El oficialismo intenta apaciguar el impacto de la marcha universitaria, que anticipan que será multitudinaria

El 23 de abril pasado, miles y miles de personas se volcaron a las calles de la Ciudad de Buenos Aires y también de otras localidades importantes en el resto de las provincias, para rechazar los recortes al presupuesto de las universidades. Ese escenario está por repetirse y en el gobierno nacional subsiste la preocupación por la marcha prevista para el miércoles próximo por la tarde que preparan los sectores ligados a las universidades; esta vez para expresar su rechazo al anunciado veto total a la ley que sancionó el Congreso con la intención de reforzar el financiamiento.

En las filas libertarias se hicieron esfuerzos, sobre todo en las comunicaciones oficiales, para desactivar el efecto que tendrá la movilización, desde que se conoció la convocatoria que impulsan desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que incluye a los rectores de las universidades públicas; el Frente Sindical de Universidades Nacionales, personal docente y no docente de las altas casas de estudio, y la Federación Universitaria Argentina, que integran alumnos. El reclamo será multitudinario porque a ellos se sumarán sectores políticos y sindicales de la oposición.

En ese contexto se enmarca también el acto que Javier Milei diagramó el sábado, cuando se lanzó a La Libertad Avanza como partido nacional: sirvió para mostrar una señal de fortaleza hacia las propias filas, encolumnadas detrás de la decisión del Presidente de que “no hay plata” para darles a los universitarios el aumento que solicitan.

En las últimas horas, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se sumó a esa ofensiva para debilitar la protesta. “Hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no, el 38 % de los alumnos, y los fondos se dan a partir del número total de estudiantes”, expresó como modo de contrarrestar los pedidos de recomposición salarial.

“Inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años, porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso. Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando en las universidades, sobre todo cuando hay facultades que empiezan a perder alumnos”, amplió. Y lamentó que se haya rechazado la oferta del Ejecutivo de un 5,8% de incremento para octubre. Los distintos sectores universitarios consideran que desde la asunción de Milei sus ingresos cayeron un 70 por ciento.

“Hay partidos de las universidades. Hay actores de la política universitaria, están las reformistas, las radicales, las peronistas. Esta dinámica, que está vinculada con distintos actores, genera las dificultades que hay hoy”, había dicho anteriormente el funcionario para descalificar las quejas.

Ahora, como intento de poner paños fríos, en el entorno del secretario deslizan que si bien la relación se mantiene tensa, “lentamente se tratará de volcar recursos hacia las universidades, que son muy importantes para nosotros”.

Como ejemplificó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi en una entrevista reciente con Infobae: “Logramos que a partir de mayo nos dieran fondos para el funcionamiento, que se están otorgando, aunque no como quisiéramos. Tenemos ese dinero hasta diciembre. En aquel momento se habló de que empezábamos por los gastos de funcionamiento y que luego, en un tiempo prudencial, se iba a tocar el tema de los salarios. Nos quedamos con esa idea, quizás fuimos ingenuos por haber confiado. Así llegamos hasta septiembre, sin que se haya resuelto la cuestión de los salarios”.

En ese contexto denuncian que siguen faltando más fondos para comprar reactivos, para realizar publicaciones en medios científicos que le dan prestigio a cada facultad y notan que muchos docentes están renunciando a sus cargos porque sus ingresos son cada vez más limitados.

La ley aprobada en el Congreso planteaba el objetivo de actualizar las partidas según el índice de inflación del INDEC, con una erogación del 0,14% del PBI. Sin embargo, Milei ya manifestó su intención de vetarla en forma total, aunque se tomará el plazo legal de 10 días -el Congreso la envió el 19 de septiembre a la Casa Rosada- para hacerlo. Seguramente se conocerá en la madrugada de este viernes en el Boletín Oficial porque no quieren que se superponga con la marcha y que sea leído como una provocación más que tense aún más la situación.

El proyecto de Financiamiento Universitario que ahora vetará el Presidente establece actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.