Qué dicen las auditorías al ENOHSA, el organismo encargado de obras de agua y cloacas que el Gobierno decidió cerrar

“Antro de corrupción” llamó el ministro de Economía, Luis Caputo, al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) en una entrevista el domingo pasado al anunciar que el Gobierno cerrará este organismo destinado a la ejecución de obras de infraestructura hídrica y sanitaria en el interior del país. El argumento del Gobierno es que su misión se superpone con la de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y su manejo de los recursos que provienen del Tesoro nacional es opaco. Según afirmó Caputo, mientras que en esa Subsecretaría “había 184 obras, en el ENOHSA había casi 1.500″, y aseguró que “se centralizan las obras ahí porque es mucho más difícil de auditarlo”.

Tras el anuncio del cierre, desde la cartera de Economía difundieron que “tal como los fondos fiduciarios y las Universidades, (el ENOHSA) eludía el control de gasto que hay en la Administración Central. De esta manera, funcionaba en total duplicidad con la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH). El objetivo era claro: encubrir y distribuir una nueva caja negra de la política”.

En 4 de las últimas 10 auditorías internas correspondientes al 2022 - publicadas en el sitio web del organismo y analizadas por Infobae - , se detectó falta de documentación respaldatoria de las obras, fondos no rendidos por los entes ejecutores, retraso en el avance de las obras, y compras directas en lugar de licitaciones, entre otras observaciones.

El ENOHSA fue creado por ley en 1995 como un organismo descentralizado, bajo el área del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, para “organizar y administrar la ejecución y/o instrumentación de los Programas de Desarrollo de Infraestructura”, en coordinación con municipios y provincias. En 2004, Néstor Kirchner dictó un decreto que le dio facultades para la contratación y ejecución de obras de provisión de agua potable y de saneamiento, así como para la compra de materiales destinados a ellas, de acuerdo a “las políticas formuladas por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal”, entonces a cargo de Julio de Vido.

Cuenta con siete programas destinados a municipios y ciudades de todo el país y tiene vigente para este año un presupuesto de $110.076 millones. Entre esos programas, se destacan el Programa Federal de Saneamiento (PROFESA), el Argentina Hace y el Programa de Obras Menores de Saneamiento (PROMES). De ese monto previsto para 2024, al 6 de octubre, al cabo de nueves meses, solo fue ejecutado el 39%, lo que refleja el freno en las obras de agua potable y saneamiento con fondos nacionales.

En 2023, el organismo manejó partidas por un total de $72.923 millones, de los cuales se ejecutó el 93,4%, según la información relevada por Infobae del sitio oficial de Presupuesto Abierto.

Desde Economía informaron que “mientras la Subsecretaría de Recursos Hídricos poseía alrededor de 145 personas empleadas, el ENOHSA contaba con 358 empleados al inicio de esta gestión, de los que hoy quedan 234, de los cuales se procederá a desprenderse de, al menos, el 50%. El restante será reubicado en áreas donde el recurso sea necesario”. También aseguraron que “todas las obras del Enohsa pasan a la Subsecretaría de Recursos Hídricos”.

El ex titular del Ministerio Obras Públicas en el gobierno de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, rechazó el cierre del ENOHSA al afirmar en la red X que “es la garantía de agua potable y cloacas para millones de argentinos en el interior”.

En declaraciones a Radio 10, el ex ministro afirmó “el ENOHSA es como el AySA del interior, es decir, obra y cloaca en todo el interior del país, a lo largo y a lo ancho de la Argentina” y que “habría que preguntarle a cada gobernador y a cada intendente qué significó este organismo, la inversión de agua y saneamiento en sus pueblos, en su localidad”.

Katopodis aseguró que, cuando llegó al Ministerio en diciembre de 2019, “había en la cartera apenas 28 obras” y que, en los cuatro años de la gestión de Fernández, “se hicieron 1.240 obras y se dejaron 600 obras en ejecución”. El hoy ministro de Infraestructura bonaerense opinó que “es literal lo de (la canciller Diana) Mondino cuando decía que los vecinos se tienen que pagar el agua y la cloaca, esos eran los barrios donde vive ella, los countries. O literal lo de (ministro de Desregulación Federico) Sturzenegger cuando dijo que la obra pública no vuelve más en la Argentina”, en referencia a los recortes presupuestarios de la gestión libertaria en ese sector.

Entre 2019 y 2022, el administrador del ENOHSA fue Enrique Tomás Cresto, entonces intendente de Concordia de licencia y hoy diputado provincial en Entre Ríos por el PJ- Frente Creer Entre Ríos. En un posteo en la red X aseguró que “ningún municipio hoy está capacitado financieramente para desarrollar redes de agua y cloacas con fondos propios”. Y precisó algunos números de su gestión al frente del organismo: “Hasta diciembre 2023 se ejecutaron más de 1.500 obras en toda la Argentina. Más de 120 mil puestos de trabajo”. Y agregó que hubo “un millón quinientos mil nuevos beneficiarios de agua potable y servicios de saneamiento. Más de 1.200 municipios beneficios de todas las provincias sin distinción de color político”.

Según una auditoría de la Unidad Interna del organismo - la 13/22- sobre las transferencias giradas para el financiamiento de obras del Programa Federal de Saneamiento (PROFESA), correspondiente al 2022, la rendición de fondos hubo “insuficiente” documentación respaldatoria en al menos tres proyectos - dos en Santiago del Estero y uno en la Rioja-, y fondos transferidos no rendidos en otra obra en esta última provincia.

El PROFESA fue creado a partir de los proyectos de acceso al agua potable y saneamiento remitidos por las provincias, y se financia con fondos que provienen del Tesoro Nacional. El informe advirtió que este Programa no tenía un Reglamento Operativo ni un Manual de Procedimiento.

La auditoría - que relevó una muestra de 32 obras sobre un total de 158 - también detectó “documentos de la contratación o la ejecución de la obra faltantes, insuficientes o inexactos”, y “falta de información indispensable” por parte del ente ejecutor, en seis de las obras realizadas ese año, y rendiciones de fondos pendientes en un proyecto en La Aguada, en Santiago del Estero,

A su vez, advirtió que se adeudaban certificaciones de obra en 24 proyectos, así como documentación referida a esas certificaciones, y hubo una “alteración de la periodicidad prevista para la certificación de obra y/o del avance físico establecido en el Plan de Trabajos vigente” en otras cuatro obras en santa Fe y Neuquén.

No fueron las únicas irregularidades. Se encontraron, además, obras paralizadas con el plazo de ejecución vencido, e “intervenciones insuficientes o extemporáneas por parte de las áreas competentes”.

En cuanto a la ejecución presupuestaria al finalizar el 2022, otra auditoría interna - la 06/23 -reveló que hubo demoras significativas en varias de las metas establecidas para los distintos programas y obras.

Las más retrasadas fueron las referidas a la incorporación de beneficiarios al sistema de agua potable, en las que la ejecución fue de solo el 14.15%. Le sigue la habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento, con apenas el 18.52% de ejecución; y los proyectos de saneamiento para el mejoramiento del Plan Argentina Hace, con el 35.29% de fondos ejecutados. Respecto de este último programa, el Comité de Control Interno del ENOHSA advirtió (en la Auditoría 02/23) sobre la necesidad de hacer un “Seguimiento de alto impacto“ debido al “anticipo financiero abonado y plazo para iniciar vencido sin constar avance de obra” y la “falta de presentación de certificados de obra”.

En cuanto a los proyectos de Saneamiento y Agua Potable del PROFESA, en 2022 la ejecución fue del 44.24%. Otros tres programas - Habilitación de obras de aprovisionamiento de agua, Proyectos de agua potable y saneamiento, y Habilitación de obras menores de saneamiento-, solo tuvieron un 50% de ejecución.

Respecto al retraso en la ejecución presupuestaria de estas obras, en relación a las metas establecidas en 2022, la auditoría señaló que se debió a “demoras en los procesos licitatorios por parte de los entes ejecutores, en la presentación de documentación y consecuentemente en la aprobación técnica, y en la presentación de certificados de obra”. También fueron causales los “retrasos de obra por inclemencias climáticas, la falta de insumos y materiales de importación, las restricciones presupuestarias, y las obras dadas de baja porque dejaron de ser prioritarias”.

Por su parte, la auditoría interna 9/23 sobre el Programa de Obras Menores de Saneamiento (PROMES) detectó “falta de análisis y aprobación de las versiones definitivas de Pliegos y Presupuestos Oficiales por parte de las áreas competentes”; “modificaciones del proyecto implementadas unilateralmente por el Ente Ejecutor sin previa convalidación del Programa”; y “cambios sustantivos en la ejecución del Proyecto no advertidos por la Supervisión de Obra”.

También, al igual que en otros programas del ENOHSA, advirtió la existencia de fondos no rendidos y “documentación respaldatoria insuficiente” en la rendición de las transferencias para las obras comprometidas.

En otra auditoría interna - la 04/23 - en donde se detallan las compras y contrataciones en 2022, surge que de las 80 adquisiciones hechas ese año por un total de $68,7 millones, el 92 % fueron compras directas, modalidad que si bien es más rápida, permite un mayor margen de discrecionalidad respecto de las licitaciones públicas.

Esta misma situación fue advertida por la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizada sobre el año 2023, y presentada a Jefatura de Gabinete en febrero pasado en el marco del decreto 126/2023. Del total de compras y contratos concretados el año pasado por el ENOHSA, el 87%(64) se hicieron por contrataciones directas por $609 millones, en tanto hubo solo 2 licitaciones públicas y 4 privadas por un total de $75 millones.

Ante la consulta de Infobae, fuentes cercanas a Katopodis señalaron que las auditorías “son parciales” y que “todas fueron respondidas - salvo una parte de 2023 - y todavía falta el dictamen final. Sin él no se puede evaluar fehacientemente lo actuado porque no evaluaron las respuestas que fueron dadas en tiempo y forma”. Y agregaron que “si el dictamen final encuentra delitos debe presentar una causa federal, como de hecho hay dos de los períodos 2017-2019 en Comodoro Py”, en referencia a la gestión de Cambiemos.

Las auditorías analizadas por Infobae incluyen, en la mayoría de los casos, el descargo del auditado, y recomendaciones para subsanar las faltas observadas.