Las alarmantes irregularidades detectadas en el Hospital Bonaparte por las que el Gobierno decidió su reestructuración

El gobierno de Javier Milei decidió reestructurar el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte. El plan está a cargo de un “equipo interdisciplinario”. El Ministerio de Salud de la Nación, dirigido por Mario Lugones, anunció que no habrá nuevas internaciones -actualmente hay 19 de las 60 camas ocupadas- y que la guardia externa seguirá funcionando. La decisión estuvo motivada por una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), fechada en abril de este año, pero que se llevó a cabo entre junio y septiembre de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández. Su resultado es alarmante y marca graves observaciones “de alto impacto” para los pacientes y el funcionamiento del centro de salud mental, único de referencia nacional. Infobae accedió al informe de 40 páginas, identificado con el número 88/2023.

“Las actividades de campo fueron desarrolladas en el Servicio de Atención de la Demanda Espontánea (ADE) del Hospital”, señala el documento, que añade que se “verificó el incumplimiento de las disposiciones de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 en cuanto a los derechos de las personas con padecimientos mentales y su modalidad de abordaje”.

La Ley busca garantizar un “abordaje más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos en el tratamiento de las personas con padecimientos mentales, favoreciendo la atención comunitaria y limitando el uso de internaciones”.

La SIGEN también detectó que se vulneró la Ley N° 26.529 referida a los derechos del paciente en su relación con los profesionales e Instituciones de la Salud. La legislación busca garantizar el derecho a la información, autonomía, transparencia y confidencialidad. Regula los derechos en la relación entre pacientes y profesionales de la salud, y garantiza una atención sanitaria humanizada y respetuosa.

Uno de los puntos salientes de la ley marca: “El paciente tiene derecho a que se respete su intimidad y dignidad durante todo el proceso de atención médica. Cualquier intervención médica debe realizarse en condiciones que garanticen la privacidad del paciente”. Y agrega: “La Historia Clínica es un documento único, que debe contener toda la información sobre los tratamientos y atenciones del paciente con los registros de todos los actos médicos realizados”.

También se perdieron historias clínicas y faltaban las firmas o identidades de los médicos que atendieron a los pacientes. Asimismo, se incumplieron con órdenes judiciales de internar a personas que cometieron delitos declaradas inimputables que volvieron a delinquir.

Entre junio y septiembre de 2023 los auditores de la SIGEN evaluaron “el procedimiento que realiza el Servicio de Atención de la Demanda Espontánea”. Para eso, describe el informe, “se relevaron y analizaron los registros de datos utilizados y las Historias Clínicas en formato papel. A su vez, se examinaron las actividades desarrolladas por los agentes intervinientes en el proceso auditado”. Los resultados, según dejaron escrito, fueron de “impacto alto”. Entre los principales descubrimientos los auditores destacaron:

• ”Se ha constatado en pacientes con sintomatología evidenciada en la historia clínica, por ejemplo, con síntomas de abstinencia o bien manifestadas por los mismos pacientes, como por ejemplo ansiedad, ataques de pánico, irritabilidad, conductas autolesivas y hetero agresivas, ya sea como consecuencia del consumo de sustancias o por otras causas, que los mismos no han sido evaluados por un profesional médico”.
• ”Se observaron casos en los que, ante la solicitud del paciente de efectuar consulta psiquiátrica, no se le ha dado acceso a la misma. Dichas situaciones no permiten el acceso a medicación en los casos que así lo pudieran requerir, pudiendo vulnerarse el derecho a ser tratado con la alternativa más conveniente”.
• También se detectaron irregularidades en varios casos de personas “declaradas judicialmente inimputables que ingresaron al hospital con orden judicial de ser internados”, sin embargo, fueron “atendidos bajo la modalidad ambulatoria no dándose cumplimiento a la orden judicial”. A las pocas semanas, uno de ellos volvió a delinquir. El individuo fue declarado una vez más inimputable. El magistrado volvió a ordenar su internación en el Hospital Laura Bonaparte, pero, en vez de eso, lo derivaron al Hospital Ramos Mejía.
• ”En las historias clínicas se observó que se prescribió medicación (indicación o modificación de plan farmacológico) sin que conste la intervención de un profesional médico”.
• ”Psicólogos y trabajadores sociales prescribieron fármacos. No están autorizados para hacerlo. El artículo 9° de la Ley N° 23.277, la cual regula el régimen del ejercicio de la Psicología prohibiendo expresamente esos profesionales prescribir, administrar o aplicar medicamentos destinados al tratamiento de los pacientes”.
• ”En el 10% de las historias clínicas se habría dispensado medicación en ausencia de un médico incumpliéndose así lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Salud Mental N° 26.657, en cuanto a que la indicación y renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática, debiendo asimismo promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios”.

El informe de la SIGEN también advierte: “En algunos casos se constató un control y una nueva evaluación respecto de las dosis suministradas según el plan de medicación, pero en algunas historias clínicas no estaba el nombre del médico. El incumplimiento normativo verificado puede resultar en un riesgo para la salud de los pacientes ante la falta de evaluación por parte de un profesional médico”.

Sobre este punto hay que tener en cuenta que la Ley N° 26.529 sobre Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, destaca que la Historia Clínica debe constar “toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud”.

Las historias clínicas también presentaban otras falencias graves. Por ejemplo, “se observaron debilidades en la recolección de antecedentes personales de salud y enfermedades previas del paciente, así como detalles del tipo, frecuencia y duración de la problemática de consumo de sustancias si la hubiere, siendo que este tipo de información al ingreso constituye un recurso que podría resultar importante con relación al tratamiento a seguir”.

Los auditores destacaron: ”La Ley N° 26.529 indica en su artículo 15 -exige- el deber de asentar en la historia clínica de cada paciente los antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere”. A modo de ejemplo, la SIGEN cita la historia clínica N° 22.328 en donde el paciente manifiesta “haber realizado un tratamiento previo tanto en el Hospital -Laura Bonaparte- como en el Hospital Fernández”; sin embargo en la Historia Clínica “no constan tales antecedentes ni un pedido de información a la otra institución”. Tampoco consta que el paciente era “consumidor de marihuana”.

En el informe fueron volcados otros ejemplos, los cuales le permitieron a la SIGEN concluir que “la debilidad en la sistematización de información relevante para el tratamiento del paciente impacta en el tipo de abordaje terapéutico y farmacológico, aumentando el riesgo de subestimar problemáticas complejas de salud mental, a la vez que dificulta el seguimiento y la toma de decisiones para los profesionales intervinientes”.

El jueves, las autoridades del Ministerio de Salud ratificaron que el gobierno nacional “está instrumentando un plan de reestructuración” del Hospital Laura Bonaparte con el objetivo de optimizar los recursos y generar mayor acceso a la atención y, contra la primera versión que se difundió por parte de la cartera de Salud sobre el cese de la actividades del centro de salud se insistió en que “no existe una decisión de cierre o despido de personal de esa institución ni de ningún otro centro de salud que depende de la Nación”. Lo dijo la viceministra de la cartera, Cecilia Loccisano quien el martes, en el piso 8 del Ministerio de Salud, ubicado en Lima 320, le dijo a Infobae: “La ineficiencia en la asignación de recursos fue uno de los motivos que llevaron al Ministerio de Salud a iniciar el plan de reestructuración” y describió: “El hospital tiene 60 camas de internación pero un promedio de ocupación mensual inferior a 20, lo que evidencia un uso subóptimo de las instalaciones. A su vez, los consultorios externos, que cuentan con 38 salas, atienden a entre 200 y 230 personas, un número que no justifica la cantidad de profesionales en la institución, consideró”.

-¿Cuántos profesionales y no profesionales trabajan en el Laura Bonaparte?, preguntó este medio.

-Son unos 650 empleados, de los cuales más de 300 son profesionales de la salud, es decir, tenés más profesionales que personas que demandan atención. Una consulta en los consultorios externos le cuesta al Estado entre $100.000 y $120.000 por paciente cuando en cualquier clínica privada es más o menos tres o cuatro veces menos. Es lo que paga un financiador por una consulta en una institución de primer nivel.

El pasado 4 de octubre los trabajadores del Bonaparte denunciaron el cierre del servicio de internación y de guardia. A inicios de esta semana el gobierno anunció que sería reestructurado. El plan está en manos de una “comisión interdisciplinaria” que el lunes debería haber comenzado la tarea pero, según la funcionaria, se postergó “por las medidas de fuerza” de los trabajadores que decidieron permanecer en el lugar “de forma permanente contra el cierre del hospital”.

“Así como está el hospital es inviable”, le había asegurado Loccisano a este medio y reveló que la decisión de los profundos cambios que se realizarán surgen del informe de auditoría de abril de 2023 de SIGEN que hoy publica de manera exclusiva este medio.

“Esto demuestra que estamos administrando mal y poniendo los recursos públicos dónde no debemos y estamos privando a otros del acceso a los servicios públicos que es lo que nosotros queremos privilegiar en nuestro plan de trabajo”, dijo la número dos del ministro Lugones, quien hace una semana reemplazó en el cargo a Mario Russo.

La viceministra también hizo mención a que el informe de la SIGEN los alertó sobre las preocupantes deficiencias que se hallaron en el hospital nacional de salud mental sobre, por ejemplo, el manejo en las historias clínicas. “Al momento de solicitar las historias clínicas correspondientes a la muestra de la auditoría, hubo ocho de ellas que no pudieron ser localizadas. Dicha situación expone deficiencias de la guarda y custodia de las historias clínicas denotando un incumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud”.

Las estadísticas volcadas en la auditoría reflejan que en 2022 se asistieron en consultorios 3908 pacientes. Que se realizaron 3113 “resoluciones intrahospitalarias, de las cuales el 81,5% consistieron en nuevas entrevistas al Servicio de Atención a la Demanda Espontánea, evidenciando estas situaciones que el servicio funciona en determinadas situaciones, como servicio de asistencia en contraposición a lo dispuesto en la resolución 57/2021 que especifica:

• Gestionar el primer nivel de atención multidisciplinario, que sin representar urgencia, aborda los pasos iniciales para el diagnóstico o el alivio del problema del paciente.
• Atender las demandas de atención, considerando los aspectos objetivos y subjetivos, así como también reivindicar los derechos de los pacientes, canalizar sus reclamos y acompañarlos en la primera consulta.
• Realizar el ingreso al sistema de asistencia a través de la derivación al servicio indicado.
• Favorecer el proceso de subjetivación del paciente, articulando el suceso que motiva la consulta en la trama histórica del sujeto, y propiciar las intervenciones integrales en términos de una evaluación interdisciplinaria.
• Escuchar las necesidades del paciente con el fin de construir las condiciones que permitan la entrada a un tratamiento ambulatorio o en uno de los dispositivos con los que cuenta el Hospital. Hechos que, según los expertos de la SIGEN no se realizaban.

Sobre lo expuesto, el informe de la SIGEN determinó: “Se constató en las historias clínicas que integran la muestra de auditoría que en 62 casos, el 11 % los pacientes concurrieron más de 5 veces a nueva entrevista superando así el límite de tres”.

A modo de ejemplo los auditores citan la historia clínica N° 46.560 donde la usuaria se atendió por atención de demanda espontánea en 18 oportunidades, desde el 11/2/2022 hasta el 13/07/2022″. Otro paciente concurrió en 16 ocasiones. Es decir que a los pacientes no recibían “un tratamiento ambulatorio hacia los dispositivos con los que cuenta el hospital”.

Según el informe de la SIGEN esto sucedió “únicamente el 8,5% -de los pacientes- que resultaron en derivaciones a Consultorios Externos, seguidos de 4,6% derivaciones a guardia, 2,6% a grupo terapéutico, 2% a jurídico asistencial, 0,4% a internaciones, 0,3% Hospital de día y 0,2% a salud integral”.

Si bien el equipo interdisciplinario será quien opine sobre las mejores medidas que se deben tomar sobre el hospital nacional de salud mental para hacerlo eficiente la viceministra de Salud, en diálogo con Infobae brindó una aproximación: “Hay que trabajar para redimensionarlo. Esto puede querer decir reorganizar los servicios y dar otras prestaciones, investigar un poco cómo es la demanda en la jurisdicción y ver cómo podemos trabajar en red con otros establecimientos para poder dar servicios que quizás otros establecimientos no dan. Y captar esa necesidad que está en la gente de atención. Y por ahí esto tiene que ver con redefinir servicios, no con ninguna otra medida restrictiva”.