A tres meses de su creación, se reactiva el Consejo de Mayo: los nombres confirmados y los que podrían estar

Si bien el propio Gobierno estableció un plazo de 60 días para su conformación, a casi tres meses de su creación, todavía no están nombrados todos los integrantes del Consejo de Mayo, aunque algunos de los sectores involucrados ya anunciaron quién será su representante, o lo están terminando de definir.

Hasta el momento, lo que ya está confirmado oficialmente es que el organismo, encargado de traducir en proyectos de ley los puntos del pacto homónimo que se firmó el 9 de julio pasado en Tucumán, estará presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Asimismo, el Poder Ejecutivo ya comunicó a través de un Decreto que el enviado por el Poder Ejecutivo será el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que ya se encuentra a cargo de varias de las iniciativas de modernización planteadas por la actual gestión.

En cuanto al referente del sindicalismo que formará parte de esta mesa, si bien todavía no está decidido completamente quién será, fue uno de los temas de conversación durante la última reunión que Francos tuvo en la Casa Rosada con la cúpula de la CGT.

En aquella oportunidad, según revelaron fuentes al tanto del encuentro, el funcionario les preguntó a los líderes gremiales quién podría ser el elegido y de allí salió un candidato: Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera.

Se trata de un dirigente cegetista “independiente” que el año pasado se reunió en diferentes oportunidades y de manera privada con el entonces candidato presidencial Javier Milei, pero que también fue muy crítico de la gestión libertaria en algunas ocasiones.

“El Gobierno no interviene en la resolución de conflictos, no promueve políticas de empleo, se despreocupa de la formación profesional, pretende limitar la negociación colectiva y se ausenta de sus obligaciones de combatir el trabajo no registrado con el debilitamiento de la inspección laboral”, sostuvo Martínez en junio, durante un evento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, también fue uno de los sindicalistas que asistieron a la reunión con Francos del lunes pasado, en la que se acordó avanzar con una mesa tripartita, en la que también estarán los empresarios, para analizar conjuntamente la redacción del artículo de la reforma laboral que hace referencia a los bloqueos.

En cuanto al sector privado, de hecho, fuentes oficiales indicaron que “ya hay un nombre circulando” para que sea el representante ante el Consejo de Mayo y detallaron que sería uno de los integrantes del denominado “Grupo de los Seis”.

Ese selecto conjunto está compuesto por las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss; de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Natalio Mario Grinman, y de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

En cuanto al Congreso, las negociaciones se enfriaron bastante y legisladores del oficialismo y de la oposición reconocieron, tanto en el Senado como en Diputados, que “no es un tema del cual se esté hablando”.

Para la Cámara baja, en un primer momento se especuló con la posibilidad de que el elegido sea Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO y que semanalmente visita la Casa Rosada para reunirse con Francos, pero esta posibilidad se diluyó. “No es algo que nos quite el sueño”, explicaron desde su entorno.

Si bien será el Poder Ejecutivo el que terminará anunciando a los representantes de cada área, en el caso de los legisladores, el enviado “tiene que salir de un acuerdo político entre los diferentes bloques”, según anticiparon personas cercanas a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Por último, resta saber quién ocupará la silla de los gobernadores, aunque ya no podrán ser ni los de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ni los de Formosa, Gildo Insfrán; La Rioja, Ricardo Quintela; La Pampa, Sergio Ziliotto, ni Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ya que no firmaron el pacto.

Por lo tanto, las opciones son los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Leandro Zdero; Chubut, Ignacio Torres; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; Córdoba, Martín Llaryora; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Jujuy, Carlos Sadir; Mendoza, Alfredo Cornejo; Misiones, Hugo Passalacqua; Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Marcelo Orrego; San Luis, Claudio Poggi; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Santa Cruz, Claudio Vidal (que adhirió unas semanas después del 9 de julio).

Según adelantaron a Infobae distintas fuentes, el Gobierno querría que fuera Cornejo el enviado, aunque, al igual que como ocurre con el Congreso, las negociaciones estaban frías y no había definiciones claras hasta el momento.

El texto en cuestión, al que suscribieron el presidente Javier Milei y todos esos gobernadores, establece el compromiso de acordar políticas de Estado que respeten la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

También plantea la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias; el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

El mismo Pacto señala que, para transformar esas iniciativas en proyectos de ley, se iba a crear un Consejo de Mayo, el cual tendría un titular y un representante por cada uno de los actores involucrados en el proceso, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, el Senado, las provincias, las entidades gremiales y el sector empresarial.