Conflicto por la basura: Hugo Moyano cedió en su reclamo de indemnizaciones y cerró un acuerdo con Jorge Macri

Aun en medio del ajuste, los problemas económicos y las tensiones sociales, el clima de tregua entre funcionarios y sindicalistas parece contagioso. Primero, el gobierno de Javier Milei y la CGT alcanzaron un acuerdo el lunes pasado que aleja la posibilidad del tercer paro general y que incluso podría llevar a postergar la huelga de 24 horas promovida por los sindicatos del transporte para el 17 de octubre.

Y en las últimas horas se agregó otro gesto de similares connotaciones: el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Hugo Moyano en el duro conflicto que se perfilaba en la Ciudad de Buenos Aires por el reclamo del Sindicato de Camioneros de indemnizaciones para los 6.000 trabajadores de recolección de residuos, que implicaban el pago de 200 millones de dólares.

A la CGT no le fue nada mal en su reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el asesor presidencial Santiago Caputo: logró que la Casa Rosada acepte sus sugerencias para reglamentar el artículo de la reforma laboral que penaliza los bloqueos contra las empresas y, además, que el oficialismo le quite el apoyo al proyecto de Democracia Sindical de la UCR y el PRO, entre otras fuerzas, que le pone límites y establece fuertes controles al gremialismo.

Pero también consiguió que el Gobierno promueva una comisión para analizar el tema salarial de los gremios del transporte y que se comprometa a resolver los problemas de las obras sociales. En este último punto, ya hay resultados concretos: la decisión del ministro de Salud, Mario Lugones, de obligar a las prepagas a abandonar la triangulación de fondos con las obras sociales es un pedido de la CGT que lo viene reclamando sin éxito desde el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Por eso este martes, cuando delibere el plenario de la Mesa Nacional del Transporte, lo más probable es que se suspenda para más adelante el paro de 24 horas previsto para el 17 de octubre. Entre sus impulsores está Pablo Moyano, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, partidario de concretar la medida de fuerza: “La única forma de resistir es en la calle. Yo no concuerdo con aquellos compañeros que se sientan a charlar con el Gobierno. ¿Qué te vas a sentar a charlar?”, dijo.

El mismo sindicalista fue el que hace casi tres meses advirtió al gobierno de Jorge Macri: “En octubre, cuando se termine el contrato de la recolección, las empresas de la ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar la indemnización”. E incluso amenazó a los funcionarios porteños con “llenar de basura” las calles si no accedían a resarcir al personal del sector con alrededor de 200 millones de dólares.

Sin embargo, aunque comenzó el mes en que debía concretarse el ultimátum de Pablo Moyano, el clima de tregua de la CGT también parece haber llegado al Sindicato de Camioneros: en las últimas horas selló un acuerdo con el gobierno de Jorge Macri que pacificará el conflicto por los contratos de recolección de residuos y, además, el que mantenía por el acarreo en la ciudad.

El Sindicato de Camioneros reclamaba al Gobierno porteño que aplicara una vez más la famosa “Ley Moyano”, una norma no escrita por la cual el sindicato viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambie de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. En este caso, interpretaba que en octubre vencían los contratos de recolección de residuos de CABA y que a los 6.000 trabajadores afiliados a Camioneros les correspondía una indemnización que alcanza un total de 200 millones de dólares, según estimaciones macristas.

Para la administración de Jorge Macri, esa demanda no corresponde porque hace dos años se prorrogaron esos contratos hasta 2028 y la decisión fue no pagar las indemnizaciones. Por eso el escenario preanunciaba una guerra de resultados imprevisibles. Pero, sorpresivamente, la paz se firmó en las últimas horas entre Hugo Moyano y la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, una excelente interlocutora del líder sindical desde que fue ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del larretismo. Faltan ajustar algunos detalles, pero el núcleo del acuerdo ya está cerrado.

“No va a haber indemnizaciones de ningún modo, ni este año ni tampoco el año próximo porque entendemos que en 2028 es cuando finaliza el contrato y que, en todo caso, en ese momento lo evaluará la gestión que esté”, reveló a Infobae una alta fuente del gobierno porteño.

A cambio de no insistir en su reclamo, de todas formas, se negociaría con el Sindicato de Camioneros una compensación para los empleados que estén muy próximos a jubilarse y también a quienes arrastran algún problema de salud desde la pandemia y no pudieron seguir cumpliendo sus tareas; en este último caso, se analiza efectivizar a los trabajadores eventuales que los reemplazaron.

En el combo que se negoció personalmente con Hugo Moyano, se incluyó la firma de un acta que le pondrá un cierre al conflicto por la anulación de la preadjudicación del sistema de acarreo que decidió Jorge Macri en julio pasado y que desató una batalla con el sindicato, el domingo 21 de julio, Camioneros paralizó la recolección de residuos como respuesta a la decisión que había afectado al sistema de grúas en la ciudad y en donde, se sospecha, el moyanismo tenía empresas “amigas”.

Los Moyano temían que el servicio de grúas se estatizara o que los 330 trabajadores dejaran de estar en la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño, donde se mantienen desde que Rodríguez Larreta estatizó el acarreo y desplazó de la concesión a las empresas Dakota y BRD.

Por eso ahora se pondrá por escrito que esos empleados mantendrán su status laboral, en relación de dependencia y con el mismo convenio de Camioneros, y se discuten otros beneficios, como pedidos de uniformes y el compromiso de que no les quitarán tareas si se incorporan grúas nuevas, además de contemplar los puntos que pide el gremio cuando se llame a una nueva licitación.

Aun hay algunos puntos que se están terminando de definir entre los abogados de ambas partes, pero, a menos que haya alguna cláusula beneficiosa para Camioneros que aún no haya trascendido, el cierre pacífico de este conflicto con Moyano será un claro triunfo político para Jorge Macri.

La “Ley Moyano” fue acuñada por Mauricio Macri en 2012 cuando necesitaba del aval de Camioneros para su proyecto presidencial y fue respetada luego por Rodríguez Larreta, quien en 2022 accedió a pagarles indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos a cada uno de los 330 trabajadores del acarreo de las empresas Dakota y BRD. Pero la “norma” moyanista tan temida y respetada hasta ahora también se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes, en filiales de empresas internacionales como DHL y FedEx, y en el supermercado Walmart (hoy, ChangoMás).

El acuerdo entre la administración porteña y Camioneros, al mismo tiempo, grafica un momento de evidente debilidad del imperio de Moyano, que hasta ahora lograba imponer sus condiciones a empresas y gobiernos de cualquier signo político, siempre bajo la amenaza de paros y bloqueos.

Hoy, el líder de Camioneros suma problemas de todo tipo, como, por ejemplo, una relación tirante con su hijo Pablo; la aguda crisis de la obra social del gremio, con un déficit que crece y prestaciones médicas cortadas; el golpe a sus arcas por la eliminación del llamado “registro Moyano” para choferes de camiones, con una revisación obligatoria de salud e idoneidad que debía realizarse en las clínicas del sindicato.

Además, paritarias que ya no logran los aumentos más altos; dos sindicalistas de la estructura moyanista que siguen presos por extorsionar y bloquear a una empresa en San Pedro; una inédita rebeldía interna con dirigentes de Camioneros de 6 provincias que buscan armar una federación paralela, además del desafío planteado desde escalones superiores de su actividad, como lo evidencia la flamante inscripción de la Asociación del Personal Superior Jerárquico y de Control de Empresas de Levantamiento y Recolección de Residuos (APJERR), liderado por Jorge Silva.

El traspié más reciente fue el fallo judicial que rechazó su pretensión de representar a los trabajadores de Mercado Libre, que seguirán encuadrados en la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (UTCYDRA), que encabezan Daniel y Gustavo Vila. La sentencia de la jueza del Trabajo María Alejandra D’Agnillo deja en evidencia el mal momento de los Moyano: afirma que su reclamo “carece de legitimidad activa” porque deberían hacerlo los trabajadores e incluso menciona que los sueldos del personal de la empresa de Marcos Galperin son superiores a los de Camioneros.

Si a esos ingredientes con aroma a ocaso se suma el acuerdo en la ciudad de Buenos Aires sin que el gobierno porteño haya acatado la “Ley Moyano”, la postal muestra una “patria camionera” agrietada, demasiado lejana a la de esos años de esplendor en los que su poder parecía no tener límites.