Universidad pública y Boleta Única de Papel: la política se fragmenta y hasta mezcla los polos de la grieta

Dos hechos de fuerte impacto que se suceden en pocas horas exponen la confusión que provoca en la superficie el juego político o, peor, el predominio del cálculo según la coyuntura. El Congreso acaba de dar un paso realmente de fondo al sancionar la ley de Boleta Única de Papel. Y este miércoles, se producirá la segunda marcha en defensa de la Universidad pública, una señal fuerte hacia el Gobierno que trasciende incluso a sus convocantes. Los cruces exhiben a los dos actores que apuestan a la versión actual de la grieta: el oficialismo, que busca capitalizar el cambio en el sistema electoral y alimenta el conflicto con las universidades, y el kirchnerismo, que rechaza la mejora electoral y quiere explotar la defensa de la enseñanza pública.

La implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional -que se estrenaría el año que viene- no representa una respuesta excluyente a los problemas del sistema electoral y muchos menos a los déficits del funcionamiento democrático. Pero es sin duda un avance, un dato oxigenante. Difícil de rechazar desde el progresismo, que es el cartel que se adjudica el kirchnerismo. Pero así fue con el freno y las trabas de antes -cuando CFK comandaba el Senado- y lo es con la votación de ahora, primero en la Cámara alta y este martes, otra vez en Diputados.

El oficialismo celebra la sanción de la ley. Queda abierta la inquietud sobre el modo y prolijidad en su reglamentación. El Gobierno lo difunde como una victoria legislativa, que lo tiene como protagonista aún con dos salvedades: el proyecto inicio su recorrido con impulso de otros espacios políticos y esos espacios, a la vez, son determinantes para la suerte de cualquier movida oficialista en el Congreso. No es un mecanismo que cuide Olivos: lo va a exponer la tensión que se avecina frente al anunciado -y aún no concretado- veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Ese rechazo presidencial y el conflicto presupuestario de arrastre con las universidades públicas motorizan la nueva marcha universitaria. La primera, multitudinaria, fue en abril, expresión de que se trata de un tema sensible para buena parte de la sociedad. En este caso, el oficialismo carga contra espacios que fueron clave para la sanción de la BUP y, en cambio, el peronismo/kirchnerismo pasa de su posición conservadora en materia electoral al discurso progresista en la protesta universitaria.

En una posición incómoda quedan espacios que alternativamente deben lidiar con el juego del oficialismo o las movidas con marca de CFK. El proceso de fragmentación política produce combinaciones de todo tipo, que exponen además oportunismo y añaden fisuras internas. Ocurrió con la aprobación de la movilidad jubilatoria. O con el rechazo al DNU de los fondos para la SIDE. También, en sentido inverso, con la defensa del veto a ley de jubilaciones.

A veces con crujidos domésticos y de diferente modo, los más afectados son el PRO -socio del oficialismo, pero con tensiones por el tipo de perfil propio- y la UCR, que arrastra además una crisis de conducción más allá de cualquier formalidad. No quedan afuera otros espacios, como la CC, Encuentro Federal y bloques provinciales. El caso del proyecto de nueva ley sindical, que no logra avanzar en comisión de Diputados, es expresivo: buena parte de ese conglomerado, con algunos desajustes propios en este rubro, quedó desacomodado por el acuerdo “táctico” para frenar la iniciativa entre el oficialismo y los jefes de la CGT, acompañado en la práctica por el kirchnerismo.

La sanción de la BUP expuso otra convergencia, de hecho, también significativa. El tablero de Diputados anotó 143 votos a favor (LLA, PRO, UCR, CC, provinciales, entre otros), 87 en contra (básicamente, UxP) y 5 abstenciones (la izquierda). La ley pone fin a la tonelada de boletas en el cuarto oscuro, a maniobras fraudulentas y hasta a negocios con la impresión de millones de papeletas. Es posible que mejore la fiscalización. No es la solución a todos los problemas, pero resulta un avance, aún con el desafío de que representa convivir con el sistema anterior en el caso de la disputa por cargos provinciales.

Al revés, asoma poco serio el cuestionamiento a la boleta única como causante de fragmentación política, ya existente. En todo caso, y más allá de otras consideraciones, ese estado de cosas de la política es el que permitió el ascenso de Milei y el juego cambiante de acuerdos, por encima o a contramano del discurso K o la narrativa oficialista.

Las pinceladas oportunistas también son notables en la tela que expone el conflicto con las universidades públicas. Está claro, para cualquiera que haya pasado por esas aulas, que el deterioro -no sólo presupuestario- es un proceso de arrastre, con responsabilidades que no excluyen a algunos promotores de la protesta. Del mismo modo, está a la vista la legitimidad de la demanda y la actitud entre provocadora e irresponsable del Gobierno, alimentada por prejuicios básicos.

No se trata sólo de cuestiones personales. Pasaron más de cinco meses desde la primera marcha. Fracasaron las tratativas, que del lado oficial siguen llevado adelante Carlos Torrendell y Alejandro Alvarez, este último el más apuntado por los momentos de mayor tensión. Es llamativo, pero no está claro hasta qué punto jugaron otros canales, menos formales, pero frecuentados desde las cercanías de Olivos.

El Gobierno, esta vez, salió a dar una batalla pública más fuerte, que al mismo tiempo expone mayor preocupación que en abril o mejor lectura de la realidad frente a una cuestión que, se ha dicho, toca una cuerda sensible para franjas importantes de la sociedad. Y eso mismo se vincula con un desafío práctico en cuanto al posible veto a la ley de financiamiento universitario.

El oficialismo planteó, de hecho, como blindaje mínimo, un armado que en Diputados le permita sostener ese tipo de decisión presidencial, como ocurrió con la movilidad jubilatoria. No resultó fácil entonces para el Gobierno. Y asoma complejo ahora para el cálculo oficialista. La fragmentación y la fluidez políticas impactan de lleno en el tablero legislativo, no siempre en el mismo sentido.