Conflicto universitario: los estudiantes tomaron la Facultad de Filosofía y Letras y la de Psicología

Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que fue firmado por el presidente Javier Milei, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), resolvieron tomar las sedes en reclamo a la iniciativa que, justamente, será discutida el próximo miércoles en la Cámara de Diputados.

Es un nuevo escalón del conflicto con la educación superior. Después de la multitudinaria marcha universitaria federal de la semana pasada, los tres centros de estudiantes resolvieron ayer en asambleas ocupar las sedes universitarias, como una forma de protesta contra el veto del Gobierno a la ley. La norma dispone incrementar los recursos y un aumento salarial ajustado por inflación para docentes y no docentes de las altas casas de estudio. Las tomas en apoyo a la legislación son el paso previo a la movilización que se hará mañana en Congreso, y como un mensaje a los diputados que tendrán que decidir sobre el decreto presidencial.

Con el mismo objetvio, los alumnos del colegio preuniversitario Nacional Buenos Aires, dependiente de la UBA, definieron plegarse a la toma. Mientras que las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Exactas y Naturales de la UBA resolverán este martes avanzar con vigilias a partir de la noche.

La modalidad de cada acción tendrá sus particularidades en cada establecimiento. Las autoridades de la sede de Puan informaron que “a partir de lo resuelto en la multitudinaria asamblea estudiantil del día de hoy, la Facultad se encuentra tomada por les estudiantes con motivo del veto a la Ley de Financiamiento Universitario” y que estarán “atentas al cuidado del patrimonio” de la casa de estudios y “al resguardo de les docentes, no docentes y estudiantes”. Coincidieron, además, en que el estado de las casas de estudio es “preocupante” y que “nos reafirma en nuestra exigencia a los diputados y diputadas” a ratificar la Ley de Financiamiento Universitario.

En Puán habrá durante todo el día clases públicas abiertas en la calle. Además, “se garantizará que aquellas materias que necesiten dictarse en espacios específicos puedan acceder a un aula”, informaron. Los estudiantes instaron a “la participación de docentes, no docentes, estudiantes y graduados en esta jornada de lucha y visibilización ante estos ataques sin precedentes”. Y advirtieron que, si no se revoca el veto, realizarán cacerolazos en distintos puntos de Buenos Aires, y convocar a una nueva asamblea el miércoles 16 a las 18 horas.

En la Facultad de Psicología, el centro de estudiantes informó que es una “toma simbólica”, en la que habrá “pleno funcionamiento” del establecimiento, actividades de visibilización, “facultad y aulas abiertas”, “parciales con normalidad” y modalidad de clases públicas.

En Veterinarias, la organización estudiantil convocó a las 12 a un “ruidazo” desde el Pabellón Central de la Facultad de Agronomía hasta la de Veterinarias. Desde las 14 comenzará la toma, con un acampe en ese establecimiento. La jornada de visibilización continuará por la noche con una choripaneada a beneficio del Hospital Laura Bonaparte, que el Gobierno anunció su cierre, y el miércoles marcharán al Congreso.

En la Facultad de Sociales, ayer hubo clases públicas durante todo el día y este martes a las 13 se producirá un “semaforazo” y ruidazo en la avenida 9 de Julio. En Exactas, a las 12, se colgará una bandera “Defendamos la Ciencia y la Educación” sobre el Puente Lugones, y se desarrollará una asamblea intergremial a las 17.

El mismo debate, sobre si avanzar en tomas, vigilias u otras formas de protesta, se está desarrollando en distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad de Comahue.

Mientras se recalienta el clima en las universidades, el centro de la atención pasará mañana a la Cámara de Diputados, donde se tratará el veto de Milei publicado el pasado jueves en el Boletín Oficial. Este lunes se conoció que el PRO decidió apoyar la medida que es impulsada por Casa Rosada, aunque fue crítico del Gobierno. En un comunicado difundido esta tarde, el espacio que lidera Mauricio Macri señaló: “Habiendo pasado diez meses de gestión el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado. Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa”.

Al margen del cruce, el acompañamiento del PRO es una decisión clave para reunir los cerca de 85 a 87 votos -de acuerdo al total de diputados presentes- que el oficialismo necesita para impedir que la Cámara baja rechace con dos tercios la decisión del jefe de Estado e insista con la norma original.

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados tenía miradas divergentes, que quedaron expuestas durante el fin de semana. El ex presidente buscó ordenar las diversas opiniones de cara a la sesión convocada para el miércoles próximo.

Macri mantuvo una reunión por Zoom con Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. También con Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, dirigente y principal estratega del macrismo, y otros líderes del partido. Y se sumó en una parte Alejandro Finocchiaro, diputado nacional y ex ministro de Educación, para explicar detalles técnicos de la ley universitaria. Si bien se analizó dar “vía libre” para que cada legislador opte por votar como considere, finalmente se impuso la decisión mayoritaria de continuar apoyando al gobierno.

Desde el oficialismo celebraron el comunicado de sus habituales aliados parlamentarios, pero se mostraron cautos respecto de lo que pueda llegar a pasar luego en el recinto: “Somos bilardistas, nosotros jugamos los 90 minutos del partido”, resumió a Infobae una fuente cercana a la cúpula libertaria.

A pesar de todo, el Gobierno aseguró, a través de Luis “Toto” Caputo, que en caso de no alcanzar los números en el recinto, las autoridades nacionales recurrirán a la Justicia, ya que la norma no aclara de dónde se sacarán los fondos para hacer frente a ese gasto no previsto en el Presupuesto.