“La suma tan importante de dinero que ofrecen merecería que no quede absolutamente ninguna duda acerca del origen lícito de los fondos, pero esas dudas no están despejadas”. Lo dijo a Infobae el fiscal general Maximiliano Hairabedian, a cargo de la acusación en el proceso contra Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, los líderes del sindicato de recolección de residuos de Córdoba, que irán a juicio oral y público por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y usura.
Los dirigentes gremiales ofrecieron al Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba el pago de 750 mil dólares en concepto de “reparación integral del daño” para tratar de evitar el juicio. La decisión de los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Asís se conocerá el martes próximo. Si dan su consentimiento, se cerrará el expediente en curso y ambos acusados quedarán sobreseídos.
Hairabedian rechazó la propuesta de los imputados, a quienes se los acusa, junto con otros 18 familiares y dirigentes, de haber formado “una asociación destinada a cometer diversos delitos de tinte económico-financiero en perjuicio tanto de los afiliados como del propio Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), de la Mutual del gremio y de la obra social, siempre con el objetivo último de beneficiarse ellos y sus familiares y/o allegados directos”, tal como figura en la presentación del fiscal para pedir la elevación a juicio de esta causa.
Según el fiscal cordobés, su oposición a la propuesta de efectuada por los sindicalistas “tiene que ver con el interés público que tiene una causa de trascendencia pública en Córdoba porque se trata de hechos ilícitos cometidos por uno de los sindicatos más importantes de la provincia”.
“Eso me llevó a a propiciar que se haga el juicio oral y público para, siendo un tema de interés público, se puedan determinar las responsabilidades de los acusado”, agregó.
Pero además Hairabedian advirtió sobre “la preocupación de la Fiscalía sobre el origen de los fondos con los que se quiere cerrar el proceso con una reparación integral porque los hechos que se juzgan implicaron el enriquecimiento ilícito de los imputados en perjuicio del sindicato y de los afiliados”.
Enfatizó que “si se investiga ese tipo de maniobras, la suma tan importante de dinero que ofrecen merecería que no quede absolutamente ninguna duda acerca del origen lícito de los fondos, pero esas dudas no están despejadas a pesar de que los principales acusados, a través de sus defensores, presentaron certificaciones contables sobre sus bienes y su capacidad económica”.
El fiscal cordobés, que subroga a Enrique Senestrari, con licencia médica, interpretó que los acusados “no acreditaron la trazabilidad de la fuente originaria de ese dinero” ya que “esas certificaciones contables, si bien dan cuenta de una capacidad económica para hacer el acuerdo, no acreditan el origen primario de esos fondos”. “Por eso me mantuve en esa posición. Ahora el tribunal tiene que resolver sobre el tema y va a anunciar la resolución el martes 22″, añadió.
En cuanto a la legalidad de la propuesta de reparación económica de los delitos, Harrabedian dijo que “hay causas que se cierran por reparación integral del daño porque así está previsto en el Código Penal, pero no hay antecedentes de que en una causa de esta complejidad, que involucra la acusación de un enriquecimiento ilícito, se ofrezca como reparación una suma tan importante”.
Saillén y Catrambone están acusados de haber formado una asociación ilícita en detrimento de los afiliados y del propio sindicato, la mutual y la obra social, desde fines de agosto de 2009. Según figura en el pedido de elevación a juicio oral, “la organización fue establecida de forma paralela a las entidades defraudadas (sindicato, obra social y, especialmente, mutual), utilizando en gran medida la misma estructura de poder; de esta manera, los imputados tuvieron pleno acceso y facultades para desviar fondos, defraudar a las entidades, perjudicar a los asociados y, finalmente, blanquear el producto o provecho de los ilícitos a través de la compra de bienes y mutuos a tasas altísimas”.
“Los imputados se valieron de sus posiciones de poder dentro de aquéllas (la mayoría en puestos de decisión) para mejorar sus propias fortunas en completo desmedro de afiliados y sociedades”, añadió.
Para el fiscal, “está comprobado que los imputados otorgaban préstamos a tasa usuraria a los afiliados y, luego, se aprovecharon de la extrema informalidad y falta de registro contable mediante la cual se manejaban, para sustraer para sí y para conocidos el dinero extra que debería haber supuesto un beneficio extraordinario para la Asociación Mutual y, en consecuencia, para el resto de los afiliados”.
Luego detalló otras maniobras ilegales de Saillén y Catrambone: “Desviaron parte del dinero obtenido a través de las ventas realizadas en el showroom de la Mutual hacia sus patrimonios personales. Perjudicaron a la Mutual haciéndole asumir el pago de gastos rendidos por la obra social y por el sindicato, los cuales le fueron devueltos en condiciones perjudiciales para la Mutual. Blanquearon el dinero obtenido por estas actividades tanto a través del otorgamiento de mutuos a familiares, terceros muy allegados o ellos mismos, como mediante la compra de bienes muebles e inmuebles”.
En su presentación, Hairabedian admitió que los imputados lograron que los trabajadores de recolección de residuos “tuvieran dignidad, sueldos muy buenos y un gran convenio colectivo de trabajo”, aunque advirtió que “detrás de esa fachada de gremio combativo se escondía otra estructura, subterránea, con fines muy disímiles: el lucro y aumento desmedido de poder de sus directivos en general y, muy especialmente, de Saillén, Catrambone y sus familiares directos”.
Y agregó: “Que la asociación ilícita siempre estuvo dirigida por Catrambone y Saillén y direccionada hacia el crecimiento de sus patrimonios es algo que surge palmario de la multitud de informes que constan en la causa: la cantidad de inmuebles y las flotas de vehículos a nombre propio o de terceros allegados habla por sí sola. Pero no es sólo eso. Se llegó a tal extremo que utilizaban a las entidades para solventar gastos tan absurdos como viajes familiares al Caribe (en uno se incluye a la secretaria de Saillén), viajes de egresados, patentes de autos, honorarios de empleadas domésticas”.
Tras destacar que la investigación se extendió durante 3 años, el fiscal también consideró que “políticos, empresarios y gente del sindicato contribuyeron para que la gestión de los residuos fuera ineficiente y excesivamente onerosa para la ciudad” ya que, enfatizó, “sin políticos o funcionarios que facilitaran o, en el mejor de los casos, hicieran la vista gorda al no controlar no se podrían haber cometido la mayoría de los hechos” delictivos de los que se acusa a los sindicalistas.
Como anticipó Infobae, la causa Surrbac es una de las cuatro investigaciones relacionadas con la gestión de residuos en Córdoba, aunque las otras tres no han avanzado significativamente.
Saillén y Catrambone fueron reelegidos en el sindicato cordobés en septiembre de 2022, a pesar de las acusaciones en contra de ellos. Ambos fueron detenidos en agosto de 2019 por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero, en un operativo que incluyó allanamientos en los que se decomisaron 11 vehículos de alta gama, joyas, armas y más de 4 millones de pesos,
En abril de 2020, luego de permanecer 7 meses en el penal de Bouwer, ambos dirigentes gremiales pagaron una fianza de 10 millones de pesos cada uno y pudieron recuperar la libertad. Ahora, si el Tribunal Oral Federal N° 1 acepta el martes próximo su propuesta de reparar el daño cometido mediante el pago de 750 mil dólares, podrán evitar ir a juicio pese a las gravísimas acusaciones.