El presidente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario horas después de la marcha en defensa del presupuesto para la educación pública. El Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, establece los principales motivos de la decisión de la Casa Rosada al señalar, entre otras cosas, que el proyecto “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional”.
Entre los considerandos del decreto también se advirtió que la eventual “aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos)”.
En el documento se indica que “el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado”. Por esta razón, su implementación “demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”.
El escrito también postuló que la administración de los recursos públicos “debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración”. Y se advirtió que el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Otro de los fundamentos expresados en el Boletín Oficial fue que “la medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional”. En este sentido, se remarca que los incrementos salariales deben resolverse a través de la negociación colectiva.
El presidente Milei y los funcionarios Guillermo Francos, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona firmaron el decreto en el que se cita el reglamento de la Cámara de Senadores, que establece, siempre de acuerdo al Boletín, que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo”.
“En atención a la falta de claridad de las disposiciones sancionadas, se podría llegar a interpretar erróneamente que el impacto total del proyecto consistiría en un total de PESOS UN BILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA ($1.516.944.675.060)”, esgrimieron en segundo término.
A su vez, se subrayó que dar cumplimiento “a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”. En esa línea, el decreto reflejó que “la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”.
Por otro lado, el veto subraya que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental”. En este sentido, el Gobierno asegura que el financiamiento de las universidades debe discutirse en el marco del presupuesto general, en lugar de mediante leyes específicas como la propuesta vetada.
El decreto también hizo referencia al impacto que la ley tendría en los salarios, al afirmar que “la recomposición y actualización salarial del personal docente y no docente implicaría la utilización del CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49%) de la totalidad del presupuesto restante con el que cuenta la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO”.
Por último, el decreto concluye que “la promulgación del proyecto de ley por parte implicaría desconocer la plena voluntad negocial de los actores colectivos”. En esta línea, se reafirma que el financiamiento debe ser discutido en el momento de la sanción del Presupuesto Nacional correspondiente.
Cabe recordar que el veto había sido anticipado a través de un comunicado de la Oficina del Presidente en la red social X. En este sentido, precisaron: “El Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal”.
Las negociaciones entre el Gobierno y las universidades
A pesar de esta decisión, las negociaciones entre el Gobierno y las autoridades universitarias continúan por distintos canales, según consignó Infobae. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, mantiene diálogo con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, mientras que el asesor presidencial, Santiago Caputo, se comunica con el vicerrector Emiliano Yacobitti. Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, coordina con los cinco sindicatos del sector.
Las conversaciones privadas entre ambos lados han sido admitidas por las partes, aunque las tensiones persisten. En la UBA, insisten en que las negociaciones presupuestarias deben discutirse de manera estable y no mes a mes, como sucedería si se confirma el veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario.
En el entorno del Gobierno se desliza que podría haber una nueva convocatoria para discutir un acuerdo salarial, pero siempre dentro de los márgenes del presupuesto aprobado. Además, se dejó abierta la posibilidad de discutir en el Congreso una ampliación de las erogaciones, siempre y cuando se respete el déficit fiscal.
En la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei reafirma su compromiso con la administración responsable de los recursos públicos. Mientras tanto, tal como contó Infobae, la oposición planea solicitar una sesión especial el 9 de octubre para debatir la ley de presupuestos universitarios. Inicialmente, la sesión estaba prevista para la semana del 16, pero se adelantó tras la confirmación del veto por parte de Javier Milei, lo que aceleró las negociaciones.
Hay una división entre quienes buscan respaldar el veto y quienes insistirán en la aprobación del presupuesto universitario. Los números de ambas posiciones son ajustados, y la oposición ha recibido respaldo de diversas figuras políticas y sindicales.
Una diferencia respecto a debates anteriores es la fragmentación del grupo conocido como los “87 héroes”, que anteriormente apoyaban los vetos presidenciales. Algunos miembros del PRO y de la UCR han expresado dudas o directamente se ausentarán del debate para no verse asociados al Gobierno en esta cuestión.