En Brasil esperan un gesto político de Argentina por la orden de extradición de los refugiados bolsonaristas

Brasilia se parece a Oscar Niemeyer. Pero la maqueta futurista del arquitecto brasileño se opacó el 8 de enero de 2023, cuando miles de militantes opositores a Luis Ignacio “Lula” Da Silva asaltaron los tres poderes del Estado.

Una turba de simpatizantes de Jair Bolsonaro, por entonces presidente saliente, forzó los accesos y destrozó los edificios del Planalto, el Congreso y el Poder Judicial de Brasil. Fue un golpe contra Lula, líder del PT, que asumía su tercer mandato tras ganar las elecciones del 2022. La Justicia local inició acciones legales y condenó a centenares de involucrados. Sin embargo, un grupo de condenados se escapó del país con destino a Buenos Aires.

Ahora, los tribunales cariocas emitieron una orden de extradición para que Argentina entregue a 63 bolsonaristas imputados por aquellos desmanes. El Gobierno de Javier Milei evitó dar una respuesta.

Se trata de militantes opositores a Lula que solicitaron asilo. Algunos escaparon de forma ilegal, mientras que otros se fueron a la vista de todos, sin ser capturados. Apenas supo de la situación, la diplomacia brasileña notificó a Brasilia el paradero los bolsonaristas. Es que el Tribunal Federal de Brasil (STF) emitió una orden de extradición y remitió el listado a Itamaraty y a la Embajada de ese país en Argentina. La información permanece encriptada, bajo estricta reserva.

La Cancillería que conduce Diana Mondino recibió el martes la orden de extradición y comenzó a analizar la documentación. No obstante, no hubo respuesta oficial. El Planalto espera por estas horas un gesto político de la Casa Rosada para avanzar con el proceso judicial. Es un escenario improbable, que aplacaría la tensión entre Milei y Lula a un mes del viaje del argentino al G20 de Río de Janeiro.

La diplomacia argentina maneja el tema con profunda cautela y reserva. Tiene una incidencia acotada sobre un asunto que implica a múltiples organismos del Estado y que, finalmente, dependerá de la respuesta de la Justicia. El punto que traba el litigio es que Argentina concedió a algunos de los apuntados la condición de “refugiado”. Ese estatus, basado en una legislación similar a la de Brasil, otorga protección política a los imputados e impide la extradición.

En el Planalto deslizan que no quieren intervenir en la decisión del Gobierno argentino y que, por ahora, siguen lo que dice la ley. Empero, conocen que otorgarles la condición de “refugiado” a los bolsonaristas prófugos es un acto de voluntad política de la Casa Rosada.

Desde Argentina, los bolsonaristas aseguran que son “inocentes” y desconocen las condenas. Niegan, incluso, haber cometido delitos el 8 de enero. Infobae se contactó con militantes de Bolsonaro en Buenos Aires, que prefirieron reservar su identidad. “Somos perseguidos políticos y pedimos al Gobierno del presidente Milei que garantice nuestro asilo y resguardo”, respondió a este medio un dirigente brasileño que llegó en abril al país.

En tanto, Infobae también consultó a Gabriela Ritter, abogada brasileña y presidenta de la Asociación de familiares y víctimas del 8 de Enero. “Aún no hemos tenido acceso a la decisión, pero informamos a las familias de los exiliados que no deben preocuparse. En primer lugar, porque cualquier orden judicial del STF solo es válida en Brasil. Por lo tanto, la decisión probablemente fue ordenar al Gobierno brasileño solicitar al Gobierno argentino la extradición”, sostuvo la letrada, que está en contacto con los partidarios de Bolsonaro.

“Sin embargo, al final esa decisión quedará en manos del gobierno argentino, que ya ha manifestado, en varias ocasiones, que cumplirá con la ley. Por lo tanto, como las personas son formalmente refugiadas, se debe denegar la solicitud de extradición”, agregó Ritter. Y exigió que el Gobierno de Milei “debe conceder asilo político a todas las personas que estén siendo perseguidas políticamente en Brasil”.

Milei tiene profundas diferencias ideológicas con Lula. Ambos se cruzaron dardos verbales en los últimos meses y pusieron al límite el vínculo diplomático. Hubo esfuerzos de Itamaraty y el Palacio San Martín para evitar una ruptura. Mauro Vieira, canciller brasileño, y Mondino, construyeron un buen vínculo. “Hay intereses y necesidades mutuas que van más allá de lo ideológico”, deslizaron a Infobae desde Brasilia.

Sin embargo, la situación de los refugiados bolsonaristas caldea el clima. Según supo este medio, hay más de 200 prófugos de la Justicia brasileña involucrados en los atentados del 8 de enero de 2023. A través de una petición del juez Alexandre de Moraes, del STF, se ordenó la extradición de 63 militantes de la oposición a Lula. Se trata de dirigentes cuya identidad se mantiene en reserva pero que llegaron a Argentina en los últimos meses y que son oriundos de diversos estados de Brasil.

Tras la resolución de Moraes, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de Brasil evalúa en estos momentos si el caso se ajusta a los tratados internacionales. Cabe señalar que la extradición es una presentación que realiza un país por vía diplomática para peticionar que una o varias personas sean entregadas privadas de su libertad para ser sometidas a un proceso penal o cumplir una pena impuesta en el Estado peticionante. En este caso, Brasil extendió el pedido a Argentina, a través de la Cancillería.

La Justicia de Brasilia acompaña el pedido con documentación que respalda la orden de extradición. A partir de ahora, Argentina debe cruzar información con áreas técnicas para resolver la situación de las personas acusadas. Deberán constatar en la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) si se trata de “refugiados” o no para analizar si remiten la extradición al tribunal brasileño.

En la Casa Rosada hacen silencio, pero dejan trascender que consideran que, si se trata de “presos políticos”, van a “dar asilo o resguardo” a los dirigentes que se encuentra en el país. La Policía Federal de Brasil estima que son entre 50 y 200 partidarios del expresidente Jair Bolsonaro. Según esa información, los militantes habrían ingresado al país después de que Milei llegó al poder, el 10 de diciembre.

La mayoría del listado de militantes ya fueron juzgados y tienen condena por el Supremo Tribunal. Obtuvieron penas que van desde 10 hasta 17 años de prisión por planear un “golpe de Estado”, conforme indicó un alto oficial de policía con acceso a la investigación.

Este año, desde Brasilia habían solicitado a la policía argentina que identificara el paradero de los militantes bolsonaristas y diera detalles de su situación en el país antes de solicitar su extradición. Los prófugos tenían restricciones de movimiento ordenadas por la Justicia. Incluso, algunos rompieron las tobilleras electrónicas que les habían colocado.

Es un hecho que agita la relación entre el líder del PT y Milei luego de conocerse que el Jefe de Estado argentino confirmó que estará en el G20 que se hará el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro. Como anticipó Infobae, Lula anhela firmar, en ese contexto, el puntapié para concretar el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

Otra opción, que seduce a un sector libertario en Argentina, es hacerlo el 5 de diciembre en Montevideo, cuando Milei asuma la Presidencia Pro Tempore del Mercosur de manos de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. En cualquier escenario, el objetivo del bloque es acelerar el acuerdo con los europeos.

No obstante, la orden judicial de De Moraes agrava las disonancias entre Brasilia y Buenos Aires. De momento, Milei no concederá un gesto hacia Lula. Desde Itamaraty presionarán al Palacio San Martín para agilizar la extradición.