Conflicto universitario: negociaciones a contrarreloj ante una marcha que el Gobierno no puede desactivar

En medio de un bajón sostenido de la imagen presidencial reflejado en la mayoría de los estudios de opinión pública, y de la publicación del alarmante índice de pobreza del primer semestre, el primero de la era libertaria que trepó al 52,9% -la cifra más alta en dos décadas-, el gobierno tendrá la semana próxima una nueva prueba de fuego con la marcha convocada por la comunidad universitaria en contra del veto a la ley de financiamiento de ese sector, una movilización que, más allá de los gestos y las negociaciones a contrarreloj, en la Casa Rosada consideraron por estas horas de imposible desactivación.

“Es ‘indesactivable’”, planteó un funcionario del rubro que trabajaba en estas horas para tratar de bajar la conflictividad en una disputa que, en abril pasado, y producto de la decisión del Ejecutivo de recortar entonces el presupuesto a las universidades, derivó en una muy masiva movilización a la Plaza de Mayo, y que le propinó a Javier Milei su primera -¿y única?- derrota frente a la opinión pública.

En ese entonces, la popularidad del presidente era mucho mayor a la de ahora, la gestión acumulaba una aceptación más alta y el gobierno podía excusarse incluso en la inexperiencia de sus primeros meses al frente de la administración pública, más allá del sesgo ideológico de la plana mayor del Ejecutivo en torno al rol del Estado. El próximo miércoles, La Casa Rosada enfrentará la segunda manifestación universitaria con un desgaste lógico tras 10 meses de gestión y un severo ajuste presupuestario en todos los rubros pero en un tema caro al sentimiento de buena parte de la sociedad.

En ese contexto, Milei empieza además a perder atractivo en la escena pública, más allá de que todavía concentra el predominio del tablero político. Según el último informe de la consultora Ad hoc, el presidente tuvo el pico mínimo de menciones en el ecosistema digital -6.4 millones- desde que asumió la Presidencia. En febrero pasado, había tenido el doble de menciones.

El gobierno exploró en las últimas horas alternativas para intentar contrarrestar la convocatoria del miércoles próximo. Ayer, los funcionarios de Educación les comunicaron a los gremios y rectores universitarios, en una reunión convocada de urgencia, que aumentarían en octubre un 6,8% los salarios docentes y no docentes y dejarían abierta la paritaria para empatar de esa manera con los sueldos de los empleados públicos nucleados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que son el 17% de la masa de trabajadores del Estado y que acumularon, en agosto, un incremento del 85,1%.

El ofrecimiento, de todos modos, no alcanzó. Fue considerado insuficiente por los gremios docentes, justo en la segunda jornada del paro convocado en la previa de la movilización de la semana próxima. Lo rechazaron. Según confiaron, la reunión estuvo atravesada por un clima muy crispado que logró el efecto contrario: confirmar la movilización del 2 de octubre próximo.

Ese aumento fue decidido en la cumbre que Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, funcionarios de Economía y de Educación mantuvieron en la sede de gobierno el martes, a última hora, donde se terminaron de pulir, además, las argumentaciones del veto inminente. En ese encuentro también estuvieron Carlos Torrendell y Alejandro “El Galleguito” Álvarez, el encargado de la política universitaria que está completamente alineado, en términos prácticos e ideológicos, con la conducción libertaria. Tiene diálogo fluido con el asesor Santiago Caputo y con la ministra de Capital Humano, ambos enfrentados.

La interna entre el asesor presidencial y Pettovello sigue tan caliente el primer día. El consultor le achaca a la funcionaria deficiencias en la gestión, y dejar que el conflicto escale, una acusación que, puertas adentro del ministerio, rechazan.

En paralelo, la Casa Rosada dejó trascender que llevaría al filo del plazo legal la publicación del veto total a la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso, el motivo central de la convocatoria de la semana próxima frente al Parlamento. Es decir, horas después de la marcha. Un gesto de distensión del Ejecutivo bien recibido por los rectores y los gremios universitarios, insuficiente, sin embargo, para desactivar la manifestación.

El momento para publicar el veto en el Boletín Oficial fue motivo de discusión interna. Hasta ayer aún no había precisiones. Incluso hubo voces que plantearon dar un giro en la discusión pública y sorprender con una marcha atrás, algo que, a todas luces, Milei no está dispuesto a aceptar.

Lo cierto es que, puertas adentro, la manifestación del miércoles próximo inquieta y mucho. Más aún porque hay un temor instalado de que, una vez que se publique el veto, y tras la movilización, el Congreso pueda rechazar la medida del Ejecutivo. “La ley jubilatoria jaqueaba el programa económico, esto se sabe que no”, reconoció un funcionario. Esa verdad, incómoda para el presidente y su entorno, puede desembocar en un escenario adverso para el Ejecutivo, distinto a la votación en la que los “87 héroes” en la Cámara baja ayudaron al gobierno a descartar la nueva ley de actualización de las jubilaciones. “Eso sí sería una gran derrota política”, admitió el mismo funcionario.

Entre los organizadores del 2 de octubre saben que no es fácil que la convocatoria tenga la masividad y espontaneidad de la marcha del 23 de abril pasado, pero también son conscientes de la autenticidad del reclamo, del impacto que arrastra en buena parte de la sociedad y de las señales inequívocas del deterioro presupuestario.

En el Clínicas, por ejemplo, uno de los hospitales universitarios, de los 20 quirófanos solo 5 o 6 están operativos por falta de plata. Así lo planteó Marcelo Melo, su director desde el 2017, especializado en traumatología, que explicó que de las siete categorías de la planta del personal médico, las últimas tres varían en términos salariales entre 500 mil y 800 mil. Eso es lo que cobra en promedio, resaltó Melo, el 80% de los médicos del Clínicas.

Ricardo Gelpi, rector de la UBA, agregó en estas horas que empezaron a faltar reactivos por falta de recursos y que muchos profesores empezaron a dejar la universidad para pasarle al privado.

Ayer, la mesa organizadora de la marcha del 2 de octubre, conformada por miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios de la rama universitaria, volvió a reunirse por segunda vez en 24 horas para ultimar detalles de la convocatoria.

Buscan que sea lo menos politizada posible, para no dejarle al gobierno ningún resquicio que le de a Milei argumentos para victimizarse. Por ejemplo, el camión-escenario será provisto por los organizadores y no por la CGT, como en la anterior manifestación.

La central obrera está atravesada por sus propios intereses, y la Casa Rosada busca sacarle provecho. El próximo lunes, tal como anticipó este medio, el jefe de Gabinete recibirá a la cúpula sindical como otro gesto de distención que se suma a la decisión del bloque de La Libertad Avanza en Diputados que definió que no acompañará el dictamen de modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales que limita el mandato de los jefes gremiales y que, al principio, había impulsado el oficialismo junto al PRO y algunos aliados.

La reunión fue organizada desde la oficina de Santiago Caputo. En el entorno presidencial mantienen, desde hace meses, un vínculo fluido con algunos de los principales popes sindicales. Entre ellos, Héctor Daer y Gerardo Martínez, con los que el asesor estrella de Milei se reunió hace más de un mes en la sede porteña de la UOCRA. El consultor de cabecera del presidente se transformó, en estos meses, en el principal interlocutor de la cúpula de la CGT, y con buena parte del sistema político. Mantiene, por ejemplo, una relación abierta con Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA.

La convocatoria del Ejecutivo servirá, además, para institucionalizar la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases que fue negociada entre la central sindical y la Casa Rosada, a pesar de que, por ejemplo, Sturzenegger quería ser mucho más audaz de lo que finalmente se publicó. En esas tratativas, se impuso la posición de Caputo. La cumbre del lunes formalizará, en ese sentido, el puntapié inicial de la segunda etapa en la relación entre el Ejecutivo y la CGT.

Ayer, de hecho, se bromeaba en Casa Rosada con la posibilidad de pedirles a los jefes sindicales que acudan en masa a la marcha universitaria, para tener un hilo discursivo del cual aferrarse: “Tampoco les podemos pedir tanto”.

Es que en la cúpula de la CGT hay diferencias, y hasta anoche solo se contaba con el sector más radicalizado, encabezado por Pablo Moyano, en la convocatoria del miércoles próximo. El camionero es uno de los integrantes de la nueva mesa de los gremios del transporte que se creó hace más de una semana para hacerle frente al avance del gobierno sobre Aerolíneas Argentinas y que prevé realizar un paro del sector el próximo 17 de octubre. En el sindicalismo conviven dos realidades: los gremios combativos y los más proclives a acordar con la Casa Rosada.