El Gobierno está siguiendo desde la semana pasada, de reojo, el plan iniciado por la oposición dura para modificar la ley de DNU que complicaría la gobernabilidad de Javier Milei. Si se aprobara, la iniciativa les restaría a los libertarios herramientas para administrar mientras son minoría en el Congreso, y los funcionarios del ala política del Presidente, encabezados por Guillermo Francos, con intervención del asesor Santiago Caputo y ayuda del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, empezaron poner en práctica un plan para socavar el plan de los partidos más distantes.
Los sondeos del oficialismo empezaron el martes previo a la marcha universitaria, cuando el foco principal de la agenda estaba puesto en los fondos para la educación superior. Desde el día 1 el intento de Unión por la Patria y Encuentro Federal de avanzar con alguno de los 16 proyectos que están presentados genera incomodidad en el Gobierno, sobre todo porque los obliga a hacer frente a una embestida que no estaba en sus planes, en paralelo al debate que más les importa, por la aprobación del Presupuesto 2025.
“Llama la atención que estén yendo en contra de una ley de Cristina Kirchner”, chicanearon en el Palacio de Gobierno. Se refirieron a la sesión de 2006, cuando la entonces senadora por el oficialismo durante la presidencia de Néstor Kirchner contribuyó a sancionar la ley 26.122 que reguló el tratamiento de los DNU en el Congreso.
En ese momento, la norma estableció el proceso de revisión de los decretos por parte de una Comisión Bicameral, con el argumento de que facilitaba la gobernabilidad en situaciones críticas. Ahora, la fuerza de la ex presidenta iría en contra de un mecanismo que impulsó su principal líder (que, por otro lado, no se expidió aún al respecto), para que sólo sea necesario que una de las cámaras rechace un decreto del Ejecutivo.
Un funcionario del Gobierno despotricaba contra el kirchnerismo ayer por la tarde, poco antes del inicio del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conducen el libertario Nicolás Mayoraz y la diputada de PRO Silvia Lospennato, que se vieron obligados a apurar una reunión a instancias de los opositores. La estrategia del Gobierno apunta a evitar un dictamen el 30 de octubre, cuando vence el plazo que logró establecer la oposición. Para eso necesitarían lograr que no firme la mitad de los diputados que conforman las dos comisiones mencionadas.
En caso contrario, advirtieron cerca de Milei, avanzarán sin dudarlo con un tercer veto. “Estamos de acuerdo con el tema de fondo. Pero no con el momento”, sostuvo un alto funcionario.
En este escenario, los libertarios quedaron nuevamente obligados a una tarea que los irrita: negociar con los aliados del PRO. Como es habitual, en el ala proclive a una fusión con el oficialismo, que responde a Patricia Bullrich, deslizaron ayer en reunión de bloque que el partido debería dificultar el debate a la oposición y favorecer a Milei. Incluso hablaron de “demorar” la discusión lo más posible, o de “bloquearla”. “No hay ningún tipo de chance de que el PRO vote a favor de una medida que sería muy destructiva para el Gobierno”, dijeron en el sector bullrichista.
Sin embargo, en el ala mayoritaria, que responde al liderazgo de Mauricio Macri, acotaron que “el PRO aún no definió una postura”. Se repite, así, la historia de las conversaciones previas a los vetos por los fondos para jubilaciones y universidades, donde los amarillos dilataron su posicionamiento a la espera de que el Gobierno esuchara y respondiera sus reclamos. “Van y vienen”, dijeron referentes violetas al tanto de las conversaciones, por ahora informales, con los macristas.
En La Libertad Avanza perciben un intento desestabilizador de parte de los diputados más distantes. “Al único gobierno al cual le boletean un DNU, le vienen a restringir el uso de los DNU. Todos los ‘republicanos’ fueron oficialistas y nunca lo quisieron modificar. Ahora les parece oportuno”, ironizó un diputado nacional de las huestes de Milei en referencia al rechazo del DNU 70 en el Senado. “Son muy reglamentaristas cuando les conviene. Están jugando con fuego fuerte. Un ejecutivo debil no es bueno. Ni en nuestro gobierno ni en ningún otro”, dijeron.
Por lo pronto, ayer la Cámara de Diputados empezó a evaluar los distintos proyectos para reformar la ley que regula la sanción de los DNU. Son tantos como 16, y por ahora, los opositores no están alineados por completo para conseguir los dos tercios necesarios para avanzar. Incluso, como adelantó Infobae, en Unión por la Patria, el bloque que tendrá que aportar la mayoría de las firmas para que prospere alguno de los dictamenes posibles.
Por lo pronto, los aliados del PRO más cercanos, en esa reunión informativa, dejaron entrever una estrategia para ayudar a la Casa Rosada. Por caso, la diputada Silvana Giudici deslizó que, al ser un tema “demasiado profundo, es algo que no se puede abordar en tres sesiones”. Del otro lado, los impulsores del proyecto aseguran que una demora sería contraria al reglamento. En el Gobierno siguen el tema con preocupación, y advierten que no dejarán que prospere, incluso si llegara al recinto y se aprobara.