El Gobierno prorrogó el apoyo de las Fuerzas Armadas en Rosario en medio del conflicto con las bandas narco

El Gobierno estiró el plazo del apoyo de las Fuerzas Armadas en Rosario para combatir el narcotráfico mediante una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, se extiende por 90 días el plazo en el que el Ejército estará colaborando con el Ministerio de Seguridad para prevenir la escalada de violencia en la ciudad santafesina.

A través de la Resolución N° 737/2024, el Ministerio de Defensa prorrogó el apoyo de las Fuerzas Armadas al Sistema de Seguridad Interior en la ciudad rosarina, por un período de 90 días corridos, con el fin de seguir siendo el sostén logístico y táctico de las fuerzas federales en el conflicto contra el narcoterrorismo.

La decisión fue publicada luego de que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, emitiera una nota ante la cartera de Defensa que dirige Luis Petri, solicitando la continuidad del apoyo logístico de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad en dicha ciudad de Santa Fe.

En este sentido, el Estado Mayor Conjunto de las FFAA mantendrá las operaciones como hasta el momento, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y su Decreto Reglamentario N° 1273/1992.

Cabe recordar que en marzo pasado Patricia Bullrich, junto con el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habían convocado a un Comité de Crisis para coordinar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales ante la escalada de violencia narco en la ciudad vecina. El mismo está integrado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal y su funcionamiento puede ser prorrogado por decisión de los copresidentes, según indica la Resolución del Ministerio de Seguridad.

En ese contexto, la ministra Bullrich enumeró los puntos centrales del plan:

1) “Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista, para que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población tenga doble pena”.

2) “Estamos enviando al Congreso la ley antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre las bandas, ajudicándoles los crímenes a todos sus integrantes; como hizo el código penal de Italia para terminar con las mafias y luego Bukele contra las maras. Cada integrante llevará la pena de la organización”.

3) “Enviaremos efectivos de las fuerza federales, los primeros están llegando hoy a la noche, para generar saturación y sumaremos de 2 a 4 zonas de alto riesgo en la ciudad. Vamos a trabajar con equipos especiales de investigación para conformar el árbol genealógico de las bandas que hoy actúan en Rosario. Haremos acciones de saturación en el horario crítico, de 17 a 7 de la mañana, para proteger la noche”.

4) “Trabajaremos fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos que muchas veces no está en los barrios humildes sino en los de alta capacidad económica de la ciudad. Iremos contra ellos con las procuraciones especializadas para cortarles el capital del trabajo a las organizaciones”.

5) “Solicitaremos la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas y le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales a la altura de lo que tenemos que afrontar. Queremos sacar las armas que han crecido y atentan contra la vida de la gente, tendremos reuniones confidenciales con los jueces para plantear un modelo diferente que nos permita controlar para lograr que Rosario no sea la ciudad con más armas del país”.

Al momento de asumir la gobernación de Santa Fe, en diciembre de 2023, Maximiliano Pullaro anunció que volvería a instalar los inhibidores de señal telefónica móvil que ya existían en las cárceles; poco después suspendería el ingreso de alimentos de parte de los familiares a los presos.

Ambas decisiones avivaron el enfrentamiento entre el Gobierno y los capos de Rosario, recrudecieron la violencia que ya se venía gestando y que solo se sentía en la ciudad, y traspasaron los límites al cobrarse la vida de cinco ciudadanos. Además, emitieron amenazas a las autoridades y atacaron escuelas.

Entre las víctimas de los ataques que mayor relevancia tomaron, se encuentran los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano, el colectivero Marcos Iván Daloia y el playero Bruno Nicolás Bussanich, de 25 años ejecutado a sangre fría mientras se encobraba trabajando. Según indicaron medios locales, la ciudad tiene una de las tasas de homicidios más altas de Argentina, y gran parte se debe al conflicto narco.

En uno de los últimos informes elaborados por el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, la tasa de homicidios en el departamento de Rosario pasó de 22,37 cada 100 mil habitantes en 2022 a 19,84 en 2023, pasando de tener 291 a 260 homicidios, de los cuales el 70 por ciento de ellos estaba vinculado al sicariato. En tanto, entre enero y febrero de 2024 se registraron 24 homicidios dolosos en Rosario, según datos oficiales.

Por su parte, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, había destacado el compromiso conjunto de la provincia y el municipio para enfrentar los problemas de la ciudad de manera directa y sin negaciones, a través de un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario.