Desde las 11, el Cuerpo Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tratará en la Legislatura la adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El temario se estableció ayer en la reunión de labor parlamentaria, que fue presidida por el vicepresidente Primero, Matías López, junto a todas las bancadas políticas que integran el recinto.

La Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria despachó el proyecto de adhesión “a las disposiciones contenidas en el Título VII que contiene los capítulos I al XII y los artículos 164 al 228 de la Ley Nacional 27.742, que refiere al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Con autoría de la legisladora de La Libertad Avanza, María del Pilar Ramírez, el proyecto propone la adhesión en consonancia a la firma del Pacto de Mayo –del cual participó el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri- y a la aprobación de la Ley Bases, donde está integrado el RIGI.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta entre sus actividades económicas más destacadas el turismo, las inversiones en infraestructura y el desarrollo tecnológico, motivo por el cual la adhesión a la ley 27.742 constituye una gran oportunidad para el incremento de las inversiones en las actividades mencionadas, con la consecuente prosperidad y bienestar que ello implicaría para la Ciudad y sus habitantes”, argumenta la iniciativa.

Anoche, la Legislatura de Córdoba sancionó el proyecto oficialista -enviado por el gobernador cordobés, Martín Llaryora- a la adhesión al RIGI, con 39 votos a favor y 28 en contra. En el texto aprobado, el gobierno provincial fijó medidas de estabilidad fiscal en tributos provinciales, como también la extensión de los beneficios a otros emprendimientos que no están incluidos en la norma de alcance nacional. A su vez, dicha provincia se reserva el derecho de incrementar los beneficios ya dispuestos por la ley sancionada en el Parlamento Nacional.

Además, se prevé el tratamiento de la exención del pago de tributos que imponga y perciba la Ciudad por los activos declarados bajo el régimen del “Impuesto especial de regularización” de activos, previsto en el Título II, Capítulo IV, de la Ley Nacional 27.743. Y se tratará el catálogo de inmuebles protegidos, que fue elaborado por el Poder Ejecutivo porteño para darle protección especial a ciertos edificios porteños debido a sus valores urbanísticos, ambientales, arquitectónicos, históricos, testimoniales o simbólicos.

La semana pasada se desató una polémica porque el estadio Alberto J. Armando del Club Atlético Boca Juniors quedó contemplado en dicha lista, lo que impediría que se realicen reformas en su estructura edilicia. Desde la Comisión Directiva del Xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, solicitaron al cuerpo Legislativo que no incluyan al estadio en la nómina “hasta tanto estén concluidas las obras de ampliación del mismo”.

Dicho catálogo se encuentra conformado por alrededor de 5 mil inmuebles y en este proyecto se prevé sumar cerca de 4.276 inmuebles más, entre las que en un primer momento estaba incluida la Bombonera. Hay que recordar que el estadio de Boca fue inaugurado en 1940, por esa razón está dentro de la nómina referido al igual que otros recintos como el estadio Monumental de River Plate, el Tomás Adolfo Ducó de Huracán y el Ricardo Etcheverri de Ferro Carril Oeste.

A modo de respuesta, el legislador y presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Edgardo Alifraco, afirmó que recibió el comunicado de la institución. Y destacó en sus redes sociales: “Actualmente nos encontramos en la tarea de que el texto final a aprobar en el recinto tenga en cuenta las necesidades de la Institución, de manera tal que la misma pueda realizar las obras y reformas que la Bombonera requiera”.