El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocará en forma inminente a la CGT y a los empresarios del Grupo de los 6 (G6) a una mesa de diálogo social que definirá políticas a futuro en materia laboral, aunque de allí surgirá una comisión técnica para consensuar un punto polémico: la reglamentación del artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos al considerarlos una injuria laboral grave.
La convocatoria oficial se acordó con la CGT en la reunión del 30 de septiembre en la Casa Rosada, pero se demoró porque los máximos funcionarios libertarios se enfocaron en las negociaciones para mantener el veto a la ley de financiamiento universitario. En las últimas 24 horas, con el nuevo triunfo de Javier Milei en el Congreso, la iniciativa se aceleró y tuvo otro impulso con el encuentro que este miércoles mantuvo Francos con empresarios del Grupo de los 6 en la Casa de Gobierno.
“Vamos a plantear los ejes de desarrollo, producción y trabajo para empezar a coordinar una agenda”, dijo a Infobae el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, del ala dialoguista, uno de los promotores de la búsqueda de consensos en una mesa tripartita.
Desde el sector empresarial, uno de sus máximos referentes destacó que la expectativa sobre el diálogo con el Gobierno y la CGT es “tener un rumbo claro sobre los lineamientos que se deben seguir en los próximos años” porque, dijo, “no podemos postergar más las políticas de Estado”.
Claro que esos objetivos a los que nadie podría oponerse pueden exponerse a la dificultad de acordar un tema espinoso como el de los bloqueos contra las empresas. Ese será uno de los grandes desafíos de esta instancia de diálogo tripartito: las definiciones generales se tratarán de definir en la primera reunión de la mesa del Gobierno, los empresarios y la CGT, pero luego la tarea quedará en manos de la comisión técnica, integrada por expertos de los tres sectores, que buscará una reglamentación consensuada del artículo 94 de la Ley Bases, que califica como grave injuria laboral la participación en bloqueos o tomas de establecimiento y, por lo tanto, la convierte en causal de despido justificado.
Por la CGT ya se sabe que irán a la comisión técnica los abogados Marta Pujadas (UOCRA) y Federico West Ocampo (Sanidad), mientras que por el G6 aún se está definiendo la nómina de especialistas designados por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
En el caso del Gobierno habrá presencia de abogados del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, y de la Jefatura de Gabinete, pero también se menciona a María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, que depende de Presidencia de la Nación y alineada con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Todavía hay dudas acerca de la participación de representantes del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB): su titular, Juan Méndez, se lo pidió a Francos en una reunión que tuvieron la semana pasada, pero algunos funcionarios creen que invitar a esa entidad sería una provocación para la CGT porque tienen una postura “demasiado dura” contra esa modalidad extorsiva de protestas.
La CGT se llevó el compromiso del Gobierno de consensuar la reglamentación del artículo anti-bloqueos en el encuentro del 30 de septiembre con Francos, Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Fue un viraje que apunta a acercarse al sindicalismo luego de que el Gobierno, ante las diferencias que había en el propio gabinete, decidió finalmente no reglamentar ese artículo.
La dirigencia cegetista reclamaba la incorporación de un procedimiento previo para que los jueces determinaran si había injuria grave por los bloqueos y que el eventual despido no pasara por una decisión del empleador. Los empresarios se negaban en forma terminante a esa fórmula.
Ahora, el Gobierno analiza la posibilidad de sugerir a ambas partes un agregado a la reglamentación del artículo anti-bloqueos: la obligación de que haya una constatación “fehaciente” de la existencia de una protesta de ese tipo, lo que implicaría que si una empresa es bloqueada sus dueños deberán pedir a un fiscal, a la policía o a la Secretaría de Trabajo que acredite que no se puede entrar o salir del establecimiento, lo que habilitaría a los despidos con causa de los responsables de esas acciones.
Pese a estar en contra de los bloqueos como método de protesta, los funcionarios libertarios admitieron que la redacción del artículo 94 de la Ley Bases puede prestarse a “excesos” empresariales: es que el Senado incorporó el concepto de bloqueos parciales, además de los totales, como injuria laboral grave, pero, según señalan, eso podría abarcar incluso a una asamblea de trabajadores si es que obstaculiza parcialmente el lugar de trabajo. El propio Sturzenegger admitió a Infobae que “la redacción que hizo el Congreso es fuertísima porque habla de bloqueo total o parcial”, algo que puede generar “un cierto halo de discrecionalidad” para determinar los alcances de una protesta.
De todas formas, los empresarios del G6 se resisten a cualquier cambio del espíritu original de ese artículo y plantearán que se mantenga la no reglamentación, ya que, de todas formas, los despidos con causa por bloqueos contra las empresas igual suelen terminar dirimiéndose en la Justicia.
En la CGT ya se pintan la cara para ir a la guerra por este tema: “Hay muchos temas para tratar en el diálogo tripartito, pero el más importante es la reglamentación del tema bloqueos porque tal como está en la Ley Bases coarta la libertad sindical según lo establece el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, puntualizó un importante jefe cegetista.
En el sector empresarial, por su parte, recuerdan el discurso que brindó ante la última conferencia anual de la OIT el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, cuando hizo hincapié en que “un tema en discusión son los límites al derecho de huelga, que deben tener en cuenta la figura del acoso y violencia del Convenio 190 de la OIT, ya ratificado por la Argentina”. A continuación mencionó que ese convenio es de doble vía, pues los bloqueos de planta o la imposibilidad de ingreso o egreso de un establecimiento violan también derechos constitucionales como el de propiedad, el de ejercer toda industria lícita la libertad de tránsito y de trabajo”.