 12,8 puntos porcentuales respecto a los datos del mismo período de 2023 (40,1%). Además, la indigencia prácticamente se duplicó en un año: pasó del 9,3% en el primer semestre de 2023 al 18,1% en los primeros 6 meses de este año. Si se proyectan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares a todo el país, casi 25 millones de personas son pobres (6 millones más que en el segundo semestre de 2023), de las cuales 8,5 millones son indigentes.