Un grupo de senadores de diversas provincias comenzará a trabajar con la idea de reflotar una vieja idea de la primavera democrática que, en su momento, tuvo mucha prensa y ningún éxito: mover la Capital Federal, es decir, el centro administrativo nacional, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la Patagonia. Ignacio Torres, gobernador de Chubut, es quien trabaja para promocionar y traccionar la vieja idea de Raúl Alfonsín, conocida en 1986, dos años antes de que “Nacho”, el jefe provincial más joven del país, naciera.
El dirigente sureño fue quien anunció que el proyecto de ley ingresará pronto -aunque no dio fecha- a la Cámara alta. Él puso el tema sobre la mesa en casi todas las entrevistas que concedió en las últimas semanas y lo repitió durante la noche del sábado en la cena televisada con Mirtha Legrand: allí también anticipó que el Gobierno nacional estaría dispuesto a acompañar la vieja iniciativa.
“Todos los países modernos mudaron la capital. Australia, Estados Unidos, Brasil lo hicieron”, comentó. Torres detalló que la idea sería llevar la Capital al distrito de Viedma (Río Negro)-Carmen de Patagones (PBA). “Creo que hay una oportunidad histórica para avanzar en el proyecto. Esto es transversal a todos los partidos”, dijo y consideró que la ley podría aprobarse ya que el Gobierno nacional tiene espíritu “reformista”.
El gobernador de Chubut reiteró sus intenciones este domingo en una entrevista concedida a radio Rivadavia. “Es un proyecto que estuvo vigente durante mucho tiempo. Faltó volumen político en su momento. El gobierno tiene una oportunidad histórica. Hablé con algunos funcionarios y nadie puede contradecir, porque no hay grieta, que tenemos una necesidad muy grande de descomprimir, no solamente hablando de federalismo fiscal, sino una zona centro macrocefálica. Y tenemos la oportunidad de descentralizar hacia el mal llamado interior de la Argentina”, consideró.
Torres analizó que la mudanza de la Capital Federal sería importante en términos económicos pero también para el Poder Judicial. “Más del 90% de los gastos de la Justicia se ejecuta en la Capital”, remarcó. No obstante, y más allá de los tiempos que demore eventualmente el tratamiento de la ley en el Congreso, estimó que todo el proceso de mover las sedes administrativas federales tomaría mínimamente una década: “Estamos hablando de 10 o 12 años, ya que implica una inversión en infraestructura”.
Para el gobernador de Chubut “la idea es hacerlo de manera austera”. Y explicó que “el Estado tiene mucho bienes ociosos que se pueden vender”. Además aclaró que “no inventamos la pólvora” al explicar que la idea ya la tuvo “el radicalismo, peronismo y ahora el Gobierno lo ve con buenos ojos”. “Me llevé una grata sorpresa al ver que el Gobierno Nacional tomó el traslado de la capital nacional a la Patagonia como un punto a discutir en el ‘Consejo de Mayo”, había comentado Torres a principios de septiembre pasado.
Según fuentes cercanas al dirigente consultadas por Infobae, Torres trabaja en el proyecto de ley con la senadora radical que representa a su provincia, Edith Terenzi. Pero la iniciativa tiene el aval del flamante interbloque Provincias Unidas, integrado por seis legisladores -la mayoría representantes de gobernadores -: dos ex Frente de Todos, Edgardo Kueider (Entre Ríos) y “Camau” Espínola (Corrientes), la cordobesa Alejandra Vigo, el salteño Juan Carlos Romero, la neuquina Lucía Crexel y Terenzi.
“En el Congreso, está el número. En su momento, esa ley se aprobó en el Congreso y no hubo voluntad política por parte del Poder Ejecutivo. Hoy se puede aprobar la ley porque el número está. Necesitamos la voluntad política del Poder Ejecutivo porque es un proyecto que tarde 12 años en hacerse efectivo”, dijo Torres un mes atrás.
Cómo fue el proyecto frustrado de Alfonsín
Entre 1985 y 1986 el presidente Raúl Alfonsín y su equipo trabajaron con un plan ambicioso de mudar la Capital Federal a Viedma. Lo llamaron “Proyecto Patagonia”. Era mucho más amplio que el traslado. Entre otras cosas proponía la provincialización del territorio nacional de Tierra del Fuego, un plan de radicación de empresas en la zona patagónica con ventajas impositivas, la conversión de la entonces Capital Federal en provincia con el anexamiento de buena parte del Conurbano bonaerense (se llamaría Provincia del Río de la Plata) y también una reforma constitucional.
La nueva capital estaría en Viedma, en Guardia Mitre y en Carmen de Patagones. Es decir ocuparía territorio de las provincias de Buenos Aires y de Río Negro.
En abril de 1986 Alfonsín ingresó el proyecto en la legislatura provincia en La Plata. Lo acompañó el gobernador Alejandro Armendariz. Luego, lanzó por cadena nacional el “Plan para una Segunda República Argentina”. Al día siguiente, el 16 de ese mes, el Presidente viajó a Viedma y fue recibido por el gobernador radical de Río Negro, Osvaldo Álvarez Guerrero. En un acto formal, entregó el anteproyecto y luego dio un discurso en el balcón del ministerio de Economía de esa provincia ante miles de personas.
Pidió no quedar preso de luchas partidarias, anteponer el bien nacional a los intereses coyunturales, propulsar el federalismo y activar el territorio patagónico. “Hay que crecer hacia el sur, hacia el mar, hacia el frío”, dijo. Algo parecido repitió por estos días Torres: “Para que la Argentina crezca debe mirar al sur”.
Las encuestas previas no demostraban demasiado interés en la población por el tema. Sin embargo una vez anunciada, la medida recogió amplia consenso. El Gobierno hizo ingresar el anteproyecto de ley por el Senado y obtuvo aprobación. En diputados la victoria fue aplastante. Miles de trabajadores se trasladaron a Viedma con la esperanza de tener más y mejores oportunidades. Algunos inversionistas se apresuraron a comprar terrenos. El Papa Juan Pablo II visitó la ciudad en lo que se entendió como una bendición a la futura capital.
El Gobierno impulsó la creación del Ente para la Construcción de la Nueva Capital (ENTECAP), que diseñó planos y maquetas. Hubo estudios económicos, de impacto ecológico, demográficos y energéticos. Imaginó obras hidráulicas, edificios públicos, barrios enteros, hospitales, puentes, colegios, universidades y embajadas, todo bordeando el curso del Río Negro.
Era “la Brasilia argentina”. Se estimó un costo de 2.300 millones de dólares para su construcción y el plazo para la mudanza y para la concreción de las obras era, como ahora lo estima Torres, de doce años. Es decir, el nuevo milenio llegaría con la nueva capital. Pero nada de eso ocurrió, se sabe. La hiperinflación, la crisis económica y social y el cambio de gobierno apagaron el proyecto. Muchos años después, Alfonsín confesó su error: “Me tendría que haber mudado aunque sea en carpa a Viedma. Eso hubiera cambiado todo”.