El Ministerio de Salud ahora aseguró que el Hospital Bonaparte no se cerrará, pero será reestructurado

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, aseguró que el Hospital Laura Bonaparte ingresó a un “proceso de reestructuración” que estará en manos de “un equipo interdisciplinario” formado por directivos del hospital, profesionales de ese centro nacional de referencia para la atención de problemas de salud mental y adicciones y de funcionarios del propio ministerio encabezado por Mario Lugones.

“Así como está el hospital es inviable”, destacó Loccisano y reveló que la decisión de los profundos cambios que se realizarán surgen de una auditoría de abril de 2023 que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en la que revelaba que se “incumplía con la Ley de Salud Mental y el derecho de los pacientes”.

La funcionaria, que habló ante un grupo de periodistas, negó el cierre del Laura Bonaparte, una idea que había sido difundida por fuentes del propio Poder Ejecutivo la semana pasada y afirmó que hay abierta una instancia de diálogo con los trabajadores que profundizaron las mediadas de fuerza “contra el cierre del Bonaparte”, mantienen “la permanencia” dentro de las instalaciones, e impulsada por ATE, preparan “una movilización” para este jueves 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental.

Para ejemplificar el desmanejo, que según La Libertad Avanza ocurre en el Bonaparte, dijo que si se calcula la inversión diaria del nosocomio con la cantidad de pacientes que asisten -unos 20 internados de las 60 camas disponibles- y unas 200 o 300 consultas externas, el valor de cada una de ellas oscila entre los $100.000 y $120.000.

Entre las principales definiciones, la viceministra de Salud destacó: “En primer lugar el Ministerio de Salud no dispuso la interrupción del funcionamiento del Hospital de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte”.

“Llegamos a esta decisión por varias cuestiones. La primera, un informe de la SIGEN que detectó dos situaciones críticas: uno tiene que ver con el incumplimiento de la Ley de Salud Mental y el otro con el incumplimiento de la Ley de Protección de los Derechos de los Pacientes”.

Sobre estos dos puntos, la viceministra aclaró: “El primero está relacionado con el hallazgo de pacientes con tratamientos médicos prescritos sin intervención médica. Por lo menos sin intervención médica documentada. No se encuentra el profesional que prescribió el tratamiento”.

La segunda situación revelada por el informe de la SIGEN, publicado en abril de 2024 y realizado en 2023, fue la violación a los derechos del paciente. Sobre ese punto, la funcionaria explicó que: “No se custodiaban los datos de los pacientes. Las historias clínicas presentaban muchas deficiencias. Estaba relacionada con la falta de antecedentes de los pacientes y de los profesionales que tomaban las decisiones sobre esos pacientes. Faltaban firmas de los médicos o directamente no estaba el nombre del profesional”.

Para Loccisano, en las dos observaciones de la SIGEN, estaba cuestionada también “la calidad de atención de los pacientes”. Bajo la mira están otros hospitales cuyo funcionamiento habría sido cuestionado por auditorías anteriores. Desde la cartera de Salud también se aseguró que se detectó “una alta ineficiencia en la utilización de los recursos públicos”. Sobre estos puntos, la viceministra puntualizó:

- Sobre 60 camas de internación, el promedio de uso de camas es inferior a 20.

- “Hay una demanda de consultas externas diarias de 200 y el hospital tiene una planta de profesionales de 300 para la atención de esa demanda médica. Esta desproporción en términos de los recursos hace que estemos hablando de una consulta por consultorio externo que estaríamos pagando entre los $100.000 y $120.000. Esto está muy por arriba de cualquier consulta de un lugar privado. No estoy hablando de consultas por especialidad en salud mental porque en consultorios externos también se atienden otras especialidades. Este valor es el doble o triple a lo que se abona en una clínica privada en la Ciudad de Buenos Aires.

- “Esto demuestra que estamos administrando mal y poniendo los recursos públicos dónde no debemos y estamos privando a otros del acceso a los servicios públicos que es lo que nosotros queremos privilegiar en nuestro plan de trabajo”.

La funcionaria de Lugones también explicó que: “Desde el Ministerio de Salud definimos que, así como está, el funcionamiento del hospital es inviable y necesitamos trabajar para cambiar eso. Esperemos que se levanten las medidas (de fuerza) y que realmente pueda haber una tranquilidad que nos permita desarrollar el trabajo. En una situación de conflictividad no podemos trabajar en equipo y diseñar la reestructuración. Entendemos que lo que se está vulnerando es la atención de los pacientes”.

-¿Cuántos profesionales y no profesionales trabajan en el hospital Laura Bonaparte?, le preguntó Infobae a la viceministra.

-Profesionales son más de trescientos y los no profesionales rondan en algo más de doscientos.

-¿Y qué se piensa hacer con ellos?

-Esto va a depender del plan. No tenemos una mirada del recurso de profesionales y no profesionales independiente de lo que pase con el hospital. Nosotros queremos reestructurar el hospital, reordenarlo, reorganizar los servicios, hacer que funcionen. Hacerlo eficiente y seguro y que los pacientes sean atendidos con calidad. En ese camino se definirá como un aspecto más el personal que siga o realice la tarea.

Cecilia Loccisano también informó que las autoridades de salud de la nación “están en contacto” con sus pares de la Ciudad para, en caso de ser necesario, derivar pacientes a los tres hospitales de esa jurisdicción especializados en salud mental que están muy cerca: el Moyano, Borda y Tobar García.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional dijo que las medidas de fuerza en el nosocomio “van a continuar hasta tener una respuesta oficial sobre el no cierre del Bonaparte” y opinó que: “La sociedad tiene plena conciencia acerca de la importancia vital que el Hospital Bonaparte siga funcionando y además que detrás de este ataque del Gobierno lo que está en juego es la Salud Pública”.

Para el Ministerio de Salud, la decisión de la reestructuración del hospital responde al objetivo de “priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan”. Consultada sobre ese tema, la viceministra fue enfática: “El criterio para hacerlo dependerá de la evaluación que realizarán los equipos técnicos, por ahora demorada por las medidas de fuerza de los trabajadores. Estamos yendo a fondo en este hospital y donde encontremos una deficiente asignación de los recursos”. Y recordó que el presupuesto del hospital es de 16.600 millones de pesos. Que el presupuesto 2025 contempla “un aumento” del mismo y que en diciembre de 2023 era de 6.600 millones de pesos. “Esto demuestra que la intención del Ministerio de Salud no es cerrar el Hospital Laura Bonaparte, el hospital tiene asegurado su presupuesto”, concluyó la viceministra, quien antes agregó que: “Está garantizada la continuidad de los tratamientos de los pacientes internados”.